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Fiscales renunciaron al gremio en rechazo a medida sindical de no atender a víctimas
Unos diez fiscales se desafiliaron de su gremio, a raíz de la medida adoptada por una asamblea de no atender al público durante un mes “salvo excepciones”, así como de no asistir a “audiencias de presumarios y sumarios del código viejo”, según reconoció el secretario general de la asociación, William Rosa. Los renunciantes alegaron que no estaban dispuestos a dejar de recibir a aquellas víctimas que busquen informarse acerca del avance de las investigaciones que llevan adelante, una tarea a la que están obligados desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
Por otra parte, en una reunión tripartita que se realizó el lunes, la Fiscalía General de la Nación indicó que descontaría el salario de aquellos fiscales que se sumen a la medida gremial. El monto de la quita será “proporcional” a la disminución de tareas cumplidas producto del conflicto, aunque por el momento ni la Fiscalía, ni los trabajadores saben a ciencia cierta de cuánto será ese descuento. Los fiscales letrados de Montevideo tienen un salario nominal de $ 227.493, equiparado al de los ministros de los tribunales de apelaciones del Poder Judicial.
La Asociación de Fiscales lleva meses en conflicto a raíz de la sobrecarga laboral que los agremiados denuncian desde que se puso en marcha el nuevo Código del Proceso Penal, en noviembre de 2017. Fue en ese cambio de sistema que los fiscales pasaron a liderar las investigaciones penales, una tarea que antes estaba en manos de los jueces.
En junio, el gremio realizó por primera vez un paro a nivel nacional y una movilización hacia la Torre Ejecutiva, donde pidieron una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, la cual se concretó pocos días después.
El conflicto avanzó sin soluciones para el gremio, lo que llevó a que la Fiscalía derivara el tema ante el Ministerio de Trabajo, dónde se formó una mesa de diálogo tripartita. Este lunes, el sindicato asistió a la primera reunión con el Ministerio de Trabajo, pero no presentó su plataforma de reivindicaciones, y pidió plazo para hacerlo este viernes, en una segunda reunión. La Fiscalía pidió entonces que se levantara las medidas gremiales, por lo menos hasta este viernes, lo que fue rechazado por el sindicato.
A raíz de eso, la Fiscalía adelantó que haría los descuentos, a pesar de que el Ministerio de Trabajo solicitó que las partes no tomaran medidas antes de la reunión del viernes.
Sobrecarga
Rosa dijo a El Observador que la decisión de la Fiscalía de aplicar descuentos a quienes se plieguen a la medida “rompe con el compromiso de no innovar que puso el Ministerio de Trabajo”, y los deja con “menos esperanzas” de llegar a un acuerdo. El gremio busca que el ministerio público reorganice el trabajo de modo que no tengan que realizar las tareas administrativas a las que se ven obligados desde que pasaron a liderar las investigaciones.
El secretario general del gremio dijo que actualmente cuando se produce, por ejemplo, un accidente con lesionados leves, el fiscal no solo debe ordenar que se le realice una pericia forense a la persona herida, sino que también debe llenar un formulario. Asimismo, si se le pide información a un organismo o entidad financiera sobre la situación de una persona indagada, es el fiscal o algunos de los tres o cuatro fiscales adscritos con los que cuenta su equipo, quienes deben redactar el oficio para que luego lo firme el juez.
Rosa explicó que cuando los jueces eran los que instruían en las causas, era su equipo de redactores y actuarios quienes se encargaban de pasar al papel las medidas que los magistrados solicitaban. Sin embargo, los fiscales no cuentan con este tipo de funcionarios.
Lo mismo ocurre con las visitas. Antes los jueces no tenían obligación de recibir a las víctimas de un delito, ni a sus abogados, como sí deben hacerlo ahora los fiscales. Asimismo, Rosa dijo que en el interior no hay quien organice la atención a víctimas, por lo que se ven obligados a atender a todos quienes llegan a las sedes de Fiscalía, interrumpiendo así el trabajo de investigación.
Rosa explicó que la medida adoptada de no recibir público, no incluye la atención a víctimas de delitos graves, sino a aquellos cuyos casos difícilmente tengan una resolución por falta de pruebas o elementos de investigación.
Presupuesto acotado
Para el gremio, los cambios que piden, que pasan por reedistribuir el trabajo de modo que los funcionarios no fiscales se hagan cargo de redactar oficios, no requieren de mayor asignación presupuestal. La Fiscalía no puede contratar más personal porque el 2019 es año electoral, y porque el presupuesto ya está comprometido.
En la pasada ley de Rendición de Cuentas, que se votó en 2018, la Fiscalía había solicitado un incremento presupuestal de $ 400 millones, para adaptarse a las necesidades generadas por el nuevo Código del Proceso Penal, de los cuales le fueron otorgados $ 65 millones.
La Fiscalía además contrató a 40 abogados en todo el país para que apoyen desde el punto de vista técnico a los fiscales, pero estos no realizan las tareas administrativas que los fiscales reclaman no hacer más. Por esa razón, el gremio asegura que sigue existiendo una sobrecarga laboral.
