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Flexibilización de política antitabaco fue sin asesoramiento del MSP y recibe críticas por "favorecer" a tabacaleras
La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de flexibilizar la normativa sobre el empaquetado y etiquetado neutro de cigarrillos y habilitar la venta de las denominadas “cajas blandas” que habían sido prohibidas por el gobierno de Tabaré Vázquez generó rechazo en organizaciones que luchan contra el consumo de tabaco.
El sociólogo Diego Rodríguez del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) dijo a El Observador que el decreto está hecho para ir de a poco “desmantelando” el "empaquetado neutro" y fue realizado “a medida de los reclamos de la industria tabacalera”.
“Si el Estado quiere evitar el contrabando, hay una protocolo para la eliminación del comercio ilícito de la OMS al cual Uruguay suscribió pero aún no implementa”, expresó y mencionó que ahora todo “queda al libre albedrío de lo que quiera cada empresa”. “O sea, unos pueden poner nailon, otros no, unos pueden usar color corcho para el producto, otros no. Eso rompe con una estandarización”, enfatizó el representante del CIET en la comisión asesora del programa de control del tabaco Ministerio de Salud Pública (MSP).
En una línea similar se expresó el abogado Gustavo Sóñora, que dirige la oficina de Control de Tabaco para América de La Unión, quien señaló que es una “medida de retroceso” porque deconstruye el empaquetado neutro. “No se entiende la justificación de la medida” y no tiene “fundamentos de evidencia”. “Podemos suponer que existió presión de la industria tabacalera”, dijo.
Mediante un decreto emitido por el Ministerio de Industria –con el aval del Consejo de Ministros– Lacalle Pou modificó tres artículos de un decreto de 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco llevada adelante por las últimas tres administraciones frenteamplistas.
Los cambios aprobados venían siendo reclamados por la industria tabacalera, bajo el argumento de que la normativa vigente fomentaba el contrabando. Estos argumentos fueron los establecidos por el gobierno en los considerandos que justifican la resolución.
En particular, la habilitación de las cajas blandas venía siendo reclamada por la tabacalera Montepaz, dijeron a El Observador fuentes de la industria. Esta empresa es la que comercializa los cigarrillos Nevada y Coronado, entre otros.
Montepaz financió parte de la campaña electoral de la fórmula del Partido Nacional compuesta por Lacalle Pou y Beatriz Argimón. De acuerdo con datos de la Corte Electoral divulgados en febrero de 2020, la empresa aportó $552.180 (unos US$ 13 mil de acuerdo con la cotización de la época). Fue en la única fórmula en la que invirtió dinero.
Si bien el decreto está rotulado por Industria e incluye el sello del MSP, en la modificación no participaron los técnicos de la comisión interinstitucional asesora para el control del tabaco que lidera Salud Pública, según confirmó El Observador con integrantes del grupo. Algunos técnicos se enteraron de los cambios una vez que fue publicada la nueva normativa.
En el documento, el gobierno señala que el decreto anterior disponía la “indiferenciación de origen en el propio cigarrillo” lo que se entiende que “facilitaría la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”.
A su vez, menciona que al imponer como “única versión” comercializable la “cajilla dura” (de cartón con apertura ‘flip top’) se excluía la “cajilla blanda” que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten “competir más efectivamente” con las que ingresan de contrabando.
Para el Ejecutivo, estas limitaciones –la indiferenciación y la caja dura– afectan a los cigarros que se venden de forma legal frente a la “fuerte competencia” de los cigarros de contrabando. “El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, dice el decreto.
El artículo 7 del nuevo decreto elimina una disposición establecida por Vázquez que señalaba que las cajas de cigarrillos “serán tipo abatible o flip top’”, lo que –en los hechos– prohibía la venta de cajas blandas.
A su vez, habilita a que los fabricantes incorporen “elementos distintivos” en los cigarros o en las cajas para poder determinar la “autenticidad del producto o su trazabilidad”. La normativa anterior prohibía cualquier logo, diseño, leyenda, inscripción o escritura, algo que abarcaba también a los filtros.
Por último, el documento señala que “con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización”, se entiende necesario “mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda” e “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.
