"Repensar en una buena ley de medidas alternativas, con múltiples opciones, recordar y enseñar a la sociedad que la pena de prisión no es la única opción y, muchas veces, ni siquiera es la mejor. Vincular el éxito a los números estadísticos es un grave error".
Fossati respondió en la red social a una nota del diario español El País titulada "Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de Sudamérica". La publicación señala que la población carcelaria "crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, según lo refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario".
"Esta no parece una buena noticia. Habría que hacer un profundo estudio de los delitos por los que están presos, las penas impuestas (seguramente mediante proceso abreviado), si son muy cortas cuál es el beneficio para la sociedad, ya que no se puede hacer un trabajo de resocialización", comienza el hilo.
"La calidad de la respuesta del sistema penal se está dejando de lado", afirmó la fiscal de Flagrancia de 16° turno. Fossati sostuvo que el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, "decía que había una justicia para ricos y otra para pobres, pero diseñó un sistema absolutamente discriminatorio", en referencia al Código del Proceso Penal vigente desde 2017.
"Si los que van presos son los más desgraciados, entonces el sistema no funciona. Si a los poderosos les alcanza con presionar junto a sus 'afines' para no ser siquiera investigados, si basta un show mediático en la puerta de Fiscalía General y repetir falacias en lugar de dar explicaciones, vamos mal. Si se demoniza a alguien que asumió su responsabilidad para atacar a otros por elevación, no se respetan los principios del Derecho Penal. Si no avanzan las investigaciones que se siguen a "los poderosos", no se hizo bien. Todo se puede mejorar, basta voluntad", concluyó la fiscal.
El 15 de febrero, Fossati logró la condena –a través de un proceso abreviado– del exjefe de custodios presidenciales Alejandro Astesiano a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias por todas las causas en las que se investigó.