En medio de un escándalo mediático potenciado por la investigación de violencia de género sobre su colega Fernando Romano y la denuncia del abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, la fiscal Gabriela Fossati fue removida del caso Astesiano el 21 de marzo. Al otro día, comenzó a trabajarlo Sabrina Flores, una fiscal que busca bajarle "el perfil mediático" al caso, razón por la que no había trascendido qué avances había tenido el caso desde que llegó.
En una audiencia judicial que presenció El Observador, la fiscal contó que están evaluando qué testigos van a presentar en el eventual juicio oral y cuáles de ellos, por cuestiones de edad o enfermedad, deberían presentar su declaración en forma anticipada (es decir, en el juzgado, pero antes de que arranque el juicio). Además, están terminando de ordenar toda la información para poder formular la acusación e iniciar el juicio.
El plazo respecto del escribano Álvaro Fernández, Alexey Slivaev y Alejandro Astesiano se vencía a fines de setiembre, al año de que fueron formalizados. Sin embargo, Astesiano ya fue condenado por proceso abreviado y con Slivaev sucederá lo mismo, cuando valide el acuerdo al que llegó con la Fiscalía. En ese sentido, el único que debería ser acusado antes de esa fecha –si es que no cierra un acuerdo– es Fernández.
En octubre, se vence el plazo para presentar la acusación contra Patricia Medina, pareja del escribano Fernández y también imputada en la maniobra.
De todas formas, si tuviera argumentos, la Fiscalía podría pedir prórroga de hasta un año más para continuar la investigación y así postergar el juicio.
Según supo El Observador, la información que aún falta son informes que habían solicitado a otros países, como Rusia, y que trabaja la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía. Mientras tanto, la fiscal continúa poniéndose al corriente de los extensos y complejos informes confeccionados hasta el momento y evaluando la información que surge del teléfono de Astesiano y el posible correlato penal que puede tener para otros imputados (no para él, que no puede ser juzgado por más delitos en esta causa).
Judicialmente, Flores ya intervino en dos audiencias. En la primera, le tomó declaración anticipada a un testigo que tiene un frágil estado de salud y no se sabía si iba a estar disponible a la hora del juicio. Al hombre le endilgaron dos hijos rusos que no tenía. Ellos se valieron del pasaporte uruguayo justificando su vinculo con el país por ser hijos de este hombre, cuando no era así.
La segunda audiencia en la que participó tuvo lugar este martes y pidió el arresto domiciliario de Fernández y Slivaev, que hasta hoy se encontraban en prisión.
Mientras tanto, Astesiano continúa siendo investigado por el fiscal Enrique Rodríguez, titular de la Fiscalía de Lavado de Activos, por un delito de asistencia al lavado de activos. Por el acuerdo abreviado que hizo con Fossati, el excustodio presidencial deberá pasar cuatro años y medio en prisión.
El Observador informó en setiembre del año pasado que se investigaría a Astesiano por lavado de activos dado que el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou tenía varias propiedades aunque no estaban bajo su titularidad sino a nombre de testaferros: algunos apartamentos, un club nocturno y una empresa de seguridad, entre otras empresas.
La asociación para delinquir –delito por el que fue condenado Astesiano– es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, lo que implica que los bienes adquiridos por quienes son castigado por integrar una organización delictiva quedan bajo sospecha.
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