Gobierno propuso a Renán Rodríguez en la Corte Electoral y mantener presidenta del TCR
El oficialismo espera la respuesta del Frente Amplio en negociaciones sobre dirección de organismos de contralor
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21 de octubre de 2020 a las 05:03
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Una vez culminado el ciclo electoral, gobierno y oposición comenzaron a avanzar la negociación por las presidencias de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
Ambos organismos de contralor tienen integrantes en representación de los partidos, pero el acuerdo del sistema político implica la búsqueda de un presidente de consenso para cada institución. El asunto ya estuvo arriba de la mesa en reuniones de coordinación interpartidaria en el Senado. "Todo está en proceso de evaluación", dijo una fuente al tanto de las negociaciones.
Según supo El Observador, para la Corte Electoral, hoy presidida por José Arocena, la coalición propuso al Frente Amplio el nombre de Renán Rodríguez, abogado, exvicepresidente del organismo, experto en derecho electoral, y de filiación colorada.
Rodríguez fue ministro y vicepresidente de la Corte entre 1996 y 2010. Su padre, Renán Rodríguez Cabrera, presidió la Corte entre 1985 y 1990. En el oficialismo destacan que su conocimiento de la legislación electoral y su trayectoria en el organismo lo hacen merecedor de la confianza de todo el sistema político, y ahora esperan la respuesta de la oposición.
El artículo 324 de la Constitución establece que el organismo encargado de los procedimientos electorales se compone de nueve miembros, cinco de ellos votados por dos tercios de la Asamblea General (a los que la Carta Magna llama “neutrales”) y otros cuatro “representantes partidarios”, electos también por la Asamblea General “por doble voto simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional”.
Más allá de la distinción constitucional, salvo el presidente –de consenso– el resto de los integrantes del tribunal son propuestos por cada partido político. La negociación estipula cuatro lugares para la coalición y cuatro para el Frente Amplio.
La izquierda tiene previsto nombrar a Alberto Castelar (MPP), José Ignacio Korzeniak (Partido Socialista), Cristina Armas (Partido Comunista) y Pablo Klappenbach (Vertiente Artiguista). Estos tres últimos ya son ministros en la actual integración del cuerpo.
El Partido Nacional postula como ministros a Arturo Silveira (Herrerismo, presente en la actual integración) y Darío Castiglioni (Espacio 40). El Partido Colorado prevé dejar en el cargo a José Garchitorena (Ciudadanos). Entre las novedades en la Corte Electoral está la presencia de Cabildo Abierto, que estará representado por la abogada Sandra Cha.
Para el Tribunal de Cuentas, por su parte, la propuesta inicial del oficialismo es mantener a la actual presidenta Susana Díaz, dijeron fuentes políticas, aunque advirtieron que las conversaciones continuarán.
El organismo encargado de controlar los procedimientos de compras del Estado se compone de siete integrantes electos por dos tercios de la Asamblea General. Díaz, que se desempeñó como directora de Secretaría del Ministerio de Economía en la administración de Tabaré Vázquez, preside el tribunal desde 2017, cuando se renovaron por última vez las autoridades.
El Frente Amplio, que tendrá tres ministros, estará representado por Miguel Aumento (MPP) y Enrique Cabrera (Vertiente Artiguista) –quienes ya integran el tribunal– y por Flora de Santis (Partido Comunista).
Por la coalición, el Partido Nacional tendrá dos representantes (para uno de ellos se maneja el nombre del exintendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa) y el Partido Colorado tendrá un representante que será Gustavo Osta (Batllistas, actualmente vicepresidente de AFE).
Corre plazo para vacantes en SCJ y TCA
En los dos máximos órganos jurisdiccionales se retiraron ministros al cumplir los 70 años de edad: en el TCA lo hizo José Echeveste el pasado 9 de setiembre y en la SCJ se alejó Eduardo Turell este 12 de octubre.
La Constitución establece que, desde el momento en que se genera la vacante, se abre un espacio de 90 días para designar el sustituto. De no alcanzarse un acuerdo político ingresará el juez que tenga más años en la judicatura.
La venia para la designación exige los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General (es decir 87 votos de 130), por lo que se requiere amplio consenso político para los nombres que se propongan. En el Parlamento el oficialismo tiene 74 de los 130 votos y el Frente Amplio tiene 55 legisladores. A ellos se suma en Diputados el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), con César Vega.
Aunque existe un orden de prelación de magistrados por antigüedad, la intención de la cúpula del Poder Ejecutivo es alcanzar un acuerdo partidario para los nuevos cargos en ambos organismos, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
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