Sorprendieron los 22 delitos ―incluso una violación― imputados a Gustavo Penadés, pero la suerte judicial del ahora exsenador estaba echada después que la fiscal Alicia Ghione envió el pedido de desafuero al Parlamento. Ahí detalló la conducta del político en los últimos 20 años basada en las coincidencias de los relatos de ocho víctimas, en escuchas telefónicas en las que quedó claro que el profesor de historia Sebastián Mauvezín coordinaba las citas de los adolescentes con Penadés y otras pruebas aportadas por esas víctimas, una de ellas de 14 años.
La trama corrupta
Cuando saltó el caso Penadés rápidamente dejó de ser un caso personal y se transformó en político, por lo que importaba mucho lo que dijeran el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Ambos son amigos personales de quien fue uno de los dirigentes centrales del Herrerismo, el sector del expresidente Luis Alberto Lacalle, padre del actual mandatario. Junto a Heber y a Jaime Trobo, quien murió en 2019, eran tres columnas del sector.
Las primeras reacciones de los gobernantes fueron defender a Penadés y poner en duda las denuncias, tanto, que la fiscal Ghione dijo en aquel momento que “el respaldo público de algunas autoridades" había atemorizado a algunas víctimas que no se animaban a denunciar por sentirse "desprotegidas y en riesgo”.
Mientras eso pasaba, envalentonado por el apoyo político que los gobernantes de mayor peso le daban, el senador o alguien de su entorno estableció contacto con un jerarca policial, nada más y nada menos que con quien dirigía la oficina de inteligencia carcelaria, Carlos Taroco ―también director del Comcar― y se montó lo que la fiscal calificó de “estafa procesal”.
La idea era por un lado, hacer creer que las denuncias eran inventadas y las víctimas manipuladas por Mastropierro, el joven estafador, para hacer caer a un senador y sacarle dinero, puesto que como pena además de la cárcel la explotación sexual de menores se paga con hasta 12 sueldos del condenado a la víctima. Por otro lado, buscaban identificar a las víctimas para amedrentarlas, ya que se declaró reservada su identidad, hasta para la jueza. Solo la conocen la fiscalía y los abogados que las representan.
En aquella entrevista que Penadés dio a radio Universal por julio pasado donde habló de “la trama” dijo: “Objetivamente, estos movimientos lo que lograron en la práctica fue sacar del Senado a un senador de la República de los principales referentes del Parlamento, por ahí podría venir”.
Ahora se sabe que Penadés tenía en su celular el esquema que armó Taroco y tenía a Mastropierro en el centro, que un policía de su equipo de inteligencia carcelaria se acercó al joven para ganarse su confianza e intentar sacarle información, y que presuntamente mandó a otro policía a interceptarlo numerosas veces en distintos puntos de la ciudad para amedrentarlo. También se sabe que hubo policías ingresaron al Sistema de Gestión Policial para buscar datos de víctimas. Se investiga también una denuncia que indica que a un actual preso, que había estado con Penadés siendo menor, lo sacaron de su celda para intentar obtener información.
El defensor de Taroco, Ignacio Durán, dijo este viernes que el seguimiento a Mastropierro no guarda relación con el caso Penadés y que desde que estuvo preso lo investigaba por las estafas y por estar involucrado en una red de taxiboys. Ahora se empezará a periciar el celular de Taroco en busca de pruebas para establecer el vínculo con Penadés.
Fusible quemado
¿Cómo se contactó Penadés con Taroco? ¿Cómo lo conoció y cuándo? ¿Qué motivó a un funcionario que tenía dos cargos importantes en la estructura del INR a corromperse para ayudar a un senador? ¿Qué le pueden haber prometido a cambio? Son preguntas que me he hecho desde que se supo que el jerarca estaba involucrado en la trama.
Hasta el momento no hay pruebas de que a Penadés se lo haya presentado su amigo el ministro, pero no quedan dudas de que estamos frente a un caso de corrupción que afecta la imagen de su cartera.
El presidente no ha sido contundente al respecto. En sus declaraciones de esta semana se refirió al caso en dos sentidos. Desde el punto de vista humano, y es entendible, expresó la “gran tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos” y al caer en la cuenta de que no conocía a su amigo de 30 años, al tiempo que señaló la vulneración de los menores en juego.
Pero como gobernante su reacción ante el hecho de que se haya usado el aparato del Ministerio del Interior para intentar perjudicar a esas víctimas vulnerables y el reclamo del Frente Amplio de que remueva a Heber fue intentar dar vuelta la tortilla. “Lamentablemente aparece la política electoral y para obtener réditos aún en estos casos. Están en todo su derecho, nosotros nunca hemos sido así. De hecho, los que salen pidiendo la renuncia son los que se atendían ilegítimamente e irregularmente en el Hospital Policial. Hoy realmente que tengan voz para pedir renuncia, cuando no hay elementos de juicio. Me sorprende”.
Como ha pasado otras veces frente a este tipo de actos, el presidente responde incómodo y enojado. Destacó que fue la propia policía la que investigó a policías, apuntando a que el sistema se saneó. Es cierto que la fiscalía actúa con policías como auxiliares de las investigaciones y en este caso la Unidad de Investigación de Interpol y la Unidad de Cibercrimen fueron quienes analizaron el celular de Penadés y encontraron el esquema armado por Taroco y llegaron a él. Pero aún no está claro cuántos policías más están metidos y qué tan alto llega la maniobra.
Además, el ejemplo que eligió para cuestionar a los opositores que le piden que eche a Heber no es el mejor. Que no olvide el mandatario que dos jerarcas de su administración tuvieron que dar un paso al costado por también usar el Hospital Policial (el exdirector de Secretaria Luis Calabria y el exdirector de Convivencia, Santiago González).
Heber es la cabeza política de Taroco, y fue la cabeza política de la cúpula policial que se debió remover en pleno tras probarse que actuaban en connivencia con Alejandro Astesiano, el custodio presidencial corrupto.
Heber es también el ministro con mayor reprobación y es el fusible del que tantas veces habló el presidente Lacalle que debía saltar ante un caso complicado. Demostró en muchas oportunidades que no dudó en descabezar organismos por aquello que tanto pregonó de "hacerse cargo". Así actuó en Antel cuando Guillermo Iglesias, a pocas semanas de asumir pretendió presupuestar cargos; o cuando sacó a Germán Cardoso de Turismo por contrataciones dudosos sobre las que le había mentido, o a la ministra de Vivienda Irene Moreira por privilegiar en un sorteo de vivienda a una correligionaria, por citar tres ejemplos, algunos más graves que otros.
“Ser presidente de la República o ser ministro requiere asumir la responsabilidad de todo, este gobierno (en relación al del FA) tiene como frase de cabecera el ‘yo no fui', ¿o alguna vez vimos que se asuma la responsabilidad de temas leves y graves?”, decía en setiembre de 2019 en un acto de campaña en Cardona (Soriano), y agregaba: los ministros “son fusibles” más allá de que “sean de confianza o buenas personas”. “Si no logran los resultados, que son mejorarle la vida a la gente en su área de actividad, en su área de acción, deben ser relevados”.
Todo dicho por Lacalle Pou. Ahora falta que sea coherente con sus propias palabras.