La Intendencia de Montevideo (IM) volvió a prorrogar el período de transición que impera sobre el transporte por aplicaciones, por lo que las reglas de juego definidas en 2019 para Uber y Cabify deberán esperar tres meses más, ahora hasta abril. El decreto de la Junta Departamental había previsto en un inicio un proceso de traspaso de una normativa a la otra, y otorgaba 15 meses para que los operadores se adaptaran.
La pandemia frustró la entrada en vigencia ante una caída del 60% en el promedio de viajes, y alcanzó un pico de hasta 74% en abril. La primera prórroga llegó a mediados del 2020 por un plazo de ocho meses, y volvió a renovarse en mayo de este año ante la persistencia de los contagios. De esta manera, el decreto regulatorio iba a empezar a regir en enero del 2022.
La IM había convocado a las empresas y a las gremiales de conductores a un ámbito tripartito para acordar una salida ordenada del régimen de transición. Y es que había una estimación de que unos 400 operadores de las aplicaciones iban a quedar fuera de regla, al estar en condición de "empleados".
Uno de los ejes centrales de las conversaciones giraba en torno a modificar el artículo 3° del del decreto en cuestión, que estableció que los permisarios tienen que ser los propietarios de los vehículos, y solo se permite un conductor adicional de hasta segundo grado de consanguinidad: padres, hijos, nietos, suegros y yernos, hermanos o abuelos. La intendencia había propuesto ampliarlo hasta el tercer grado, por lo que también quedaban incluidos tíos y sobrinos.
Sin embargo, el cambio no llegaba a atender el fondo del asunto, y el tiempo para decidirlo era acotado. Cualquier tipo de acuerdo iba a requerir el visto bueno de la Junta Departamental, dado que implicaba reescribir una disposición por decreto municipal. No obstante, a ese organismo le queda solo una sesión ordinaria antes de entrar en un receso que se prolongará hasta febrero del 2022, y el período de transición caducaba el 6 de enero
En la resolución de este viernes de la Intendencia de Montevideo, a la que accedió El Observador, se atribuye la nueva prórroga a la continuidad de la emergencia sanitaria. La comuna consideró que “incluso se acentuaron los casos del virus covid-19”, por lo que entendía conveniente volver a extender el plazo.
Sin embargo, la decisión está enmarcada en un contexto de creciente demanda en los viajes por aplicaciones, que supuso uno de los argumentos centrales de Uber para introducir el mecanismo Uber Taxi.
Dicho sistema ya funciona en otros países de la región, y se basa en abrir la cancha a los taxistas para que se puedan solicitar sus servicios a través de la plataforma, al igual que ya sucede con Cabify. Uber les cobrará una comisión del 1% de cada viaje por el uso de la aplicación.
La compañía reclama además desde el 2018 la reapertura del registro de permisarios, cerrado por la Intendencia de Montevideo desde entonces. Tanto desde Uber como Cabify exponen que la modalidad les conlleva perder operadores por el encarecimiento del funcionamiento –a la fecha hay por debajo de los 2.500 permisarios activos, cuando el tope fijado por decreto es de 4.000– sin la posibilidad de reincorporarlos. En suma: hay menos conductores para más usuarios.
En un contexto de creciente demanda, una oferta mermada deriva en que se alcance la tarifa dinámica con mayor frecuencia, lo que hace más costosos a los viajes. Tal como informó El Observador semanas atrás, el debilitamiento de las aplicaciones potenció en los últimos meses al servicio del Taxi, que busca ponerse a tiro mediante medidas como el pago con tarjeta, el formato de aplicación para solicitar viajes y la mejora en la calidad de los vehículos.
Según supo El Observador, la prórroga da unos meses de respiro a los conductores, que ya habían solicitado la extensión en una de las reuniones tripartitas. Ahora, las disposiciones del último decreto entrarán en vigencia el 6 de abril del 2022.
El Observador intentó obtener la palabra del director de Transporte, Pablo Menoni, pero desde la intendencia transmitieron que no harían declaraciones al respecto.
Arribo
Ante el arribo de Uber al país a fines del 2015, Montevideo no tenía prevista una regulación específica para el transporte de pasajeros por aplicaciones en vehículos privados. Las primeras reglas de juego llegaron de la mano de la administración de Daniel Martínez, con los ánimos caldeados de parte de la Patronal del Taxi y sus trabajadores como telón de fondo.
A raíz de un análisis en profundidad del economista Gonzalo Márquez, quien más tarde sería director de Transporte de la comuna, la intendencia elaboró un nuevo proyecto con requisitos más duros hacia las plataformas. Las exigencias siguen sin entrar en vigencia.
El anuncio de Uber Taxi marcó un nuevo hito en el sistema, abriéndole la puerta a un actor que desde hace años está en pie de guerra con el modelo de la multinacional. Tanto la Patronal como el sindicato de taxistas incurrieron en un silencio cauteloso, y evalúan al día de hoy la posición a adoptar.
