La inversión privada es la opción más concreta y factible que tiene el gobierno para financiar impostergables obras de infraestructura y ayudar en el pedregoso panorama actual de la economía
La inversión privada es la opción más concreta y factible que tiene el gobierno para financiar impostergables obras de infraestructura y ayudar en el pedregoso panorama actual de la economía. Puede provenir de dos fuentes. Una es el ingreso directo de capitales externos. La otra es la inversión doméstica indirecta a través de las AFAP. Ambos cursos son tan idóneos como naturales para complementar el ajuste del cinturón fiscal prometido por el gobierno en el Presupuesto y las más lejanas esperanzas de mayor apertura comercial al mundo y de que Brasil y Argentina empiecen en algún momento a salir de sus pesadillas.
Se anticipa que la inversión extranjera directa (IED) seguirá disminuyendo a medida que se acerca la prevista suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Según el Instituto Internacional de Finanzas, la IED a América Latina caerá más de 10% este año con respecto al anterior. Uruguay se mantuvo por encima de la media de la región, pero se debió fundamentalmente al coyuntural aumento inversor de las plantas de pasta de celulosa, que ya ha concluido. Pero queda paño para que el país atraiga más capitales, siempre que se dote a la ley de Participación Público Privada (PPP) de la agilidad y la eficacia que le han faltado desde su aprobación hace cuatro años.
Hasta ahora solo se han concretado la construcción de una cárcel moderna y la reparación y mantenimiento de algunos tramos limitados en dos carreteras. La razón de este lento despegue ha sido el exceso de trámites burocráticos por diferentes organismos estatales y las exigencias impuestas a los potenciales inversores. Si el gobierno aplana estos dos obstáculos, con seguridad podrán atraerse capitales que, asociados con el Estado en condiciones que les sean atrayentes, ayuden a financiar las obras de infraestructura en materia vial y otros campos que la estructura fiscal no puede solventar por si sola.
Las AFAP como la otra vía de aportar capitales al desarrollo de esas áreas siguen sin ser utilizadas, pese a que desde hace años se las maneja como posibilidad. Los fondos de previsión social reúnen alrededor de US$ 10.000 millones, aportados por los trabajadores activos en sus cuentas personales. La mayor parte de esos cuantiosos recursos ya están colocados en títulos públicos. Pero queda un remanente disponible para ser invertido en otras actividades como obras de infraestructura, con la garantía sólida de un retorno de intereses para los trabajadores no inferior al buen margen que obtienen desde hace años.
Solo falta que el gobierno ponga quinta, tanto en simplificar la tramitación de la PPP y asegurar términos equilibrados para los inversores, como en recurrir a la inversión en obras de fondos de las AFAP, en condiciones adecuadamente redituables para los trabajadores, que son los dueños de esos recursos. Será responsabilidad de los administradores de las AFAP actuar con la misma eficiencia mostrada hasta ahora en asegurar que esas condiciones protejan saludablemente el incremento de la cuenta personal de cada aportante, de la que dependerá su futura jubilación. Y le corresponde al gobierno, todavía absorbido por la compleja confección de un presupuesto quinquenal austero, ordenado y anticipadamente resistido por el poderoso movimiento sindical, encarar lo antes posible el aprovechamiento de esas dos vitales fuentes disponibles de financiación.
