Esta decisión se da a pesar de que Trump había afirmado que el nuevo decreto antimigratorio corregía aspectos poco claros de la primera versión y por lo tanto confiaba que sería prácticamente imposible que una corte decidiera la suspensión de sus efectos.
La audiencia en Hawai (tierra natal del expresidente Barack Obama y un bastión del Partido Demócrata) se produjo en respuesta a una demanda presentada por el propio Estado. Los abogados alegaron, además de la inconstitucionalidad de la norma, que también perjudicaba la capacidad de las empresas estatales y universidades para reclutar talentos y dañaba la sólida industria turística del estado.
El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.
Los denunciantes señalaron particularmente el caso de Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawai, cuya suegra había solicitado una visa de inmigrante que todavía estaba siendo procesada. Bajo la nueva orden ejecutiva, los abogados de Hawai dijeron, que el hombre temió que prohibiera el ingreso de su suegra a los Estados Unidos.
Naturaleza "inconstitucional"
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, ya había señalado en una nota que "el gobierno de Trump pudo haber modificado el texto de su ya desautorizado bloqueo al ingreso de musulmanes, pero no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos".
Los argumentos del gobierno
La decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros, argumentó el Departamento de Justicia en su documento, se apoya en "el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley".
Cuando se presentó públicamente el nuevo decreto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que se trataba de una medida "vital" para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.
Sin embargo, en todo el país se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, siendo que las leyes prohíben la segregación por cuestiones religiosas.
Desde los atentados en Nueva York y Washington en setiembre de 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis incluidos en el decreto presidencial que acaba de ser vetado.