Fin de ciclo: 15 años del FA en el poder > Gobiernos frenteamplista

La “agenda de derechos” y las leyes que pusieron el foco en minorías postergadas

Los gobiernos del Frente Amplio avanzaron en derechos para grupos rezagados, pero en algunos casos se quedaron en buenas intenciones

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20 de febrero de 2020 a las 21:51

Son las leyes que pusieron en el foco a minorías históricamente postergadas y que, en varios casos, pusieron a Uruguay en la vanguardia del continente. Esas que se incluyen dentro de la denominada agenda de derechos, como la ley de matrimonio igualitario y la ley que despenaliza el aborto, pero también aquellas que dieron derechos laborales a grupos invisibilizados como los peones rurales o las empleadas domésticas. Con la iniciativa del Frente Amplio y, en muchos casos, el apoyo del Partido Independiente y algunos legisladores de otros partidos, durante los 15 años de gestión frenteamplista se aprobaron diversas leyes sociales, aunque algunas se quedaron en buenas intenciones y tuvieron pocos efectos prácticos. 

Las dos primeras normativas de este tipo regularon el trabajo de empleadas domésticas y peones rurales. La primera en 2006 y la segunda en 2008, ambas durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, limitaron la jornada laboral a 8 horas, regularon el pago de horas extras y establecieron descansos diarios y semanales, entre otras cosas. Además, tanto los salarios como otras cuestiones comenzaron a definirse en los convenios colectivos del sector, discutidos en los Consejos de Salarios, reinstaurados también por el Frente Amplio al asumir el gobierno en 2005. En 2019 se alcanzó el menor nivel de evasión en el rubro del trabajo doméstico.

Durante el segundo mandato del Frente Amplio, bajo la administración de José Mujica (2010-2015), la bancada frenteamplista impulsó lo que se conoce como la agenda de derechos. Uruguay se transformó en el primer país de América del Sur en aprobar la despenalización del aborto. Pero no fue fácil. Un primer intento fue vetado por Vázquez en su primera presidencia (2008), mientras que en la segunda votación legisladores frenteamplistas se retiraron de sala o votaron en contra. La oposición, menos el Partido Independiente, y la Iglesia Católica se opusieron al proyecto. 

El actual intendente de Salto y diputado en aquel entonces (2012), Andrés Lima, no acompañó la iniciativa y el Frente Amplio tuvo que recurrir al voto del diputado del Partido Independiente, Iván Posada. El diputado oficialista Darío Pérez dejó ingresar a su suplente mientras que Fernando Amado, que todavía era parte del Partido Colorado, hizo lo mismo pero porque estaba de acuerdo con el proyecto. La despenalización del aborto permitió, entre otras cosas, la erradicación de muertes maternales por interrupciones voluntarias del embarazo. Si bien no existen cifras oficiales, el gobierno estima que entre 2001 y 2012, antes de la ley, fallecieron 31 mujeres en abortos clandestinos.  

La conocida como Ley de Matrimonio Igualitario también fue aprobada durante la administración de Mujica (2013) y además de permitir el casamiento entre personas del mismo sexo, habilitó, entre otras cosas, el cambio de nombre. Pero antes, en 2009, el oficialismo ya había habilitado la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar. De esta forma, Uruguay se transformó en el segundo país de América Latina, luego de Argentina, en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto tuvo el respaldo del Frente Amplio, el Partido Independiente y algunos legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado.  

La aprobación de la ley que regula el mercado del cannabis la que generó mayor revuelo y los medios del mundo pusieron sus focos en Uruguay. A partir de un reclamo de la sociedad civil y presentada como una medida para combatir el narcotráfico, el Parlamento aprobó en 2013 la ley que le otorga al Estado el manejo sobre la producción, distribución y venta de la marihuana para uso recreativo. Su puesta en marcha fue gradual -y conflictiva- y recién en 2017 quedó totalmente operativa. Fue aprobada solo con el respaldo del Frente Amplio, a pesar de que algunos legisladores opositores acompañaron los artículos referidos al autocultivo. En los hechos, tuvo casi nula repercusión en el combate al narcotráfico y el propio secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, aseguró a Búsqueda que fue un “error” de los promotores de la ley generar demasiadas expectativas sobre su impacto en la violencia. 

En 2014, el movimiento sindical, y particularmente el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), logró que el Parlamento convirtiera en ley un viejo anhelo suyo. En marzo de ese año, y solo con los votos del Frente Amplio, se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que responsabiliza penalmente a aquellos empleadores que no adopten las medidas de seguridad correspondientes y pongan en riesgo la vida de los trabajadores. Esta ley ayudó a que se redujeran los accidentes laborales en un 30% entre 2014 y 2018, según datos del Banco de Seguros del Estado. Sin embargo, las accidentes mortales han evolucionado de forma irregular en ese período y en 2014 y 2018 los números son muy similares (46 y 47 fallecidos respectivamente). 

La Ley Integral Contra la Violencia de Género, otra normativa reclamada desde la sociedad civil, generó mucho ruido pero pocas acciones concretas. La falta de recursos para implementarla en su totalidad ha sido un reclamo constante de organizaciones feministas. En esa ley, además, se creó la figura del femicidio como agravante del homicidio y, en contra del discurso histórico de la izquierda, se aumentaron las penas. El 2018 cerró con 31 femicidios, uno más que en 2017, y a finales de 2019 el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por este tema. 

La última ley que implicó a la sociedad civil y que generó un amplio debate fue la Ley Integral para Personas Trans. Aprobada en 2018, la ley permite la hormonización de menores de edad sin la anuencia de los padres, establece una pensión reparatoria para las personas trans perseguidas por la dictadura y permite el cambio de sexo y de nombre para este colectivo. Su debate generó un amplio rechazo entre movimientos evangélicos, representados en el Parlamento por el diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue. El Frente Amplio, el Partido Independiente y Unidad Popular respaldaron todo el proyecto mientras que algunos legisladores colorados y blancos apoyaron el texto en general. 

En sus 15 años de gestión, el Frente Amplio hizo propios distintos reclamos de la sociedad civil para convertirlos en leyes. En varios casos, le otorgó derechos a minorías históricamente postergadas y puso al Uruguay como ejemplo del continente. En otros, las intenciones se quedaron en el plano teórico y poca repercusión tuvieron en la práctica. 
 

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