Jorge Díaz: "No tenemos recursos para cumplir con ley de violencia de género"

"Y sin embargo, se mueve". Cualquiera que siga al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en las redes sociales habrá leído esa famosa frase atribuida a Galileo Galilei. Díaz no la utiliza para hablar acerca del movimiento de la Tierra sino al de la Fiscalía, que compara con el de "una enorme maquinaria, de relojería". Hace casi seis años que está en ese cargo y dice que desde el primer día se centró en "mover esa maquinaria" que en 2017 tuvo un ajuste de tuercas complejo: la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Díaz lo tomó como una prioridad y reconoce que en los próximos años el desafío será seguir aceitando la maquinaria, tanto de la Fiscalía como del CPP. "El 'y sin embargo, se mueve' apuesta a esto: cuando empezamos a mover el mecanismo parecía imposible. Y cada paso era una confirmación de que se mueve", dijo Díaz a El Observador en su despacho. Dentro de ese movimiento de tuercas, hubo otro que se sumó sobre el final del año pasado, con la aprobación de la ley integral contra la violencia hacia la mujer, cuya implementación pasó a ser una de sus mayores preocupaciones. "No tenemos recursos para cumplir con la ley de violencia de género", advierte.

Es muy difícil, diría imposible, en dos, tres, cuatro, seis meses, implementar una reforma de esta magnitud. Quedó como un consenso de que este año se iba a hacer una especie de seguimiento del CPP, ver qué modificaciones había que hacer, qué ajustes. Porque creo que todos somos conscientes de que hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha porque esa ha sido la historia de las reformas en América Latina. Estoy promediando mi gestión como fiscal de Corte –estoy pasando la mitad- y cuando paso raya me encuentro con que, cuando asumí, tenía determinados objetivos que además fueron claros y explicitados en el Parlamento. Se planteó en ese momento que un objetivo claro era obtener el máximo de autonomía posible. En segundo lugar, todo lo que tenía que ver con la definición de cometidos de la Fiscalía. Era, y todavía sigue siendo en algunos aspectos, una Fiscalía muy antigua y tradicional. Su competencia misional abarcaba múltiples materias, cuando en el mundo las competencias son la fiscalía como parte en un proceso y básicamente en la materia penal

Sí, y cuando hablo de derecho penal hablo de adulto, juvenil y eventualmente alguna participación más. Tratar de reducirla al mínimo posible. Ya eliminamos la forma de intervención como dictaminante técnico. Ahora tenemos en algunos procesos la participación como terceros, que es también bastante discutible porque no se sabe bien qué rol cumple, si es que el fiscal está ahí como una especie de asesor. Aspiro, en un modelo ideal, a que eso también se elimine y poder concentrarnos en las competencias más importantes y fundamentales.

Eso tiene que hacerlo el legislador y no sé si será durante la gestión mía u otra pero ese es un objetivo a mediano o a largo plazo a conseguir. Eso ahora se pone de manifiesto con la aprobación de la ley de violencia de género que evidentemente implica un desafío muy grande para las instituciones de administración de Justicia y en particular para la Fiscalía.

En primer lugar el desafío será conseguir recursos para poder implementarla.

Hoy no tenemos recursos para poder cumplirla integralmente. Hemos apoyado esta norma, no hemos puesto palos en la rueda. Para que sea un avance real necesitamos un aumento de recursos y sabemos que para llegar a eso va a pasar un tiempo porque los recursos se pueden votar recién en la Rendición de Cuentas y necesitamos que haya algún ajuste legal.

No queremos incumplir y tampoco que signifique un avance de papel sino un avance real para la situación de violencia de género, que realmente es un problema serio que hemos trabajado como Fiscalía institucionalmente.

Lo que depende de nosotros es ver cómo hacemos para poder implementarla lo mejor posible con los recursos que tenemos. Pero también hay un grado de responsabilidad institucional y debemos decir que tenemos enormes dificultades. El Poder Judicial ha estimado que serían 17 mil audiencias, pero nosotros no podemos ir a todas. No tenemos recursos humanos disponibles, tendríamos que poner a toda la Fiscalía a trabajar en eso. Hay que encontrar un mecanismo que nos permita trabajar en la línea de poder cumplir. Como consecuencia de la norma tenemos que intervenir de nuevo en los divorcios, cuando hacía dos años que no interveníamos.

Creo que se coló algo que no debería estar. Sería un caso insólito porque intervendríamos cuando hay situación de violencia de género pero no en los demás divorcios. Eso hay que corregirlo. Y se debe establecer si es necesaria la presencia de los fiscales en todas las audiencias.

Exacto. Ese proceso se va a dar naturalmente, sin perjuicio de lo cual yo creo que en las últimas reformas que el Parlamento aprobó en octubre tenemos un muy buen código, que cumple con los estándares internacionales que al país se le exigen, y con lo que establece la Constitución.

Se va a mejorar mucho más el CPP en el proceso de implementación. En nuestro caso, había que modificar el estatuto de los fiscales porque seguíamos teniendo una estructura típica del siglo XIX en cuanto a la organización interna de la Fiscalía. Éramos una especie de conjunto de fiscales donde cada uno se sentía un señor feudal en su fiscalía y donde no había unificación de criterios. La consagración de un nuevo estatuto de los fiscales establece los principios de unidad de acción y jerarquía, y el procedimiento de las instrucciones generales.

No cabe duda de eso; era algo nuevo en el país y era lógico que generara resistencias. Pero en el mundo entero existen las instrucciones generales. En Uruguay ahora se han dictado siete instrucciones y se van a dictar muchas más.

Hay algunas que urgen, por ejemplo todo lo que tiene que ver con adolescentes infractores (derecho penal juvenil), todo lo que tiene que ver con delitos sexuales también. El tema aduanero también es una prioridad, sobre todo en la determinación de qué casos se deben de perseguir.

No solo las instrucciones nuevas para dictar son en base al principio de unidad y jerarquía; otro concepto que era imprescindible aprobarlo es el criterio de una organización dinámica y flexible. Nosotros aprobamos una organización el 1 de noviembre y el 23 ya la estábamos cambiando porque la ley nos habilitó a hacerlo.

Eso lo dijimos siempre, habrá cambios sobre la marcha. Nos estamos reuniendo con fiscales, Policía y funcionarios porque es la manera de enterarte de primera mano no solamente de los problemas sino las buenas prácticas. Por ejemplo, en Maldonado hay una excelente buena práctica que es que los cuatro fiscales penales se reúnen con el comando de Jefatura todas las semanas. Se tiene que incentivar a los fiscales a que se reúnan con la Policía porque formamos parte del mismo cuadro. Somos parte de un equipo y si no entendemos eso, que jugamos en el cuadro de reprimir el delito y sancionarlos, y no tejemos relaciones de confianza y no tenemos protocolos de actuación claros, no vamos a entendernos.

Creo que hay que evangelizar. Hay que seguir trabajando porque en algunos lugares funciona muy bien, Por ejemplo en Maldonado ese sistema de reunirse semanalmente sirve, ahora hay un jugador nuevo que es el juez, que ahora es juez. El otro día un fiscal me decía "Los jueces antes eran nuestros amigos y ahora no". Pero no es así, antes los jueces tenían un rol y ahora tienen otro.

La impunidad es nuestro adversario y la sanción no necesariamente tiene que implicar cárcel.

Las garantías no son solo para los delincuentes, son para todas las personas. Nadie está libre de terminar declarando en un juzgado por un accidente de tránsito o lo que sea. El doctor Jorge Barrera siempre ironiza: "Quiero el derecho penal duro, mientras no me toque a mí. Si me toca a mí, quiero las mejores garantías". Las garantías son para los ciudadanos, y ciudadanos somos todos. ¿Quién dice de antemano quién es delincuente y quién no lo es? Creo que lo que el CPP da son más garantías para las personas y más herramientas al Estado para investigar y para trabajar.

Una cosa es la garantía en el plano de la investigación y otra las posibilidades que nos da este código para investigar y que antes los jueces no las tenían porque no podían salir de la lógica del "caso a caso". Eso es un potencial que todavía no hemos podido desarrollar plenamente, más allá de que creo que el operativo en Casavalle (de diciembre de 2017) de alguna manera mostró esa posibilidad que ahora tenemos y que antes no. Ahora con la investigación (sobre el sindicalista argentino) Marcelo Balcedo, se está cooperando desde Montevideo, algo que antes no sucedía porque trabaja un fiscal de Maldonado con un juez de Montevideo. El otro día hubo una discusión mediática sobre si la persona que había participado en la audiencia de extradición era o no fiscal penal. Esa es una discusión del sistema antiguo. Digo esto porque todavía tenemos algunos reflejos de un sistema que ya no existe y los vamos a seguir teniendo porque es natural que así sea. Los cambios se van a ir dando. El grado de ansiedad de las evaluaciones tenemos que dejarlo pasar. Para evaluar un sistema de estas magnitudes pueden llegar a pasar al menos cuatro años.