Es el primer miembro del cuerpo en ser expulsado en las últimas dos décadas y el primero en serlo sin haber sido condenado previamente por un delito grave
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este viernes la expulsión del representante republicano por Nueva York George Santos, acusado de violaciones éticas, lo que lo convierte en el sexto legislador expulsado de la cámara en toda su historia.
La resolución fue aprobada por 311 votos contra 114. La expulsión fue acompañada por 105 votos republicanos, mientras los cuatro principales líderes republicanos de la Cámara votaron a favor de mantener a Santos en el Congreso.
El exlegislador sobrevivió a intentos anteriores de destituirlo, pero el impulso final para su alejamiento del cuerpo fue un lapidario informe de un comité de ética, que concluyó que buscaba explotar su candidatura a la Cámara para beneficio personal. Santos anunció que no buscaría la reelección después del informe, pero se negó a renunciar.
Se espera que el secretario de la Cámara de Representantes asuma el control de la oficina de Santos y que la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, programe una elección especial para reemplazarlo.
La expulsión es la forma más severa de castigo para un legislador de la Cámara de Representantes y requiere una mayoría de dos tercios para tener éxito. Santos es el primer miembro expulsado de la Cámara en más de dos décadas y el primero en ser expulsado desde la Guerra Civil sin estar previamente condenado por un delito grave.
El presidente de Ética de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Michael Guest, defendió el informe de su panel sobre George Santos y su propio voto para expulsar al ahora excongresista de Nueva York, frente a las críticas de sus colegas republicanos de que expulsar a un miembro sin una condena sienta un precedente peligroso.
“Presentamos un informe muy completo, de más de 50 páginas. Tengo alrededor de seis carpetas de informes que lo acompañan. Y el informe fue abrumador y sustancialmente condenatorio. Por eso no me preocupa que esto siente un precedente futuro de que los miembros serán removidos del Congreso, quieran o no, debido a un comportamiento que la gente no acepta”, dijo Guest.
Guest añadió que no espera que el comité de ética recomiende la expulsión con más frecuencia ahora que Santos fue destituido. “Nadie en el comité de ética va y sirve en ese comité buscando expulsar a sus compañeros del Congreso. Pero nuevamente, esto fue tan extremo. Si este caso no ameritara la expulsión, entonces no habría ningún caso que yo sepa que amerite la expulsión, salvo una condena”, dijo.
Fueron los medios estadounidenses los que comenzaron a investigar la figura de Santos y poner en evidencia una serie de falsedades que el legislador enunciaba como verdaderas.
Sus abuelos no eran judíos que huyeron del Holocausto en Europa, como él decía, sino que nacieron en Brasil. Su madre no estaba en las Torres Gemelas cuando Al Qaida las derribó el 11 de septiembre de 2001, ni siquiera estaba en Estados Unidos ese día.
Se descubrió que Santos tenía un caso judicial abierto en Brasil por fraude y que no había estudiado dónde decía haberlo hecho –New York University– o trabajado en Goldman Sachs y Citigroup en Wall Street-.
También se reveló que estafó más de US$ 15.000 con cheques sin fondos a criadores de cachorros, que se embolsó unos US$ 3.000 de una campaña de recaudación de fondos para operar al perro de otra persona o que no era verdad que hubiese salvado a 2.500 animales a través de una fundación, como aseguraba.
Dijo que había perdido a cuatro empleados en el tiroteo de la discoteca Pulse en Orlando (Florida) de 2016, durante parte de su vida aseguró ser judío y negó haber sido una ‘drag queen’ en Brasil pese a que salieron a la luz fotos, videos y testimonios. Surgía así de la investigación periodística que prácticamente todo el relato de su vida era mentira.
Todo empeoró para Santos cuando en el pasado mes de mayo un tribunal federal le imputó 13 delitos por fraude, lavado de activos y robo de fondos públicos por cobrar ilegalmente US$ 24.000 del fondo de desempleo.
(Con información de agencias)
