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La discusión circular de Cataluña: asumió nuevo presidente pero también quiere la independencia

El independentista Torra reclama que se retiren los cargos contra Puigdemont, mientras Rajoy analiza mantener la intervención

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18 de mayo de 2018 a las 05:00

Parece un deja vu, pero no lo es. Cataluña vuelve a vivir un tira y afloje con el gobierno español, como ocurre desde hace meses, con la asunción este jueves del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Como era previsible, Torra evitó prometer fidelidad a la Constitución española, como ya hizo su antecesor Carles Puigdemont, desatando desde el arranque tensiones con Madrid.
Casi siete meses después de la fallida declaración de secesión y la destitución de Puigdemont, los independentistas recuperaron la presidencia catalana en un modesto y brevísimo acto sin ningún representante del gobierno español que controla todavía esta región nororiental de la península Ibérica.

En el acto, celebrado en una sala secundaria del palacio del gobierno regional y sin apenas invitados, Torra evitó mencionar la Constitución y el Estatuto de Autonomía que regula el autogobierno regional, limitándose a prometer "cumplir lealmente las obligaciones del cargo (...) con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña".
Los independentistas aceptaron únicamente la presencia de un representante "de perfil secundario" del gobierno español, que ante estas exigencias decidió no acudir al acto y denunció su discreto formato, que "degrada la propia dignidad" de la institución.

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, criticó este tipo de ceremonia "a hurtadillas", como si Torra "fuera un presidente de segundo orden".

Rajoy bajo presión

Elegido el lunes por el Parlamento catalán, Torra se considera como un "presidente en funciones" a la espera del retorno del "presidente legítimo en el exilio", Puigdemont, cuyo cese entiende ilegítimo.
En su juramento ni siquiera quiso ponerse el medallón con la bandera catalana que distingue al presidente regional.

Ahora, este editor de 55 años, del ala dura del independentismo, debe formar su gobierno, requisito indispensable para terminar con la intervención de Madrid sobre la autonomía regional.

Su levantamiento no está garantizado dado que Torra quiere incluir entre sus ministros a integrantes del ejecutivo cesado de Puigdemont, actualmente en prisión preventiva.

Si el gobierno español lo considera ilegal, podría mantener su tutela como reclama el partido de centroderecha Ciudadanos, que amenaza con desplazar al Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy de cara a las elecciones regionales y municipales de 2019.

En cumplimiento del artículo 155 de la Constitución, el gobierno español asumió las competencias de la autonomía catalana después de que el pasado 27 de octubre cesara a Puigdemont tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, por lo que la toma de posesión de Torra se enmarcaba en unas circunstancias excepcionales en esa comunidad autónoma.

Con la conformación del nuevo gobierno catalán, previsiblemente en los próximos días, dejará de estar en vigor dicho artículo, aunque tanto el Ejecutivo español como quienes le apoyaron en su puesta en marcha hace siete meses, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (liberales), están de acuerdo en volver a activarlo y ampliarlo si fuera necesario.

Así lo acordó el pasado martes Rajoy con el líder socialista, Pedro Sánchez, y hoy también con Albert Rivera, de Ciudadanos, partidario, además, de extender su aplicación y ampliarla incluyendo el control de las cuentas públicas catalanas, la policía autonómica (Mossos d'Esquadra) y la televisión y la radio públicas de esa región.

La formación liberal, con Inés Arrimadas como candidata a presidir el Gobierno autonómico catalán, fue la más votada en las elecciones del pasado 21 de diciembre, aunque la mayoría parlamentaria la consiguió la suma de los partidos independentistas.

En su reunión del jueves con Rajoy, Rivera le instó además a apoyar la reforma legislativa propuesta por su partidos para que ningún prófugo de la Justicia, como Puigdemont, pueda ser "elegible" como presidente en unas próximas elecciones, lo que sería, a su juicio, un "ridículo inasumible" a nivel internacional.

Perfil independentista

Acusado de xenófobo por la oposición por antiguos articulos muy ofensivos contra los españoles, Torra prometió ser leal al mandato de "construir un Estado independiente" y trabajar "sin descanso" por la república catalana.

"No es momento de contemplaciones, ni de buenismo, es momento de actuar", dijo por su parte Rivera.

La encrucijada electoral

Al mismo tiempo, el dirigente español necesita una normalización de la situación en Cataluña para conseguir el vital apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), empático con la causa catalana, para aprobar los presupuestos.

Atrapado en esta pinza, Rajoy se comprometió a vigilar de cerca al nuevo presidente y a mantener el control de las finanzas públicas para evitar el gasto público en iniciativas separatistas, pero también se mostró dispuesto a reunirse con Torra para iniciar un diálogo dentro de la ley.

Batalla judicial

Paralelamente a los acontecimientos políticos, la batalla sigue en los tribunales, con una macrocausa por rebelión y otros delitos contra 25 líderes independentistas, nueve en prisión preventiva y otros siete en el extranjero.

El miércoles, la justicia belga rechazó la extradición de tres exconsejeros de Puigdemont instalados en ese país desde finales de octubre, por un defecto de forma en la petición del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena.
La decisión belga envalentonó a los independentistas que esperan un resultado similar en la petición contra Puigdemont, actualmente en Berlín en libertad bajo fianza después de que un tribunal alemán desestimara la extradición por el delito de rebelión.

Se trata del delito más grave y el más controvertido dado que implica la existencia de violencia, algo que numerosos juristas descartan que haya existido en el intento de secesión catalán.

Ante esta controversia y el revés recibido en Alemania, la justicia española abre la puerta en sus últimos autos a sustituir la acusación de rebelión por la de sedición, que no requiere la concurrencia de violencia y contempla también penas de cárcel pero más leves.

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