La dispersión de “Cracolandia” aumenta la tensión y la violencia en el centro de San Pablo

Lo que las autoridades de la ciudad presentaron como un “éxito” duró poco. Un año después de dispersar a traficantes, pequeños vendedores y consumidores que viven en las calles, al menos 16 pequeñas cracolandias se generaron y crecieron en otros puntos de la capital de la mayor economía sudamericana y una de las principales del mundo.

En esos miserables campamentos, en donde las personas duermen arropadas en cobijas sucias, desplomados en sillones viejos o tapados con cartones y hules, todas buscan lo mismo y nadie oculta el motivo por el que está: consumir o vender libremente crack. No quieren ser molestados y las zonas son tan peligrosas que las autoridades, incluida la policía, prefieren no entrar. Cuando ingresan, lo hacen con violencia.

El miedo y las tensiones abundan. En las zonas aledañas, vecinos y comerciantes se quejan. Sufren los mayores índices de criminalidad del país. Poco después de la Operación Caronte, las concentraciones se multiplicaron y extendieron a los barrios República, Santa Ifigenia, Santa Cecilia y Campos Elíseos.

El Laboratorio de Espacio Público y Derecho a la Ciudad de la Universidad de San Pablo identificó 16 sitios de concentración. Los dos más grandes albergan a cientos de personas a cada lado de la céntrica Avenida Rio Branco. La Guardia Civil Metropolitana (GCM), en una tarea que recuerda a la condena de Sísifo, los obliga a ponerse en movimiento. Sin embargo, tras ser desalojados, todos regresan.

Durante los operativos, guardias municipales y asistentes sociales se acercan y registran a las personas. Es entonces que se forman largas colas. El registro arroja lo previsible. Se confiscan algunos objetos, considerados prohibidos por el ayuntamiento, como jeringas, pipas y navajas. En ocasión, alguna arma de fuego. No mucho más.

“Estamos hablando de gente en condición desesperante. Hace un año que circulan sin parar de un lugar a otro y esto genera una serie de conflictos con otros actores de las múltiples cracolandias, conflictos que antes no existían”, dice la antropóloga Amanda Amparo, que investiga el fenómeno desde el punto de vista de las relaciones raciales.

Sobre la base de datos preliminares de una encuesta a 100 personas sin hogar, Amparo dice que la mayoría de las personas que duermen en las aceras de la región ven la situación actual como una de los peores. “Es el más violento, la policía es la más violenta, y esta estrategia de hacer circular a la gente no funcionará desde el punto de vista de acabar con Cracolandia”, explica la antropóloga.

La denominada “cocaína de los pobres” hace crack al calentarse y su humo, al ingresar directamente en los pulmones, produce un efecto tan inmediato como intenso. La “brisa”, como la llaman los consumidores, los hace olvidar del mundo que los rodea. No por mucho tiempo. La sensación dura unos veinte minutos y cada dosis de evasión tiene su costo: unos cinco reales, más o menos un dólar.

También para la defensora pública Fernanda Balera, la estrategia oficial de dispersar a los consumidores está destinada a fracasar. La abogada ve en ella una continuación de políticas que ya han demostrado ser ineficaces en términos de mejorar las condiciones de vida de la población.

“Una vez más estamos viendo a la guardia civil en el frente de batalla de Cracolandia, lo que ya ha causado numerosos problemas. Su actuación, incluso, está siendo cuestionada en la justicia”, explica Balera con relación a una demanda presentada por el Ministerio Público de San Pablo que cuestiona la actuación de la GCM.

Según Balera, además de los numerosos informes recogidos por la defensoría, la presentación judicial se basa en una serie de videos realizados con cámara oculta por el movimiento A Craco Resiste, una organización civil que combate la violencia policial en Cracolandia.

Las imágenes muestran a agentes del GCM promoviendo agresiones sorpresivas con bombas lacrimógenas y gas pimienta contra las personas en situación de calle, incluso contra aquellas sentadas y dormidas. El lunes pasado, durante una cobertura periodística, TV Brasil captó el momento en que un hombre fue asfixiado por cuatro guardias hasta que perdió el conocimiento y se lo llevaron en un automóvil.

Balera, al igual que otras personas que trabajan en el territorio, denuncian que el gobierno estatal y el ayuntamiento realizan “una acción súper violenta y completamente ineficiente” sin mostrar una preocupación real por traer soluciones. “El tema sigue ahí como antes”, enfatiza.

Las críticas también señalan la ausencia de servicios de atención de salud mental. “Hubo un desmantelamiento total de los Centros de Atención Psicosocial y otros servicios que se encuentran dentro del marco legal”, señala Balera.

En su reemplazo, las autoridades estatales inauguraron a principios de este año el Centro de Atención Prolongada. “No hay evidencia científica que el enfoque actual sea el mejor. Además, el nuevo servicio está completamente fuera de la legislación”, dice la abogada.

El clima tenso afecta a todos. “Con la dispersión de Cracolandia, la sensación de inseguridad aumentó mucho más, sobre todo cuando hay acción policial, ya sea de la guardia o de la policía civiles”, dice Pâmela Vaz, una estudiante que vive con sus padres en un departamento en Santa Ifigenia.

“Si los policías no tratan al usuario de una manera digna y respetuosa, tampoco lo hacen con los residentes. Es muy molesto y agotador tener que pedirles que nos deje pasa, tener que mostrar el documento, decirles a dónde vas”, cuenta sobre la situación que se genera cuando las calles están bloqueadas por los operativos policiales.

Pâmela y los vecinos enfrentan otras dificultades. Cuando los operativos terminan, a las pocas horas, la cracolandia de Santa Ifigenia se vuelve a formar. Centenares de consumidores retornan con sus precarias pertenencias. “No voy a decir que no interfieren con el sueño y el descanso”, dice. Aun así, trata de mantener una buena relación con las personas socialmente desprotegidas. “Trato de no crear ningún tipo de conflicto porque en definitiva son nuestros vecinos”, comenta Pâmela.

Pero no todos tienen su visión del problema. El viernes de la semana pasada, un grupo de residente organizó una manifestación frente a la comisaría de Campos Elíseos. “La situación en nuestra calle es cada día peor”, decía uno de los textos que convocaban al acto en las redes sociales. “¡Solo queremos el derecho a una calle segura y limpia!”, agregaba la convocatoria.

La protesta está ligada a un muy significativo aumento de los hurtos y robos. Según la Secretaría de Estado de Seguridad Pública, pese a las cada vez más frecuentes incursiones policiales, las comisarías de Campos Elíseos y Santa Cecilia registraron un aumento del 110% en el número de robos en el último año.

A juicio del artista y educador social Raphael Escobar, los operativos solo recrudecen el conflicto. “Antes que se pusieran en marcha los desalojos violentos, la situación estaba relativamente controlada, había un cierto nivel de convivencia. Sin embargo, durante las redadas, la policía les quita lo único que tienen, y esto genera violencia. Están creando un caos social”, dice Escobar.

Su mirada aporta un dato más. Desde el Operativo Caronte, la política de dispersar a los consumidores de crack dificulta los proyectos de la sociedad civil que buscan brindarles asistencia.

“Con el accionar policial casi diario, esta gente va cambiando de lugar y es muy difícil para nosotros, trabajadores del territorio, poder encontrar a las personas con las que pudimos establecer un vínculo. Es muy difícil encontrarlo y continuar con el proyecto”, explica Escobar.

El psiquiatra Flávio Falcone, que también actúa en proyectos sociales, sostiene que hay una acción deliberada para generar conflictos entre los consumidores en situación de calle y los vecinos. “Después del estallido de la Operación Caronte, Cracolandia pasó a molestar a tres barrios”, dice Falcone.

“Desde el punto de vista de la salud, esta operación es completamente ineficaz. No hay nada en la ciencia que justifique la tortura para motivar a que las personas ingresen en un tratamiento. Lo que está en juego es sacar a esta gente, la mayoría negra y pobre. La burguesía blanca no quiere convivir con ellos”, añade.

Sin embargo, las autoridades de San Pablo defienden el flamante Centro de Atención Prolongada y el nuevo esquema que, además de desalojos forzados, impulsa en algunos casos la internación compulsiva. Según el Departamento de Salud del Estado, el nuevo servicio “superó en un 10,4% las consultas que brindaba el anterior” y en “un 254,3% las derivaciones de pacientes para su tratamiento”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública argumenta que la integración de la Policía Civil y Militar ha generado “el inicio de un vuelco del escenario local que ha degradado la seguridad local durante décadas”. El organismo sostiene que las fuerzas de seguridad se han enfocado en “sofocar el narcotráfico” y frenar los delitos contra la propiedad. Según la Secretaría, desde enero hasta el 7 de mayo pasado fueron detenidas 142 personas y se incautaron 345 kilos de droga.

Los números, no obstante, dicen poco y nada. Mientras la Guardia Civil Metropolitana, apoyados eventualmente por la Policía Militar, patrullan las 24 horas las zonas céntricas más degradas de San Pablo, las cracolandias se regeneran, multiplican y trasladan. La represión del narcotráfico puede poco y nada, y las redadas policiales aumentan el clima de tensión y violencia, al tiempo que la asistencia social es casi inexistente.

En este contexto, las organizaciones civiles que pugnan por un enfoque integral del problema, señalan con amarga ironía el nombre del operativo que disolvió la Cracolandia inicial: Caronte, el barquero de la mitología griega que lleva las almas de los recién muertos a ser juzgadas para decidir su lugar de descanso.

(Con información de Agencia Brasil)