La fractura uruguaya y su abismo

Si bien el historial republicano ha registrado un antagonismo de raíz entre los dos partidos fundacionales, con fases de mayor o menor confrontación y cercanías, según los tiempos y sus protagonistas, el actual fenómeno que parece reiterarse con llamativa y preocupante porfía y que volvió a surgir de las urnas en el reciente referéndum, habla más de la ruptura de un país y de su potencial fragmentación, en dimensiones que trascienden a lo político –entendida la política como el ejercicio de una dinámica de acuerdos factibles dentro de un marco de discrepancias ideológicas estructurales entre sus agentes- y engullen en un tono de creciente crispación, a todos los ámbitos de la vida pública. El sistema político, como reflejo de una sociedad, hoy no sólo está dividido, sino fracturado, en una evidente radicalización. 

El Uruguay no escapa del síndrome que afecta hoy a la democracia liberal de Occidente.

Nuestro sistema político actual está compuesto por cinco partidos de representatividad electoral significativa, a los que –a la luz de los recientes resultados electorales- les resulta difícil la posibilidad de alcanzar mayorías amplias en forma independiente, y, en el que compone a la izquierda, se viene procesando una polarización evidente por quienes hoy la lideran, en su forma y en los hechos. En este escenario, si bien el desenlace del referéndum afirmó la vigencia de una ley vertebral para el gobierno, -ahorrándole al país el peligro de haber ingresado a un limbo jurídico y a una potencial parálisis ejecutiva-, éste igualmente expresa otras lecturas, que, como una suerte de ecografía al estado de ánimo de la población, indicarían un cierto síntoma de insuficiencia, en la consolidación de afinidades electorales más sólidas hacia la coalición gubernamental. 

En cuanto al Frente Amplio, el mensaje quizás sea el de la persistencia de un desgaste y una pérdida de favoritismo, entre aquellos ciudadanos que no visten filiaciones marcadas y que otorgan a su voto, un sentido más pragmático y funcional. Los costos de una prolongada gestión gubernamental predominante, hoy cuestionada por hechos de notoriedad en ciertos aspectos, parecen manifestarse en esa incapacidad de alcanzar una mayoría significativa.

En el caso de la coalición de gobierno, la imposibilidad de obtener esa diferencia igualmente relevante, se presta para dos lecturas, siendo una, favorable a la visión complaciente de interpretar, que en el fracaso de la izquierda, se manifiesta también un electorado que con su voto, evitó castigar un posible desgaste de la gestión. Sin embargo, otra lectura correspondería a la de ese mismo electorado que aún no percibe beneficios lo suficientemente seductores y materiales, como para premiar con mayorías amplias, a una administración que ingresa a su tercer año de mandato. 

Otro registro que surge del periplo que culminó con el referéndum, es acerca del potencial debilitamiento del parlamento como poder legislativo, facultado en su condición representativa de legislar por y para la sociedad. El propósito perseguido por la izquierda fue el de debilitar al gobierno, por la vía de invalidar un cuerpo de artículos ya votados por ese cuerpo, ejerciendo un mandato democrático y sancionado en forma legítima y legal por la vía electoral. ¿Se terminó acaso, el 27 de marzo, el uso de este recurso en lo que resta de este gobierno, o se ensayará un nuevo intento, esta vez, para derribar un proyecto de reforma ya aprobado por esas mayorías legítimas?

Al referirse a las “democracias refrendarias”, el politólogo Giovanni Sartori explicaba un aspecto debilitante del referéndum como mecanismo electoral determinante en las democracias representativas, al permitir a la población ejercer su decisión directa sobre materias legislativas, -reemplazando así el rol del legislador- dando lugar a lo que el autor define como un resultado de “suma cero”. Esta consecuencia surge “cuando quien vence, gana todo y quien es derrotado, pierde todo”, a diferencia de una democracia representativa, en la que, mediante el ejercicio parlamentario, se puede alcanzar la condición en la que todas las partes ganan algo, afirmando así el rol de este poder, fundamental en todo Estado genuinamente democrático. Tomando en cuenta el resultado del 27 de marzo, su cuasi paridad estaría indicando que materias como la Ley de Urgente Consideración, demandan una mayor capacidad de negociación parlamentaria, evitando el peligroso fomento de un clima maniqueo en el sistema político y en la sociedad en general, junto a una eventual intención política de desvirtuar al poder legislativo.

Desde la perspectiva de estos posibles mensajes de las urnas, los desafíos que siguen están a la vista. Respecto al gobierno, es imperativa la misión de impulsar aquellos proyectos de reformas profundas y estructurales, hoy inevitables en un mundo que se muestra convulso y con creciente volatilidad geopolítica y económica, en curso de tendencias que parecen consolidarse en forma acelerada. A la coalición de izquierda, le corresponde un espacio de reflexión en su rol opositor, comprendiendo a su derrota como un llamado a la transformación hacia un rol de mayor compromiso con el futuro del país y su viabilidad republicana. Cierta madurez y pragmatismo político, algo de inteligencia y sentido común, son los componentes necesarios y seguramente disponibles para dar ese giro.                     

Aún se está a tiempo de cerrar esa fractura y evitar su fragmentación en contextos globales muy complicados. En su conjunto, el sistema político debe evitar que la fractura se transforme en un abismo, en su imposibilidad de consensuar y ante la ausencia de mayorías significativas, lo que podría expresar una señal de incipiente descontento de la población. Los ejemplos de países hundidos en su grieta abundan y son muy cercanos como para ignorarlos.