La jubilación de la jubilación

Uno de los próximos debates argentinos, que por ahora se maneja solo a nivel de globos de ensayos periodísticos, es la suba de la edad de retiro jubilatorio. Como era previsible, tras el gigantesco regalo de 3 millones de jubilaciones sin aportes previos concedidas graciosamente por nuestra falsa abogada y falsa Evita, el sistema tambalea. Para ser justos habrá que aclarar que la dádiva kirchnerista no es la razón única, y que Argentina no es el único país que enfrenta esa coyuntura.

El problema es mundial y en general tiene las mismas causas y la discusión es la misma. Se agrava en un escenario global en que la tasa de interés es nula o ridícula, y lo será por bastante tiempo. Los fondos privados o públicos no obtienen ya rentabilidad importante de los bonos soberanos, a menos que se expongan a altos riesgos. La obligación que les crean sus algoritmos de manejo de cartera les imponen diversificación y manejo del riesgo, lo que limita drásticamente las oportunidades de obtener renta.

Esa limitación hace que los fondos privados de pensión o los estatales que se manejan como fondos privados, como el de Suecia, tiendan a sufrir de modo similar a los esquemas estatales de reparto: dependiendo esencialmente de la relación entre jubilados y trabajadores activos, si sus reglas se lo permiten, o pagando jubilaciones muy bajas.

El problema central de la humanidad es que los jubilados se están muriendo mucho más tarde que antes, para decirlo cruelmente. Con lo cual la relación se vuelve cada vez más desfavorable. Es elemental que sin el efecto regulador de la naturaleza y sin la posibilidad de obtener grandes beneficios de la especulación financiera o bursátil, las variables de ajuste sean la edad de retiro y los montos que se aseguran al trabajador. Ambos conceptos colisionan con la necesidad que tiene el sistema político de mantener razonablemente contentos a los votantes, que son a la vez beneficiarios y contribuyentes obligados del esquema jubilatorio. La pirámide Ponzi que se venía usando en el Estado chocará de frente con la realidad.

En España, por caso, al Estado le insume 10% de su PIB, y ahora ensaya un aumento muy modesto de la edad jubilatoria que llegará en 2027 a 67 años. La Unión Europea recomienda a sus miembros llegar a 70 años para otorgar el beneficio. Esa cifra se ha empezado a revolear en Argentina, que a su vez viene de un incremento de 60 a 65 en los años 90, por iguales razones. China, India, México, países exportadores, han elegido planes de retiro bastante precarios, que les permiten tener costos relativamente bajos. Está claro que se trata de situaciones transitorias, en el caso de China porque su sistema político lo pone a cubierto de urgencias electorales y le " abarata" costos.

También en Uruguay se ha amenazado con la suba de la edad de retiro, pero, como es fácil de predecir, cualquier cambio en ese sentido será reemplazado por un aumento en los aportes que deben abonar las empresas privadas, dentro del plan "cada día un privado menos" que merecería estar en el Preámbulo de la Constitución para sincerar las cosas.
Se está produciendo otro efecto demográfico en especial en los países desarrollados, con alta protección y regulación laboral y con alto perfil de participación sindical: la velocidad de incorporación de nuevos trabajadores es lenta.

Ello hace que los aportantes activos deban hacerse cargo de más y más jubilados y además provoca que el aumento de la edad jubilatoria deje a los jóvenes de hasta 30 años o más sin acceso al primer trabajo. (Con prescindencia de la natural predisposición de los millennials.) Por eso en muchos países –también en Uruguay– crece la preocupación para corregir la pirámide poblacional con inmigración. Sin embargo, ese no es el orden correcto de razonamiento. El orden correcto es que cada nación debe ser capaz de generar más empleo o de permitir que se genere más empleo.

(Cabe la acotación de que la medición de desempleo limitándola a quienes buscan trabajo es un pobre indicador.)

En la más pura ortodoxia económica, un aumento de población implica un aumento de oferta de mano de obra, lo que significa una baja del costo laboral. Pero ello no es cierto en sistemas de alta regulación, con leyes que impiden flexibilizar los salarios y cargas anexas. En tales condiciones, un aumento de población es un aumento del desempleo. Una ortodoxia más discutible dice que, como siempre hay necesidades que satisfacer, un aumento de población aumentará la demanda de bienes y servicios y consecuentemente el empleo. El problema es que para ello el consumidor debe tener suficientes recursos, algo imposible de alcanzar en mercados de poca competitividad y output, muy regulados, sin flexibilización laboral y con alto gasto estatal. Por eso cuando aumenta la edad de retiro golpea directamente contra el empleo de los jóvenes.

Si bien el proverbial Malthus se equivocó al profetizar que el crecimiento de la población agotaría los alimentos y eso produciría un equilibrio demográfico, no parece haberle errado en los efectos económicos que sobre temas tales como la salud y las jubilaciones tiene el aluvión humano. El trabajo parece ser el bien más escaso del siglo XXI, por lo menos mientras no se flexibilicen las condiciones salariales y legales. Por eso Francia está encarando la impensable tarea de flexibilizar su legislación laboral, para poder competir y crecer. Y por eso mismo el aumento de empleo en Estados Unidos se produce en las franjas de baja calidad salarial.

El fenómeno ocurre aun en países que no tienen un alto crecimiento vegetativo y que tienen baja población. Y aun ocurre pese al proteccionismo comercial. O acaso se agrava por el proteccionismo comercial. Esto lo entiende muy bien Uruguay, aunque no se lo quieran explicar muy bien y aunque "vaya tirando" a la espera de algún viento de cola milagroso.
Con un gasto global en los límites de lo posible, o más allá de los límites, los países ya no pueden darse el lujo de agregar los costos crecientes de sus sistemas de jubilación. Una vez más, se está en una disyuntiva: el drama personal de quien depende del Estado para sobrevivir y el costo gigantesco que eso implica para la sociedad.

En el caso de Uruguay, el problema es el mismo, pero la solución será distinta y creativa: las cargas y aportes de la empresa privada se aumentarán al doble, o al triple, hasta que la cuenta cierre. ¡Pobre Malthus!