La judicialización de la ciencia y lo que se puede venir

La decisión judicial, que será apelada por el MSP, es complicada no tanto por lo que genera ahora, que en definitiva es una suspensión parcial que todo indica se levantará rápidamente, sino por lo que puede significar como punto de partida para otros recursos de amparo y reclamos sobre vacunas, medicamentos y procedimientos científicos que hoy están aceptados como rutinarios y hasta obligatorios. ¿Es posible que alguien decida, por ejemplo, presentar un recurso y un juez conceda el amparo contra la obligatoriedad del Certificado esquema de vacunación? ¿O contra alguna de las vacunas que lo componen y que son todavía clave para mantener la salud ya no solo de niños sino de toda la población uruguaya?

Este certificado es la base de la pirámide sanitaria de Uruguay, obligatorio para todos los niños y controlado por pediatras y autoridades educativas. En los hechos, el sólido plan de vacunas que siempre ha caracterizado a Uruguay ya ha sufrido y sufre crecientemente la resistencia de los antivacunas, personas que consideran que no deben ser obligadas a vacunarse o vacunar a sus hijos y que incluso han llegado a no mandar a sus niños a la escuela con tal de no inocularlos. Ante esta realidad las autoridades sanitarias no han tenido más remedio que ser flexibles, porque el número de antivacunas crece y se evalúa que es mucho peor dejar a un niño aislado tanto educacional como socialmente, que permitirle que vaya a la escuela sin vacunas para convivir con otros niños que, en su mayoría, están vacunados.

¿Cuánto sabemos de las vacunas que forman parte del certificado? Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos a disposición la misma información para todas, incluidas las no obligatorias como las del Covid y la de la gripe; son los prospectos que utiliza cada laboratorio para describir, de forma muy técnica, las características, indicaciones y contraindicaciones de cada una. Así que esta decisión judicial no reclama información sobre la vacuna sino información sobre el contrato por el cual se compraron las vacunas. Lo mismo podría pedir la Justicia con respecto ya no solo a una vacuna sino a cualquier medicamento o tratamiento autorizado por el MSP.

El juez Recarey señaló en su fallo que hay que tener presente “que no estamos frente a una prescripción médica científicamente homologada, sino ante un experimento, que no por su colosal magnitud deja de ser lo que es: un experimento”. Este juicio es subjetivo pero podría tener cabida para un sinfín de cuestiones sanitarias y de las otras, que dependen de la ciencia que no es exacta sino que evoluciona (con marchas atrás y marchas adelante), en un proceso de prueba-error que forma parte de su razón de ser. ¿Qué necesita en este caso una vacuna para que un juez no la considere “un experimento”? ¿Y por qué las otras vacunas que conforman el esquema no son un experimento?

El juez pide que el gobierno uruguayo dé a conocer públicamente el o los contratos que firmó con Pfizer, que son secretos a pedido de la empresa tanto para Uruguay como para el resto de los países que usan estas vacunas. Podemos estar en desacuerdo con ese secretismo, pero cuando la mayoría de los uruguayos presionamos para ser vacunados no había mucho peso para negociar con la empresa para que el contrato y las negociaciones fueran públicas. A fines de enero de 2021, cuando el presidente Luis Lacalle anunció que la tan esperada vacunación llegaría, este punto había levantado algunas críticas. “Los uruguayos tienen que quedarse tranquilos de que a nosotros nos rige la Constitución y la Ley y no nos apartamos de ellas. Hay cláusulas confidenciales y teníamos la opción de conseguir vacunas para el país o no conseguirlas y la decisión para mí era meridianamente clara. Nos hacemos responsables de lo que firmamos”, dijo entonces Lacalle Pou.

En resumen, si el gobierno uruguayo diera a conocer el contrato podría y seguramente sería demandado por Pfizer, además de perder la confianza de los inversores que miran con lupa estos temas. De hecho, esta decisión judicial es una señal de corte negativo para el mundo, en el que Uruguay se posicionaba como un país que controló bien la epidemia, sin desbordes de su sistema de salud y con vacunaciones en tiempo y forma. Ahora somos noticias porque un juez prohibió vacunar a menores.

El hecho de que no sea obligatoria tampoco es un argumento sólido para este juez. De acuerdo a argumentos del juez, “si su cientificidad (la de la vacunación) fuera meridianamente sólida, en buena lógica un gobierno responsable la hubiera impuesto de manera compulsiva”. El razonamiento es al menos tramposo, si se considera que hay varias vacunas no obligatorias que se dan en Uruguay de a miles y que no generan ni recursos de amparo ni sentencias judiciales. La de la gripe es una de ellas, que además cambia cada año en el intento por ser más eficaz ante diferentes cepas; no es obligatoria y nunca ha generado polémica. La del HPV es otra y se administra a adolescentes desde hace relativamente poco tiempo.

Aunque este parece un enfrentamiento entre gobierno y antivacunas, en el fondo la sentencia de la Justicia le pega al frente y al fondo de la ciencia, de los procedimientos científicos y de los expertos nacionales e internacionales que han dado explicaciones sobre vacunas como la fabricada por Pfizer. En Uruguay eso incluye a quienes se convirtieron en referentes técnicos durante los meses de incertidumbre pandémica, quienes de nuevo se manifestaron en estos días en apoyo a este tipo de vacunas.

La vacunación seguramente se retome en unos 10 días, cuando el caso llegue a un Tribunal de Apelaciones que deberá decidir definitivamente, lo que incluye además calificar por qué el juez decidió por sí solo no recusarse como le pedía el Estado uruguayo, algo que resulta al menos llamativo ya que la recusación por sí o por no tiene lógica que la decida un tercero y no el involucrado directo.

Por primera vez en mucho tiempo el sistema político se unió en apoyo a la decisión de este gobierno de dar la posibilidad a que cada persona que así lo decida se vacuna. “Consideramos al igual que nuestro gobierno, un profundo error (el fallo), sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”, transmitió en un escrito el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hace tiempo que oposición y gobierno no se ponen de acuerdo en algo.

Desde hace tiempo se juega al peligroso juego de hablar de judicialización de la política o politización de la Justicia. Casi nadie esperaba que hubiera lugar para judicializar la ciencia que es lo que, a fin de cuentas, logra esta sentencia. Por más transitoria que sea, abre demasiadas puertas con destinos inciertos.