Lista de Recarey en gremio de jueces pide a la Suprema Corte no condenarlo "al grito"

El investigado es vocal de la lista 1994, que es minoritaria dentro de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). El líder de esa lista, el juez de Concurso Leonardo Méndez, dijo a El Observador que esperan, como en todos los casos, que tenga "las garantías necesarias a su alcance y que no se hagan presiones desde fuera del sistema para generar una suerte de condena al grito". 

Luego de que Álvaro Delgado tildara de "disparate" el fallo de Recarey y que Fernando Pereira lo considerara un "profundo error", la lista había sacado un comunicado interno en el que expresaban su "profunda preocupación por las expresiones de actores públicos de primera línea que, debido a su tenor, significan una agresión a la independencia del Poder Judicial y en definitiva a la separación de poderes, al desconocer la independencia técnica de sus magistrados". 

Eso hizo que la lista oficialista (la 1) comandada por la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia Beatriz Larrieu emitiera un comunicado en el que manifestaban que la oposición estaba queriendo marcar perfil de cara a las elecciones internas. Consultada sobre si evaluaban pronunciarse sobre la investigación a Recarey, Larrieu dijo a El Observador que "no se ha planteado hasta el momento" la cuestión. 

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Méndez insistió en que "la crítica a los fallos es lo que el juego democrático admite" y que "el asunto es cuando se va directamente a la presión del juez como persona, porque ahí sí es donde se afecta la independencia técnica". "Nosotros como lista nos hemos expresado sobre el caso del compañero Recarey, no por el fallo porque eso no nos compete a nosotros, porque nuestra labor es gremial y ya se pronunció sobre el tema quien corresponde (...) Nosotros en su momento, ante dichos muy fuertes de integrantes de primera línea del sector político, lo que reclamamos era justamente que se respetara el espacio del magistrado para la libre decisión en el ejercicio de su función", agregó. 

Ante la intervención de la Corte, que es el órgano competente para el ejercicio del poder disciplinario, piden que "se tomen todas las garantías del caso y que el compañero, como todos los jueces que son sometidos a investigaciones administrativas o sumarios, tengan las garantías necesarias a su alcance y que no se hagan nuevamente presiones desde fuera del sistema para generar una suerte de condena al grito".