La LUC y la prédica anti reforma

En ese sentido, vale la pena reflexionar sobre el tema, aprovechando la perspectiva que adquieren los acontecimientos con el paso del tiempo, un buen aliado de la verdad.

Desde la vuelta a la democracia, en 1985, la gestión de las empresas públicas ha estado en el candelero y con ello, siempre en controversia las políticas públicas tendentes a una mejor calidad de los bienes y servicios en manos del Estado. Y con ello va de suyo el manejo responsable de las cuentas públicas que se refuerza en la LUC.

La organización del Estado, en una economía de mercado, es desde hace 36 años una de las principales piedra de toque de las reformas debido a la influencia de la ruta batllista del siglo XX, que terminó formando parte de la identidad.

El eslogan “como el Uruguay no hay” es una guiñada a un modelo estatista que determinados grupos ven con nostalgia, un estado de ánimo que es aprovechado por entidades corporativas que se favorecen del statu quo o sectores políticos que se aprovechan electoralmente de las circunstancias.

Es comprensible que un contexto que impone dinámicas de cambio y una experiencia de la globalización que, siendo clave, no favoreció a todos, despierte inseguridades y temores en una parte importante de la ciudadanía que cree, equivocadamente, que el Estado genera riqueza y es un buen asignador de recursos.

Las falsas ideas en torno a los supuestos beneficios de la intervención de la economía son alimentadas por líderes de opinión y políticos que han convertido en una quimera las urgentes reformas en pos del bienestar del conjunto de la sociedad.

No se conoce ningún modelo exitoso donde el Estado gestione una compañía de aviación o explote en régimen de monopolio la telefonía celular o el de los seguros, como muchos reclamaron en el pasado, ni tampoco los combustibles fósiles, como otros tantos defienden hoy.  

Lejos de consagrarse una pérdida de soberanía, las reformas liberales de la historia reciente han significado que los uruguayos tengan más poder de decisión y hayan mejorado su calidad de vida. 

El mejor ejemplo liberal en este combate en el plano de las ideas, es el múltiple impacto favorable que tuvo la reforma del puerto, impulsada y aprobada en 1992 durante la Administración de Luis Alberto Lacalle.

La histórica ley, que convirtió al sector privado en el principal prestador de servicios en la terminal de Montevideo, dejando a la administración pública más como un acto regulador, significó el fin de una operativa deplorable en casi toda la cadena portuaria. Desde entonces, el sector tuvo una mejora descollante en eficiencia y competitividad, y se registró un inédito nivel alto de inversiones privadas.

El Puerto de Montevideo, un hub regional que, si bien debe seguir mejorando, ha sido clave para los sectores exportadores, antes presos de los servicios de estiba terrestre, en manos del Estado, y de un grupo cerrado de estibadores, controlado por los sindicatos.

La dinámica portuaria es una prueba de los beneficios de las reformas que nuevamente habrá que salir a realizar y a defender.