Recetas equivocadas. Editorial de El Observador
Los presidentes de izquierda Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia), que llegaron al poder por el enojo de la ciudadanía con sus gobernantes tradicionales o de derecha, enfrentan una realidad esquiva por equivocados proyectos socioeconómicos intervencionistas, que, a nuestro juicio, empeoran las cosas.
Boric, fiel representante de la generación que protagonizó un breve pero grave estallido social, en octubre de 2019, registró en julio pasado una desaprobación de 62%, según varias encuestas.
Un malestar social por la inseguridad pública y problemas de la economía, que también se alimenta del proyecto de reforma de la carta magna, redactado por una Convención Constitucional, que identifica al presidente, sería rechazada en el referéndum previsto el próximo mes, de acuerdo con sondeos.
En ese escenario, el gobierno izquierdista presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria, que incluye beneficios a la actividad minera y un impuesto a la riqueza, para financiar la ampliación de los derechos sociales, en línea con un ambicioso plan de protección social que Boric prometió durante la campaña electoral. Se estima una recaudación equivalente al 4,1% del PIB en cuatro años, en medio de una incertidumbre económica.
Por el lado del novel presidente colombiano, que asumió el domingo 7, aunque exhibe un talante menos radical del que se suponía, su plan fiscal y otros planteos económicos provocan ruido entre empresarios e inversionistas, aunque se reconoce la necesidad de combatir la pobreza y la desigualdad.
El proyecto de ley de reforma tributaria busca recaudar US$ 5.800 millones adicionales el próximo año –alrededor de 1,7 % del PIB– mediante un aumento de impuestos al 2,4 % de los más ricos, un gravamen a la riqueza sobre ahorros y propiedades a determinadas fortunas, así como otro del 10 % a las exportaciones de petróleo, carbón y oro cuando sus precios sobrepasen determinadas referencias internacionales.
Las inquietudes en torno a ello son más que comprensibles. Aumenta la carga impositiva, pero sin revisar el gasto del Estado –se proyecta un déficit anual de casi 5,6% del PIB–, que sobrepasa la regla fiscal en dos puntos porcentuales.
Petro parece tener buenas intenciones de resolver problemas socioeconómicos estructurales, pero con una mentalidad latinoamericana demodé por su probado fracaso. Por ejemplo, en un discurso reciente ante empresarios, defendió un modelo de industrialización con más intervención del Estado porque “si se deja actuar libremente al mercado, nos extinguimos”.
El presidente colombiano no parece estar pensando en un Estado que, a través del control o la regulación, garantice el desenvolvimiento transparente del mercado, sino más activo en tareas propias del sector privado.
Boric y Petro, y probablemente Luiz Inácio da Silva, en las próximas elecciones en Brasil, consolidan un “arco progresista” en la región, impulsado por crisis económicas –que se reflejaron en la pobreza y en más dificultades del defectuoso Estado de bienestar–, acrecentadas por la pandemia y exacerbadas aún más por las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Pero de ello no se sale solo con buena voluntad y, menos todavía, con más intervención del Estado y presión fiscal, sino sacando buenas lecciones de la trágica historia económica de la región.