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La OIT pide que se “revisen” los artículos de la LUC sobre piquetes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió ante el Parlamento que se “revisen” los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos a los piquetes porque considera que son “muy amplios y abiertos” y que, por lo tanto, podrían “terminar aplicándose en un sentido restrictivo”.
El especialista en normas internacionales del trabajo de la OIT, Humberto Villasmil, aseguró que de aprobarse el proyecto tal y como está, la posibilidad de manifestarse a través de un piquete de huelga “se reduciría sensiblemente”.
“A nuestro entender, con esto se aparta –aquí sí– del criterio de los órganos de control de aplicación (…) Se trata de tipos normativos que consideramos muy amplios –nos referimos a los artículos 492, 493 y 494–, que podrían justificar limitaciones a los piquetes que excederían los criterios recomendados por los órganos de control de la OIT”, dijo Villasmil ante la comisión del Senado que estudia el proyecto según consta en la versión taquigráfica del jueves 21.
Los tres artículos mencionados se encuentran dentro del capítulo I de la sección Otras Disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración y declara, entre otras cosas, ilegítimos los piquetes realizados en “espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”.
Además, permiten el uso de la fuerza pública para disolverlos y establece que el Ministerio del Interior “dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. La intervención de la autoridad competente, dice el proyecto, se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad y permite en caso de detectarse hechos de “apariencia delictiva” detener a los presuntos infractores.
Villasmil, en representación de la OIT, pidió en la comisión que estas disposiciones se revisen en consulta con los “mandantes tripartitarios”. “En ese sentido queremos reiterar que el criterio de legitimidad de los piquetes en el entender de los órganos de control tiene que ver con el carácter pacífico de la huelga”, aseguró.
Para defender el proyecto, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, aseguró que no se trata de declarar ilegítimos los piquetes de huelguistas sino que el texto apunta, según la versión del senador, a los piquetes que impidan u obstaculicen la circulación y, por eso, el legislador aclara que no están junto con otros artículos que se refieren a la huelga y las ocupaciones.
“Está pensado para situaciones en las cuales ciudadanos, vecinos, enojados por un problema de seguridad, por un problema de falta de energía eléctrica, por un problema social, por el que sea, interrumpen el tránsito en una ruta, la circulación por una avenida, y de ese modo violentan un derecho de los otros: el de circulación”, dijo el senador blanco en la comisión.
Sin embargo, ya existe un decreto, firmado por el expresidente Tabaré Vázquez en marzo de 2017, que contempla las situaciones que plantea el senador blanco. Ese decreto establece que el Ministerio del Interior dispondrá de medidas a efectos de “preservar el uso público de calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o irrumpir por personas, vehículos u objetos”. Ese texto, además, deja por fuera expresamente los piquetes organizados por organizaciones sindicales.
Además, Gandini adelantó que propondrá cambiar el verbo “afecten” en el artículo 492 por “impidan”. Con ese cambio, el texto declararía ilegítimos los piquetes que “impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios”.
Para contrarrestar esta posición, el senador del Frente Amplio Oscar Andrade aseguró que están para discutir lo que está escrito y que el texto dice “afecten”. “Cuando tengamos un artículo distinto, opinaremos sobre el distinto. El que tenemos dice «afecten», y trabajadores con una pancarta afectan, en una mirada amplia, donde sea que se manifiesten”, puntualizó.
El experto de la OIT, en tanto, respaldó la decisión del gobierno de hablar del “derecho pacífico de huelga” y de asegurar la posibilidad de circulación de los no huelguistas y los dueños de la empresa. “La mención al carácter pacífico de la huelga resulta plenamente conforme con la doctrina de los órganos de control de la OIT”, dijo en referencia al artículo 398 del proyecto que habla la “Libertad de Trabajo y derecho de la dirección de la empresa”.
La OIT venía desde hace años reclamando que el gobierno contemple los derechos de los empresarios y los trabajadores no huelguistas en el marco de una ocupación. Eso también generó un cruce entre Andrade y Gandini ya que el primero entiende que en ese artículo se habla de huelga, y no de ocupaciones, porque el Poder Ejecutivo no quiere reconocer esa medida como una extensión del derecho de huelga, como sí lo hace la la organización internacional.
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Comité de expertos tripartito
El representante de la OIT también realizó algunas puntualizaciones sobre la conformación del comité de expertos que propone la LUC par reformar la seguridad social. “Las normas de la OIT recomiendan el fortalecimiento de la gestión tripartita de los programas de seguridad social. Los gobiernos no pueden ocuparse solos de este tema”, dijo el representante del organismo en el Parlamento.
Según el memorándum elaborado por la OIT y que Villasmil leyó ante los legisladores, “el éxito de las reformas depende del consenso entre los interlocutores sociales y la amplia aceptación social, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades comunitarias y locales”.
En ese contexto, el experto de la OIT pidió que “se considere agregar” tres literales en el artículo que crea el comité. Uno que haga referencia a que las recomendaciones que de allí salgan sean “concordantes” con los tratados y convenios internacionales suscriptos por Uruguay en la materia, otro que haga referencia directamente al principio de solidaridad de estos sistemas y un tercero que “establezca la participación de los involucrados en la gestión tripartita del sistema de seguridad social. Es decir, trabajadores y empresarios además del gobierno.
