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Ocupaciones, una historia sin fin
Las ocupaciones enfrentan desde hace años a los actores del trabajo y fue motivo de una queja internacional de los empleadores, que aún no se resolvió
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05 de noviembre de 2017 a las 05:00
En 2006 el Poder Ejecutivo que entonces comandaba Tabaré Vázquez en su primer período de gobierno redactó el decreto 165, que incluyó a la ocupación como una modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Y ese decreto, aún vigente, es uno de los pilares de una disputa entre gobierno, empresarios y sindicatos que traspasó fronteras y llegó hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace más de siete años.
La diferencia central se basa en esa definición de la ocupación, porque no hay dudas de que la huelga es un derecho. La Constitución, en su artículo 57, la reconoce como un “derecho gremial” y agrega que “sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”. Pero el mismo rango de constitucionalidad tiene el derecho al trabajo y el de propiedad. Y el sector empresarial no está de acuerdo en que la ocupación sea considerada una extensión de la huelga, puesto que cercena el derecho de los no huelguistas a trabajar y el de los propietarios a ingresar a las instalaciones donde funcionan sus firmas durante la medida. Por tanto, sostiene que es una medida inconstitucional y por tanto ilegítima. Esa postura recibió el respaldo del organismo internacional que regula el trabajo, pero lo hecho por el gobierno para atender las recomendaciones todavía no conforma y, de ser incumplidas, podrá acarrear consecuencias graves para la reputación del país.
En setiembre de 2008, en medio de negociaciones en los Consejos de Salarios, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines ocupó más de 100 fábricas por un día. La medida era frecuentemente utilizada en esos años por varios sindicatos como herramienta para apalancar sus reivindicaciones, basándose además en el sustento de extensión de la modalidad de huelga.
El decreto de 2006 y la Ley de Negociación Colectiva aprobada en 2009 fueron dos normativas resistidas por los empleadores, y el puntapié inicial de una historia que todavía continúa.
En 2009, la Cámara de Industrias (CIU) y la Cámara de Comercio presentaron una queja ante la OIT contra el decreto de las ocupaciones y algunos artículos de la ley. El escrito empresarial incluía 13 puntos. Al año siguiente, el Comité de Libertad Sindical del organismo emitió una recomendación al gobierno con ocho capítulos. Uno de ellos se refería a las ocupaciones. Allí, se expuso que: “El ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. El gobierno debe velar por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la práctica”. A partir de ese pronunciamiento las cámaras empresariales comenzaron a exigirle al gobierno que cumpliera con las sugerencias del organismo internacional. Pero eso, hasta ahora, no ocurrió.
En 2013, la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en una denominada “lista negra” integrada por países que no respetan derechos laborales y libertades sindicales, con base en la queja de los empresarios uruguayos. Sin embargo, el gobierno logró frenar ese paso al apelar al argumento de que Uruguay tenía “un alto nivel” de diálogo social.
Los casos de los países que integran ese listado y la posibilidad de incluir nuevos forman parte de la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se realiza todos los años.
La recta final
Con el cambio de gobierno y el comienzo del segundo mandato de Tabaré Vázquez como presidente en 2015, las cámaras empresariales decidieron otorgar plazo a la nueva administración para que aplicara las recomendaciones de la OIT.
En diálogo con El Observador el presidente de la CIU, Washington Corallo, recordó que luego de la asunción las dos cámaras se reunieron con el mandatario y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para manifestarles su intención de conceder ese plazo. “Pasaron 900 días; nadie puede decir que no se le puso buena voluntad, que no se propuso tener un buen diálogo”, expresó el industrial.
Fue así que a comienzos de este año, las dos gremiales entendieron que el plazo concedido se había terminado. Y reavivaron la queja ante la OIT. Por su parte, desde fines del año pasado el Ministerio de Trabajo elabora propuestas para alcanzar acuerdo entre los empresarios y el PIT-CNT, donde se incluían aspectos vinculados a las ocupaciones y los piquetes.
En uno de los puntos de un último escrito redactado en marzo se expresó que en casos de ocupación y piquetes, esa cartera –y eventualmente el Ministerio del Interior– tendrá la facultad de intimar en un plazo perentorio de 24 horas (salvo prórroga por acuerdo de partes) el cese de las medidas y el apercibimiento del eventual uso de la fuerza pública.
Además, refiriéndose a los piquetes, estableció que los “dispuestos como medida gremial por trabajadores y sindicatos, como por empleadores y sus organizaciones, deberán efectuarse pacíficamente, sin perturbar el orden público y permitiendo la libre circulación de personas y bienes y el derecho al ingreso en empresas o instituciones públicas”.
También, había varios puntos referidos a otras recomendaciones de la OIT. Con la 106ª Conferencia Internacional de Trabajo –que se efectuó en junio– encima, y con ese documento como base, el gobierno logró acordar que las cámaras dejaran en suspenso el pedido de revisión de la queja. Los empleadores, que tenían la potestad de pedir el tratamiento del caso de Uruguay –con lo que el país podría ingresar a la “lista negra”–, accedieron al pedido del gobierno, que envió las propuestas y durante la conferencia en Ginebra quedó establecido que la OIT enviaría sus comentarios.
La respuesta llegó hace poco más de una semana y allí el organismo internacional mantuvo la postura de que debe respetarse el trabajo de los no huelguistas y permitir el ingreso de directivos a las instalaciones de la empresa durante una ocupación. Señaló que el gobierno en las propuestas enviadas no prevé explícitamente el respeto al derecho de los trabajadores no huelguistas.
Ante la llegada del documento el PIT-CNT se pronunció. El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo que ese dictamen solamente lo pudo haber tomado alguien “sentado detrás en un escritorio” y que “nunca estuvo cerca de una fábrica” ocupada. Además, el PIT-CNT mantiene la posición de que la ocupación es una extensión del derecho de huelga.
Y las controversias siguen. “La huelga es un derecho y eso jamás lo hemos puesto en tela de juicio; es un derecho que tiene que ser respetado y cumplido por todas las partes. La ocupación no es una extensión del derecho de huelga”, dijo por su parte Corallo a El Observador.
El ministro Murro también tiene posición formada. En un panel sobre mecanismos de prevención de conflictos realizado luego de la conferencia de Ginebra y mientras el gobierno esperaba la resolución de la OIT se refirió a la huelga.
“En Uruguay, el derecho de huelga es constitucional, que además nosotros defendemos específicamente. El tema es que acá se ha entreverado otra discusión, internacional, y es que los empresarios en la OIT no quieren reconocer el derecho de huelga, como sí se reconoce y está vigente y lo defendemos en Uruguay”, afirmó.
“Si queremos que el derecho de huelga no exista, en Uruguay va a existir, por lo menos mientras esté esta Constitución y esperemos que la respeten todos los gobiernos, cualquiera sea”, añadió el jerarca. Por último, manifestó que las recomendaciones de la OIT sobre las ocupaciones estaban contempladas en dos de los puntos de la propuesta de marzo, descritos anteriormente.
Ahora, comenzará otra serie de reuniones e intercambios entre las partes para una nueva búsqueda de acuerdos. El PIT-CNT ya rechazó el documento de la OIT, por lo tanto el escrito no tendrá el consenso de las tres partes involucradas.
Además, el lunes 13 llegará a Uruguay el director general de la OIT, Guy Ryder. Para esa ocasión, además de contactos del jerarca con representantes del gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT tienen previstas reuniones con él.
Ya van 11 años de la aprobación del decreto sobre las ocupaciones y la disputa se mantiene. Por tanto, esta historia continuará.
“La posición del gobierno sobre las ocupaciones es ideológica”
Nelson Larrañaga, experto en derecho laboral se refirió al tema.
¿La ocupación es una extensión del derecho de huelga?
No, no lo es. La huelga es abstención de trabajar decidida por el colectivo de trabajadores con una finalidad reivindicativa. La huelga implica no hacer. La ocupación y los piquetes implican una actividad de hacer; hay una diferencia en esencia entre la huelga y la ocupación y los piquetes. Son cosas esencialmente distintas. La huelga sí está reconocida en la Constitución, la ocupación y los piquetes no. Por tanto en ningún caso constituyen derecho. Lo que pasa es que como el único reconocido es el de huelga se quiere hacer entrar otras medidas gremiales dentro de ese concepto de huelga. Pero jurídicamente no es correcto.
¿Por qué el gobierno entonces señaló la ocupación como una extensión del derecho de huelga en el decreto de 2006?
Es una posición ideológica, de favorecer al sector trabajador y hacer entrar una actividad en un concepto que la mayoría de los expertos en relaciones laborales entienden que es un concepto estricto. Además, la otra circunstancia es que si se hace huelga en sentido estricto, está legitimado por la Constitución; si se hacen ocupaciones y piquetes además se está dañando los derechos y las libertades de otro (como el derecho al trabajo o la propiedad). No hay postura técnica que sostenga o justifique esa posición del gobierno. El decreto, en realidad, es inconstitucional en la medida en que hace ingresar dentro de la huelga actividades que no lo son y además reconoce la ocupación como un supuesto derecho, esa es la raíz de la inconstitucionalidad. Lamentablemente el gobierno no ha escuchado los aproximadamente 40 fallos de la Justicia que han dicho que la ocupación y el piquete son medidas ilegítimas. Si la Justicia lo dijo, no se sostiene el decreto con esa posición ideológica.
Igualmente, usted no está de acuerdo con lo que dice la OIT sobre el ingreso de no huelguistas y directivos de la empresa a las instalaciones de la empresa durante la ocupación. ¿Por qué?
Hay que ir un paso para atrás. El dictamen de la OIT al decir que se debe permitir el ingreso de no huelguistas y directivos de la empresa está asumiendo que la ocupación y también el piquete son medidas legítimas. Si no es legítima ya sé que las consecuencias son que no dejen entrar. Entonces la OIT dice que tienen que dejar entrar. Y es impracticable porque alcanza haber vivido una ocupación o piquetes; no es real que puedan entrar a trabajar. Tenemos múltiples constataciones notariales con escribanos donde se les pregunta a los ocupantes si los trabajadores pueden entrar. Y terminantemente en todos los casos han dicho que no. La posición de la OIT es impracticable. Y tampoco estoy de acuerdo en que presuponga que esas actividades de ocupación y piquetes sean legítimas.
¿Cree que es posible acercar a las partes para buscar una solución?
Las posiciones no son conciliables. La central sindical sostiene que tiene derecho a hacerlo, los empresarios dicen que no, y el gobierno dice que sí, pero respetando los mecanismos de prevención de conflictos. Esos mecanismos están establecidos en los acuerdos de los Consejos de Salarios. En la ronda de 2015-2016, el 85% de los acuerdos incluían cláusulas de prevención y solución de conflictos. Eso ya está establecido, ya está instalado en la cultura de las relaciones laborales. El tema es que se cumpla con esas etapas establecidas en el convenio. Y lo segundo que no se llegue a esa medida extrema una vez agotados esos mecanismos. La posición del gobierno de buscar mecanismos preventivos de conflicto está bien. Pero no puede ser que siga vigente el decreto.
