La reforma imposible

Las consecuencias políticas de cualquiera de esos resultados no serán inocuas, no solo para la ley, sino para la gestión del gobierno y probablemente para la próxima elección nacional.

Lo más notable es que la idea del referéndum era algo que el Frente Amplio no estaba muy dispuesto a impulsar y, en un primer momento, las principales figuras del PIT-CNT tampoco. La piedrita que generó la avalancha fue movida por el sindicato de Ancap, Fancap, que se sintió agraviado por las modificaciones que la ley establecía a la fijación de los precios de los combustibles, basándose en la paridad de precios de importación, lo cual quitaba autonomía a la empresa y al gobierno para jugar con la tarifas de los combustibles en función de conveniencias políticas o de las necesidades de caja del gobierno central. A ello Fancap lo llamó “desmonopolización del mercado de combustibles” y alertó sobre la posible desaparición del ente autónomo, que hoy realiza bastantes cosas más que refinar petróleo y que son la causa de los recurrentes problemas financieros.

Al principio, Fancap tuvo escaso eco. En el PIT-CNT no había ambiente. Además no se sabía si ir contra toda la ley o contra algún punto muy claro que se pudiera identificar. La propia temática, muy diversa, de la ley lo hacía difícil. En el Frente Amplio tampoco había ánimo de impulsar el referéndum. Hasta que finalmente el senador Oscar Andrade le dio su voto positivo y el proceso se puso en marcha. Costó seleccionar los artículos objetados y en todo ese proceso se perdieron seis de los doce meses que la Constitución prevé para presentar el recurso. O sea, quedaban seis meses para juntar las firmar en una situación de pandemia creciente, con dificultad de realizar actos y en un marco de alta aprobación del gobierno del presidente Lacalle Pou.

El camino era cuesta arriba pero había un terreno fértil. La ley tocaba dos temas muy sensibles a los sindicatos y también sensibles a buena parte de los uruguayos: la participación sindical en los órganos de la enseñanza primaria y secundaria y modificaciones, si bien menores, en ese tótem que son las empresas públicas. Al cambio en el régimen de la fijación de precios de los combustibles, se agregó algo muy elemental como el establecimiento de la portabilidad numérica en los celulares, de modo que cada cliente pudiera cambiar de compañía conservando su número.

Esto es algo absolutamente común en el mundo pero aquí desató las iras del sindicato de Antel, que anunció la desaparición del ente en manos de las multinacionales Movistar y Claro, aunque no se sabe por qué, ya que Antel obtuvo la mayor participación de mercado desbancando a Movistar hace ya muchos años. Y el ingreso de Claro no cambió esa posición. Claro sigue en tercer lugar desde que ingresó al mercado. 

Lo que resulta evidente es que cualquier ley que toque algún privilegio, o no solo privilegio sino forma de actuar de las empresas públicas para fomentar eficiencia, mejores precios, mejor servicio al cliente será objeto de una dura resistencia por parte de gremios que se han atribuido el papel de defensores del patrimonio nacional, lo cual suele llevar enormes privilegios para sus empleados, que no tienen sus iguales en el sector privado. Ello quedó demostrado en la ley de Presupuesto cuando se dio la batalla por las licencias médicas, que alcanzan un promedio de 38 días en el Estado.

Por alguna de estas razones es que cuando hay vacantes en algún organismo estatal se postulan decenas de miles de personas para apenas decenas o cientos de cargos.
Habrá que esperar el resultado del referéndum pero da la impresión de que es tremendamente difícil realizar reformas que toquen el sector público, los privilegios de sus funcionarios y las empresas públicas, aunque sea mínimamente y para racionalizar y mejorar el funcionamiento. 

Ni siquiera un pacto interpartidario, como el que dio origen a la ley de desmonopolización de Ancap de 2002, en cuya elaboración y votación participaron los senadores Astori y Rubio, pudo evitar un referéndum y la consiguiente derogación de la ley.

Quizá algún día, por avances tecnológicos, vayan cayendo privilegios y monopolios de empresas públicas, y estas deban competir; como, por cierto, compite Antel. Y si queremos un botón de muestra, en Alemania se acaba de anunciar que en 2035 no circularán más automóviles con motores a combustión. Si ello ocurre en Uruguay, la desgracia de Ancap ¿será la gran oportunidad de UTE o habrá competencia privada? Quizá haya que hacer un referéndum.