De cómo oponerse haciendo que se dialoga

La reforma educativa ha estado en la agenda pública desde hace años. Y fue el entonces presidente Mujica quien, en su discurso inaugural, intentó convertirla en una de las banderas de su programa de gobierno. “Educación, educación, educación”, remarcó por si había algún distraído. Y acto seguido convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a trabajar en una comisión al respecto. La comisión lo hizo y hubo acuerdo en 90% de los temas. Sin embargo, la oposición de los gremios docentes fue tan grande que no hubo manera de llevarla a cabo. Mujica tuvo que conformarse con la creación de la UTEC. Tabaré Vázquez tuvo dos experiencias. En su primer período logró implementar el exitoso Plan Ceibal, realizándolo por fuera del sistema educativo y poniéndolo en manos del LATU.

Cuando quisieron acordar los gremios docentes, las “ceibalitas” estaban en manos de estudiantes y sus familiares y no había marcha atrás. En su segunda presidencia, Vázquez se propuso cambiar el ADN de la educación. Tuvo que abandonar su propósito a menos de seis meses de iniciado su gobierno. Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, encargados de la reforma, cayeron luego de la huelga docente y el intento de declarar la esencialidad de educación.

Han pasado pues más de 10 años sin avances. Ahora el gobierno intenta implementar reforma del curriculum y del estatuto docente y se encuentra con una formidable oposición gremial que se enfoca en el presidente de la ANEP, Robert Silva. Cuando Silva propone diálogo, recibe agravios, pedradas e insultos. Mala señal de parte de quienes están a cargo de la educación. Aquí no hay ni siquiera diálogo.

Con la seguridad social, reforma que todos estiman necesaria, pasa algo curioso. Opiniones hay muchas y del anteproyecto al proyecto presentado por el gobierno ya hubo cambios. El problema es que sería importante contar con el apoyo de la oposición. Intentos de diálogo hubo. Se nombró una comisión de expertos con representación pluripartidaria. No hubo acuerdo ni en el diagnóstico. Tampoco en las recomendaciones. El PIT-CNT hizo paros generales antes de conocer el proyecto y por supuesto luego de conocerlo. Y seguro va a hacerlos cuando se apruebe.

Entendiendo la necesidad de aportar algo que se ve como necesario, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostiene que su partido está de acuerdo con hacer una reforma pero propone una reforma “global”. Según Pereira, “esta es una reforma previsional pero no de la seguridad social, que no toma en cuenta la protección social, la inequidad de género, la edad de las personas al jubilarse de acuerdo a la profesión, las dificultades de los contextos socioculturales y, fundamentalmente en la niñez, la falta del sistema de cuidados que recae sobre la mujer, no se está tratando de protección social, sino simplemente de cómo se equilibran las cuentas”.

En definitiva, Pereira está oponiéndose a este proyecto de reforma porque no toma en cuenta temas que no han estado en la agenda de nadie. Ni de pasados gobiernos del FA ni del actual.

Lo que propone Pereira es parte de un programa de gobierno pero el FA hoy por hoy no lo es. Hoy el tema es hacer sustentable el actual sistema al igual que en 1996 se hizo una reforma que, con la introducción de las AFAP en el marco de un régimen mixto, permitió evitar la catástrofe que se avecinaba entonces.

Introducir las reformas que propone Pereira será tarea de otro gobierno. Y deberán someterse a juicio de la ciudadanía en el programa de gobierno. Lo mismo con la financiación, que, aunque Pereira no lo dice explícitamente, parece apuntar a incrementar impuestos. Algo que hoy por hoy no parece estar en la agenda de ningún partido. No lo estuvo en la segunda administración de Tabaré Vázquez y tampoco en la administración Lacalle, aunque luego haya habido algunos pequeños cambios impositivos. Pero nada de una gran reforma impositiva para financiar el tipo de propuestas del presidente del FA.

Lo que sí preocupa es que toda medida que adopta el gobierno acaba en referéndum contra una ley (como ocurrió con la LUC) o en un plebiscito para reformar la Constitución, como ya se está proponiendo para derogar esta reforma previsional.

En Uruguay no existe la grieta que hay en Argentina o la que dio origen a las revueltas en Chile. Pero es tremendamente difícil llevar a cabo aquellas reformas estructurales mínimas que son necesarias para lograr salir de ese crecimiento tendencial del 2 o 2,5% anual. Pasadas las tres inversiones en plantas de celulosa y el viento de cola en las materias primas que tanto ayudaron a principios de este siglo, si Uruguay no se incorpora de lleno a la sociedad del conocimiento, será muy difícil, por no decir imposible, crecer a un ritmo mayor y ofrecer un buen horizonte de trabajo para las nuevas generaciones, reduciendo la pobreza y eliminando la exclusión social. Eso exige reforma y diálogo sincero. Implica acuerdos mínimos en áreas vitales. De lo contrario, no hay futuro.