La transparencia del financiamiento sigue en el debe en una campaña que ya empezó

La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos –que había sido aprobada en noviembre de 2017 en el Senado– descansó durante gran parte del año en una comisión especial en Diputados y naufragó luego que Darío Pérez anunciara que la “clavaría al ángulo” y se retirara de sala dejando al Frente Amplio sin mayoría. Para el oficialismo, la aprobación de este proyecto era el “broche de oro” respecto a la transparencia, según dijo el diputado Alfredo Asti.

Los controles que no estarán

La rebelión de Pérez supone que los partidos y sectores no tengan que presentar estados contables ante la Corte Electoral, que puedan seguir comprando y negociando el precio de los minutos de televisión y radio, que no haya topes para los aportes personales, y que siga habiendo aportes tanto de empresas como anónimos.  

Durante la discusión de este jueves, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Óscar Groba, criticó que los canales de televisión cobraron más caro el minuto de publicidad al Frente Amplio que al Partido Nacional en las últimas elecciones y subrayó que la situación se corregiría con la nueva ley, ya que sería la Corte Electoral la que compraría los minutos a un mismo precio para todos.

El proyecto prevé también que entre las 18 y 23 horas de los 30 días previos a la elección, haya diez minutos de publicidad gratuita por hora. La distribución de ese espacio está prevista de la siguiente manera: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% para los nuevos partidos. Esta distribución era rechazada por la oposición, quienes señalaban que favorecía al partido de gobierno y principalmente a sus sectores mayoritarios.

La ley vigente no establece un tope para los aportes personales, por lo que los candidatos pueden destinar el dinero que quieran para su campaña. El proyecto que volverá a discutirse en febrero en Diputados establece que los candidatos a presidente y vicepresidente no puedan donar a sus propias campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 48 mil a valores actuales).

La aprobación de estas medidas que restringen las finanzas de los partidos e imponen un mayor contralor al dinero que circula en el sistema político ubica a la Corte Electoral un rol preponderante, el cual le será imposible cumplir si no se le asignan más “recursos técnicos, humanos y materiales”, ya que según dijeron sus ministros ante los legisladores, solo tienen tres contadores para cumplir esta función.

El texto establece que deberá supervisar las rendiciones de cuentas de cada partido y sector, auditarlas para verificar que no se incumpla ninguna de las prohibiciones y además, tendrá que aplicar las multas correspondientes a quienes se aparten de la norma. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, criticó que no se hubieran realizado modificaciones en comisión y planteó que la ley comience a regir luego del período electoral en julio de 2020.

Además, el proyecto a estudio del Parlamento no incluye ni regula la publicidad en internet, un espacio cada vez más importante y con mayor protagonismo en las campañas electorales.

La ampliación de las declaraciones juradas y las críticas de la Jutep

Los diputados también aprobaron el nuevo régimen de declaraciones juradas de bienes que amplía esta obligación con el objetivo de “brindar mayor transparencia”, incluye a los titulares de las empresas privadas que manejen fondos públicos y establece que las declaraciones de quienes ocupan cargos de mayor jerarquía serán publicadas en el Diario Oficial y en la página web de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, criticó el proyecto y dijo que no fueron convocados a dar sus argumentos. En declaraciones a En Perspectiva, Gil Iribarne señaló que “mantiene una característica que ha funcionado muy mal” y que “aumentar el número de gente que declare no implica que el sistema funcione mejor”.

“Por razones que desconozco hay un apuro que lleva a que el proyecto tenga errores de redacción”, agregó.

El diputado Alfredo Asti dijo que “se priorizó el trabajo interno” para que saliera por “unanimidad en la comisión” ya que “había interés en que se cerrara el año por lo menos con media sanción sabiendo que esto pasa al Senado y allí la Jutep podrá dar su opinión”.