Los aportes en debate: políticos coinciden en que es mejor que el financiamiento lo haga el Estado

Las incendiarias declaraciones de Pablo García Pintos, director del Banco República (BROU) entre los años 2000 y 2005, sumaron una nueva perla al largo collar de cuestionamientos al financiamiento de los partidos políticos, un tema que está siendo atacado desde distintos ángulos por el sistema político, pero aún está lejos de ser resuelto. Una comisión investigadora de Diputados, un proyecto de ley ya aprobado por el Senado y varios debates en ambas cámaras apuntan a mejorar las reglas de juego y evitar conductas reñidas con la ética y cercanas a la corrupción.

Este jueves, luego de que el semanario Búsqueda publicara que cuatro exintegrantes del BROU –entre los que estaba García Pintos– gastaron US$ 21.000 en compras personales con sus tarjetas corporativas entre 2000 y 2005, el exdirector salió a aclarar los tantos en Radio Sarandí, pero la enmienda fue peor que el soneto.

En su intento por justificar una por una las más de cien compras que realizó hace más de 15 años con la tarjeta institucional del BROU, García Pintos confesó que utilizó el plástico para pagar aportes mensuales al Partido Nacional de aproximadamente $ 3.000 cada uno. Sin medir las consecuencias de sus dichos, el veterano exjerarca abrió una caja de pandora que puso a los blancos ante un inesperado problema, pero también movió el foco del debate sobre el financiamiento de los partidos a un eje que aún no ha sido muy discutido, como los aportes de los cargos políticos a sus agrupaciones.

Hasta ahora, los partidos políticos se han nutrido de tres fuentes distintas de financiamiento: por un lado, los montos otorgados por la Corte Electoral en función de los resultados de los comicios; por otro, las donaciones de empresas; y por último, los aportes de personas particulares, entre los que se cuentan los aportes de cada cargo público.

Tanto el proyecto de ley que cuenta con media sanción como la comisión investigadora de Diputados centran su atención a los vínculos entre los partidos y las empresas, pero prestan menos atención a lo que ocurre entre los integrantes de las agrupaciones que, al fin y al cabo, son las destinatarias del botín.

Sin embargo, para dirigentes de los distintos partidos, ese es un punto más que atendible, ya que puede conspirar contra la transparencia del sistema democrático, promoviendo vías alternativas y opacas de obtener dinero para fines particulares.

Uno de los que más ha insistido en los problemas que pueden traer los aportes de cargos políticos es el exsubdirector de la OPP, Conrado Ramos. Consultado por El Observador, dijo que uno de los problemas es que "no conocemos qué porcentaje del presupuesto de los partidos implican estos aportes".

"Conocemos el problema pero no su dimensión", señaló Ramos, excandidato a vicepresidente del Partido Independiente.

Ramos ve con preocupación la inclusión de un artículo en la nueva ley de financiamiento que, a su juicio, "institucionaliza" los aportes partidarios. El primer artículo del proyecto, ahora en manos de Diputados, establece que "las autoridades nacionales de los partidos políticos podrán establecer una contribución especial para su financiamiento, a cargo de las personas que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza". Esa contribución "no podrá superar el 15% de la retribución líquida" que perciba la persona.

Según Enrique Pintado, senador de Asamblea Uruguay y uno de los impulsores del proyecto, la norma expresa que "los partidos tienen derecho a descontar hasta el 15% de las retribuciones, salvo expresión contraria".

Ramos, en tanto, afirmó que aunque el texto mejoró respecto a la idea original de hacer obligatorio el aporte (como quería, entre otros, el expresidente José Mujica) se trata de "un incentivo perverso" a aumentar los cargos "a discreción", lo que llevaría a "un Estado compañero".

"No puede ser que ahora lo institucionalicen. Si no se puede prohibir, al menos sería bueno que se definiera un máximo no para el aporte particular, sino para el total que significan los aportes en el financiamiento de cada partido", aseguró.

El expresidente Julio María Sanguinetti, en tanto, dijo a El Observador que "la forma más adecuada para independizar a los partidos es que el Estado haga una contribución importante y que el acceso a los medios sea lo más gratuito posible". Según el exmandatario, "las democracias no tienen por qué ser baratas" si lo que se busca es "independizar a la gente".

"Lo mismo que los sueldos de los funcionarios. No hay nada más popular que decir: 'Hay que ver lo que cobran los ministros'. Y bueno, el tema es si queremos políticos con cierta independencia de criterio o si por el contrario queremos que la política esté dedicada a los ricos o a los vivillos", agregó.

En eso coincide Pintado. "Hay un montón de normas que terminan generando ese problema, y le ponés 'cangrejo' a lo que es 'caballo'. Terminas buscando mecanismos oblicuos de financiación por no asumir el costo político de solventar la democracia", afirmó.