Legisladores brasileños votarán sobre proyecto de ley sobre "noticias falsas"

El Congreso de Brasil está a punto de votar sobre una polémica ley para frenar la difusión de "noticias falsas", que ha suscitado la oposición de Google y otros grupos tecnológicos que están enfrentando leyes más estrictas que rigen su contenido a nivel mundial.

Se espera que el Parlamento vote la próxima semana sobre la medida que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está impulsando a toda velocidad. Su objetivo es atajar la difusión de desinformación, pero sus detractores la tachan de draconiana, precipitada y susceptible de abusos por parte de intereses particulares.

La ley impondría requisitos estrictos sobre la forma en que las compañías tecnológicas tratan los contenidos ilegales y otros contenidos perjudiciales, así como castigos para los grupos que difundan falsedades a gran escala utilizando robots o inteligencia artificial.

Ha provocado un fuerte rechazo de una coalición diversa, que incluye al grupo de presión de compañías tecnológicas como Google y Meta, defensores de la libertad de expresión y miembros de la extrema derecha. Sostienen, de diversas maneras, que el proyecto de ley puede conducir a la censura y que se está aprobando de forma precipitada.

"Una legislación apresurada puede empeorar el funcionamiento del Internet, restringir derechos fundamentales y crear mecanismos que pongan en riesgo el discurso legítimo y la libertad de expresión", dijo Marcelo Lacerda, de Google Brasil, en una publicación en línea.

El cambio en Brasil — uno de los mayores mercados de redes sociales del mundo, con cerca de 165 millones de usuarios, según la compañía de datos Statista — se produce en un momento en que las plataformas digitales enfrentan nuevas leyes que regulan sus contenidos en todo el mundo, con peticiones de gobiernos más autoritarios que plantean dilemas regulatorios. En India, quienes critican las leyes de Internet anunciadas en 2021 alegan que obligarán a las plataformas a retirar contenidos que Nueva Delhi considera polémicos.

Las leyes turcas sobre redes sociales han sido objeto de críticas similares, mientras que algunas plataformas han retirado contenidos de disidentes en Vietnam y Tailandia a instancias de los gobiernos de sus países.

La difusión orquestada de desinformación en redes sociales y apps de mensajería como WhatsApp adquirió muchísimas importancia en Brasil durante la campaña electoral de 2018 de Jair Bolsonaro y su posterior presidencia. Algunos investigadores sostienen que las noticias falsas sobre vacunas y otras medidas sanitarias provocaron miles de muertes adicionales durante la crisis de Covid-19.

La preocupación por este tema se reavivó en enero, cuando miles de partidarios del expresidente asaltaron y vandalizaron las instituciones políticas del país en Brasilia. Muchos alborotadores repitieron falsedades difundidas en grupos de chat de extrema derecha según las cuales las elecciones en las que Bolsonaro perdió frente a Lula en octubre estaban amañadas. Lula y sus partidarios calificaron los disturbios de "intento de golpe de Estado".

Orlando Silva, el legislador designado para presentar el proyecto, dijo: "En Brasil reinan las noticias falsas en política. Están detrás de la caída de las vacunaciones, el aumento de los ataques a escuelas y el intento de golpe de Estado. Tenemos que cambiar el régimen de responsabilidades de las plataformas digitales".

Alencar Santana, legislador del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, dijo: "Las noticias falsas son un fenómeno complejo, pero el proyecto de ley nos ayudará como sociedad a combatir este problema. Es urgente su aprobación".

El núcleo de la legislación, que aún está sujeta a cambios, son los requisitos para las compañías tecnológicas y las plataformas de medios sociales, incluyendo la obligación legal de marcar y eliminar el contenido delictivo.

La ley también responsabilizaría a las plataformas de los daños causados por el contenido de pago, con posibles multas si no acatan rápidamente las órdenes judiciales de retirar las publicaciones.

Los usuarios y grupos que difundan desinformación a gran escala a través de cuentas automatizadas en las denominadas fábricas de noticias falsas podrían incurrir en responsabilidad penal. El proyecto de ley establece lo que podría constituir contenido ilegal, incluyendo los delitos contra "el Estado democrático de derecho, los actos de terrorismo, los delitos de racismo y la violencia contra las mujeres".

Silva, legislador del Partido Comunista de Brasil, expresó: "Si se divulga un hecho que se sabe falso, que causa daño; y si se utilizan a sabiendas robots y fábricas de noticias falsas, se considerará delito con penas que incluyen la cárcel".

La legislación debe ser votada por ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley, un proceso que puede tomar semanas.

Silva, presionado por las preocupaciones sobre las censura, ha retirado una cláusula del proyecto de ley que habría creado una agencia gubernamental para regular las plataformas de Internet.

"El proyecto de ley crea la posibilidad de que el gobierno abuse de su poder, lo que plantea preocupaciones legítimas sobre la rendición de cuentas en situaciones en las que hay disidencia y oposición al gobierno", dijo Bruna Santos, directora del Instituto Brasil del centro de expertos Wilson Center.

Las críticas se han enfocado en una cláusula que les ofrece inmunidad a los políticos electos por sus publicaciones en Internet. Los legisladores defienden la medida como una forma de salvaguardar las libertades políticas en un país que entre 1964 y 1985 estuvo gobernado por una dictadura militar. Los opositores dicen que es una concesión a los legisladores de extrema derecha, que afirman que podrían ser blanco de ataques.

"La inmunidad parlamentaria les da una posición privilegiada a los políticos, que son los principales difusores de noticias falsas", dijo Patrícia Campos Mello, autora de un libro sobre la desinformación de extrema derecha en Brasil.

Hasta ahora, la mayoría de los casos de desinformación han sido tratados ad hoc por el tribunal electoral del país.

La votación plenaria se produce días después de que el Congreso votó a favor de acelerar la aprobación del proyecto de ley saltándose las audiencias de las comisiones. Cuenta con el respaldo del gobierno y de Arthur Lira, el poderoso jefe de la Cámara Baja, por lo que los analistas prevén que la legislación se aprobará, aunque posiblemente con cambios importantes.

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