La Corte de Brasil abrió una investigación contra Google y Telegram por desinformar

La decisión la adoptó el juez Alexandre de Moraes en el marco de una mega causa que lleva adelante desde 2019 sobre noticias falsas y atentado al estado de derecho que involucra a referentes del bolsonarismo y que ahora sumó a Telegram, mensajería digital con sede en Emiratos Árabes Unidos, y a la gigante estadounidense Google.

En su decisión, Moraes señala que la investigación se realizará "frente a los directores y demás responsables" de las empresas que " participaron en la campaña abusiva" contra el texto del Congreso.

El pedido fue realizado por la fiscalía general a raíz de un reclamo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del derechista Partido Progresista, que apoyó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora está enfrentado con la ultraderecha por el proyecto de regular a las redes sociales por evitar que toleren mensajes de odio y violencia.

Según el fallo, Moraes determinó que la Policía Federal actúe durante un período inicial de 60 días para que los mensajes publicados por las empresas en contra del proyecto sean preservados y sometidos a peritajes.

La Policía Federal también puede tomarle declaración a los directivos de ambas empresas, que se posicionaron públicamente contra el proyecto de ley apoyado por parte de la oposición y la base parlamentaria del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las llamadas "big techs" y el bolsonarismo se opusieron a la regulación de las redes sociales en Brasil. Pero Google fue más allá el 1° de mayo al poner en su página inicial un link contra el proyecto de ley y toda su plataforma estuvo direccionada a noticias contrarias a la iniciativa.

"La ley sobre fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil", fue la frase que Google mantuvo durante la jornada para intentar sumar a sus usuarios contra el proyecto de ley. Telegram, por su parte, envió a todos sus usuarios un mensaje afirmando que la ley "termina con la libertad de expresión" en Brasil.

El diputado Lira argumentó en su pedido que las plataformas incentivan a los usuarios a presionar a los diputados y promueven una "campaña de desinformación". El reclamo lo aceptó la vicefiscal general de la República, Lindora Araújo, que incluye en su pedido investigar delitos sobre derecho del consumidor y abuso de poder económico por posición dominante.

El origen del proyecto

El proyecto de Ley 2630/2020 fue presentado hace tres años en el Senado para lidiar con la avalancha de desinformación en línea, pero se estancó en la Cámara baja.

Volvió a discutirse después de que partidarios del expresidente Bolsonaro invadieran el 8 de enero las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, supuestamente incitados por desinformación en las redes que afirmaba que el mandatario había perdido la reelección de manera fraudulenta ante Lula da Silva, que acaba de asumir el poder.

Los ataques recientes en escuelas brasileñas, que dejaron varios niños y profesores muertos, también atizaron el debate sobre cómo combatir contenidos extremistas que proliferan en las redes sociales.

El proyecto cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede. Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología, diputados evangélicos y bolsonaristas.

La Cámara de Diputados aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.

La propuesta

Actualmente, las empresas moderan el contenido según sus políticas internas, que se conocen como términos de uso, y también actúan cuando existe una orden judicial.

El Marco Civil de Internet, la ley brasileña que regula la web desde 2014, establece que las empresas no son responsables civilmente por el contenido publicado por terceros, salvo cuando incumplan una orden judicial de removerlo o cuando sean imágenes de desnudez divulgadas sin consentimiento de la víctima.

El texto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia y adoptar mecanismos para combatir los contenidos ilegales sobre siete asuntos: ataques contra el Estado de derecho democrático y las elecciones, los niños y adolescentes, la salud pública y los que configuren violencia contra la mujer, racismo, terrorismo, e incitación al suicidio y a la automutilación.

Esto se aplicaría a las plataformas de redes sociales, de búsqueda o de mensajería instantánea que tengan más de 10 millones de usuarios mensuales en Brasil, como Telegram y Google.

"No se les exigirá que moderen, restrinjan, borren o rotulen todos esos contenidos, sino que demuestren que están haciendo esfuerzos suficientes para quitarlos de circulación", explica Pablo Ortellado, profesor de políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo (USP).

Por ejemplo, con informes semestrales donde detallen "cuántos contenidos removieron, qué equipos reunieron y qué programas diseñaron para combatir esos contenidos", y con la contratación de una auditoría externa, agrega.

El proyecto también establece que las plataformas pueden responder judicialmente por contenidos ilegales publicados por sus usuarios en caso de que sean impulsados como propaganda paga.

Las sanciones van desde advertencias, multas de hasta 10% de su facturación, o la suspensión temporaria de los servicios.

Alegato de las grandes plataformas

Telegram envió esta semana a todos sus usuarios un mensaje en el que advertía que la "democracia está bajo ataque" en Brasil, criticando que el proyecto "permite que el gobierno limite lo que puede ser dicho en línea al obligar a las aplicaciones a remover proactivamente hechos u opiniones que considera 'inaceptables'".

Google, por su parte, afirmó que la propuesta "trae serias amenazas a la libertad de expresión", al responsabilizar a las plataformas por contenidos de terceros, lo que conduciría a una "moderación excesiva".

"Las empresas serían estimuladas a remover discursos legítimos, resultando en un bloqueo excesivo y una nueva forma de censura", escribió el 27 de abril Marcelo Lacerda, director de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google Brasil.

El proyecto no especifica el órgano que supervisará el cumplimiento de la ley, un defecto importante según especialistas. "Debido a las controversias, a las acusaciones de que sería creado un 'Ministerio de la Verdad', retiraron la creación de una agencia reguladora de la última versión", apunta Ortellado. Eso es "peligroso", porque podría justamente caer en manos de algún órgano político y no técnico e independiente, advierte.

Modelo europeo

La propuesta se inspira en la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente aprobada en la Unión Europea (UE).  Esa legislación obliga a las plataformas de redes sociales, los mercados en línea y los motores de búsqueda a reaccionar más rápidamente para eliminar el contenido que se considera que infringe las normas de la UE, y les exige una mayor transparencia de sus algoritmos y sistemas de recomendación.

(Con información de AFP)