También se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias y de los bienes de los imputados para reparar los daños a la propiedad pública.

Mundo > BRASIL

Allanan las propiedades de 22 empresarios bolsonaristas por el fallido golpe de Estado brasileño

Los empresarios están acusados de financiar a los manifestantes que invadieron la sede de los tres poderes en Brasilia. Ya suman 550 los imputados en la mega causa que sustancia el Supremo Tribunal de Justicia
Tiempo de lectura: -'
12 de mayo de 2023 a las 15:41

La Policía Federal de Brasil allanó en los estados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso del Sur 22 propiedades de empresarios acusados de financiar la movilización de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que invadieron la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero con el objetivo de alentar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los procedimientos se concretaron por orden del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en el marco de la llamada operación Lesa Patria, mega causa en la que están procesados hasta el momento 550 de los 1.390 imputados de haber participado en la intentona golpista una semana después de la asunción del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El máximo tribunal del país también ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias y de los bienes de los imputados por un total de 40 millones de reales, unos US$ 8 millones, “para cubrir y reparar los daños provocados a la propiedad pública”, precisó la Policía Federal mediante un comunicado.

Según trascendió en los medios locales, uno de los empresarios investigados es Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña para la fallida reelección de Bolsonaro y la del senador Marcos Pontes, el ex astronauta que fue ministro de Ciencia y Tecnología bolsonarista.

Por su parte, el ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo en una entrevista con el canal Globonews, sin dar muchas precisiones, que "la operación muestra que había personas con doble identidad, como un productor rural que financia actos criminales".

Dino indicó que las investigaciones "no tienen fecha de cierre" y puso como ejemplo el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021, un caso en el que "dos años después aún hay operaciones en curso".

En el marco de los allanamientos, la Policía Federal incautó un arsenal de cinco armas y decenas de municiones en el domicilio de otro empresario investigado por financiar los actos golpistas. El decomiso se realizó en Maracaju, una ciudad de 48 mil habitantes en Mato Grosso del Sur, a 160 kilómetros de Campo Grande, la capital estatal.

El sospechoso en ese caso es Adoilto Fernandes Corone, un empresario que ya había sido señalado como financista de las protestas por la Fiscalía General de la República. Otros blancos del operativo serían los llamados CAC, coleccionistas de armas, tiradores o cazadores deportivos, de acuerdo a la cadena TV Globo.

En esta fase, la investigación apunta a encontrar a los que financiaron los campamentos frente a los cuarteles del Ejército en Brasilia y en las principales ciudades del país para pedir la intervención militar desconociendo la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 contra el presidente Lula.

El expresidente Bolsonaro declaró el mes pasado ante la Policía Federal por haber publicado en las redes sociales un video en el cual pedía la liberación de los detenidos por golpismo y se denunciaba fraude en las elecciones.

Bolsonaro argumentó que publicó el video por error en Facebook porque estaba bajo el efecto de sedantes, cuando se recuperaba de una internación por problemas gástricos durante su estadía de tres meses en los Estados Unidos.

Por el intento de golpe fue detenido y procesado el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien en ese momento era el secretario de Seguridad del gobierno de Brasilia y había ordenado a las fuerzas de seguridad no reprimir a los golpistas que asaltaron las sedes de los tres poderes.

En tanto, el magistrado del supremo tribunal, Alexandre de Moraes De Moraes, quien actúa como juez instructor, ordenó el pase de Torres a un régimen de semiprisión domiciliaria con uso de una pulsera electrónica en el tobillo, al tiempo que le prohibió salir del Distrito Federal, usar redes sociales y comunicarse con otros investigados.

El nuevo régimen para Torres fue resuelto en respuesta a un pedido de sus abogados, quienes destacaron que el exministro sufre un estado de depresión por no haber podido ver a sus hijos ni a su madre enferma de cáncer desde el 14 de enero, cuando fue apresado a su llegada al país procedente de los Estados Unidos.

Los hasta ahora 550 imputados deberán responder por los delitos de asociación delictuosa armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado e incitación al crimen.

Durante el juicio virtual, que duró una semana, votaron a favor de aceptar los cargos el juez relator Moraes, además de sus colegas Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luis Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux y la presidenta de la corte Rosa Weber.

Por su parte, los magistrados André Mendonça y Nunes Marques presentaron divergencias para no aceptar los cargos contra parte de los investigados que acamparon en el cuartel del Ejército en Brasilia, pero no participaron activamente en actos vandálicos en la Plaza de los Tres Poderes.

(Con información de las agencias de noticias AFP y Agencia Brasil)

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...