Debido a la falta de control efectivo, agencias como el FBI incurrieron en abusos “escalofriantes” de sus facultades de investigación.

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Legisladores republicanos y demócratas presentan una ley que impide abusos de vigilancia

Los patrocinadores del proyecto afirman que es posible obtener inteligencia exterior sin violar los derechos de los ciudadanos que están hoy a merced de los abusos de un sistema casi sin control
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11 de noviembre de 2023 a las 07:21

En Estados Unidos, un grupo bipartidista de legisladores dio a conocer esta semana un proyecto de ley largamente esperado con el objetivo de tomar medidas consistentes contra el "inquietante" mal uso de las autoridades y servicios de vigilancia interna por parte del gobierno federal, según Jessica Corbett, editora del sitio independiente Common Dreams.

El proyecto de Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental (GSRA), encabezado por los senadores Ron Wyden, demócrata por Oregon, y Mike Lee, republicano por Utah, junto con los representantes Warren Davidson, republicano por Ohio, y Zoe Lofgren, demócrata por California, apunta contra autoridades federales y la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que expirará a fines de 2023 a menos que sea reautorizada por el Congreso.

Corbett explica que la Sección 702 permite la vigilancia sin orden judicial de comunicaciones electrónicas dirigidas a extranjeros ubicados fuera de los Estados Unidos, para adquirir información de inteligencia sobre personas e instituciones extranjeras. Sin embargo, a menudo también se recopilan datos de los estadounidenses, y documentos judiciales revelaron abusos "escalofriantes", particularmente en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El senador Wyden afirmó que "los estadounidenses saben que es posible enfrentarse ferozmente a los adversarios de nuestro país sin tirar nuestros derechos constitucionales a la basura. Pero durante demasiado tiempo las leyes de vigilancia no se adaptaron a los nuevos tiempos".

Añadió que "nuestro proyecto de ley continúa otorgando a las agencias gubernamentales amplia autoridad para recopilar información sobre amenazas en el país y en el extranjero, incluida la capacidad de actuar rápidamente en emergencias y llegar a un acuerdo con el tribunal más tarde".

Pero indicó que, asimismo, “crea protecciones mucho más fuertes para la privacidad de los estadounidenses” que sean respetuosos de la ley y restablece las garantías de protección que son “el corazón de la Cuarta Enmienda".

Corbett detalla que, según una hoja informativa de los patrocinadores, el proyecto de ley renueva la controvertida sección de FISA por cuatro años, pero también "reforma la sección 702 para proteger a los estadounidenses de registros sin orden judicial, garantiza que los extranjeros no sean utilizados como pretexto para espiar a los estadounidenses y prohíbe la recopilación de comunicaciones domésticas".

El proyecto de ley también ampliaría reformas similares a las actividades de espionaje bajo la Orden Ejecutiva 12333, prohibiría al gobierno comprar datos de estadounidenses a intermediarios y exigiría órdenes judiciales para la vigilancia de los datos de ubicación, navegación web y registros de búsqueda de los ciudadanos estadounidenses, incluidos asistentes de inteligencia artificial como como Alexa y Siri.

El representante republicano Lofgren argumentó que "sería imprudente que los miembros del Congreso dieran luz verde a otra reautorización importante de la vigilancia sin considerar y promulgar cuidadosamente medidas de reforma de la vigilancia". El legislador considera que las agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley tuvieron durante “demasiado tiempo” acceso casi sin control a datos personales de los estadounidenses. "

"Nuestra legislación bipartidista, bicameral, integral y calibrada proporciona soluciones de reforma buscadas durante décadas", continuó. "Con un amplio apoyo de todo el espectro político, la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental frenaría drásticamente el abuso de la vigilancia y protegería las libertades civiles de los estadounidenses, preservando al mismo tiempo la seguridad nacional", agregó.

La autora afirma que, además de los copatrocinadores de ambos partidos, el proyecto de ley cuenta con el respaldo de docenas de grupos de Derechos Humanos, incluido Demand Progress, cuyo director de políticas, Sean Vitka, declaró que "ésta es la oportunidad más significativa para proteger a los estadounidenses de la vigilancia gubernamental sin orden judicial en generaciones, y la GSRA está a la altura del desafío".

Otros grupos que apoyan a la GSRA incluyen la Unión estadounidense por los Derechos Civiles, (ACLU), el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), la Fundación Frontera Electrónica, el Centro sobre la privacidad de la información electrónica, Lucha por el Futuro y Acción por una Prensa Libre.

Jake Laperruque, subdirector del Proyecto de Seguridad y Vigilancia del CDT, celebró que el proyecto de ley "pondría fin a la historia de abuso de FISA 702 que vimos año tras año y cerraría graves lagunas, al mismo tiempo que preservaría el valor operativo necesario para la seguridad nacional".

El vicepresidente de políticas de Acción por una Prensa Libre, Matt Wood, también aplaudió el proyecto de ley como "un verdadero hito en el esfuerzo por frenar el abuso de las herramientas de recopilación de inteligencia extranjera", y destacó que cuando las agencias hacen mal uso de dichas herramientas, "se dirigen desproporcionadamente a personas de color, inmigrantes, miembros de grupos religiosos y disidentes".

Dada la historia de "innumerables abusos", el asesor político principal de la ACLU, Kia Hamadanchy, concluyó que "el Congreso no debería votar para reautorizar la Sección 702 sin las reformas críticas contenidas en este proyecto de ley".

Elizabeth Goitein, directora principal del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan, señaló que "si se aprueba, esta sería la legislación de reforma de vigilancia más importante desde la propia FISA", que fue promulgada en 1978.

Goitein y su colega Noah Chauvin también destacaron que todavía hay margen de mejora, explicando que la legislación "no incluye todas las reformas buscadas por el Centro Brennan (donde ambos trabajan) y una coalición multipartidista de otras 30 organizaciones de privacidad, derechos y libertades civiles. Lo más notable es que el proyecto de ley no limita el alcance de la vigilancia de inteligencia extranjera".

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