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Legítima defensa y resistencia al arresto, los puntos más debatidos entre oposición y oficialismo

Se votaron artículos de seguridad y educación, y este viernes se discutirán los referidos a los cambios a la ley de inclusión financiera y derecho laboral

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05 de junio de 2020 a las 05:04

Después de haber votado en general el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) este miércoles, la Cámara de Senadores se adentró este jueves en la discusión en particular de los 476 artículos. Recién cuando alcanzaban casi 10 horas de debate, los senadores terminaron de discutir la primera sección, sobre seguridad pública, una de las que más divide a las bancadas de la oposición y el oficialismo. Luego se votó la segunda sección, que trata sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y la jornada terminó con el debate sobre educación, otro punto en el que ambas bancadas polemizaron.

La discusión se trancó particularmente al aprobar las modificaciones a la legítima defensa contenidas en el artículo 26 del Código Penal. Entre otros cambios, la ley urgente agrega que "el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida". Y dispone: "Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende". 

Para la oposición, esto puede dar lugar a que se dé prioridad al derecho a la propiedad sobre el derecho a la vida. 

La defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo estuvo liderada por el senador Carlos Camy, que citó el artículo 7 de la Constitución y otros cinco proyectos de ley presentados en anteriores períodos legislativos. Dijo que la LUC propone una "visión actualizada" de un instituto que se mantiene inalterado desde 1933 y que con esta propuesta se está "defendiendo a las víctimas potenciales y a los inocentes". 

El nacionalista Sergio Botana sostuvo que la discusión no es entre la propiedad y la vida, sino "entre una vida y otra", y como sabe de qué lado debe ponerse, votó a favor del artículo. 

Óscar Andrade, del Frente Amplio, recordó que el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho en comisión se manifestó en contra de estos cambios, particularmente de la presunción de inocencia en favor de la policía y los militares que realizan tareas de seguridad interna, que también se propone en este artículo. 

"¡No vuelve el pachecato!"

La creación del delito de resistencia al arresto fue otro artículo que generó intenso debate y que solo consiguió los votos del oficialismo. El senador Camy afirmó que este artículo será votado con la absoluta convicción de que es necesario, entre otras cosas, para respaldar a la policía en su accionar. Charles Carrera intervino para "dejar constancia" de que el Frente Amplio sí respalda a las fuerzas policiales, pero no está de acuerdo en crear esta figura autónoma.

Más adelante el senador del MPP dijo que no hay fundamentos para crear el delito de “agravio a la autoridad policial”, que en la práctica hará más difícil la labor de jueces y fiscales, y que regula acciones que ya pueden ser penadas en la normativa vigente.

Para el Frente Amplio, el artículo dispone un "uso irracional de la fuerza" y es uno de los que menos comparten de la sección. "Los tipos penales abiertos se prestan para la discrecionalidad", agregó Andrade. 

La senadora blanca Carmen Asiaín retrucó que si ya pueden ser penadas las acciones previstas en el artículo 11, no hay motivo para oponerse.

La versión final de este artículo es la siguiente: "El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión".

Enrique Rubio indicó que el término agravio es "tremendamente subjetivo" y se presta a interpretaciones que pueden ir en sentido contrario a lo que se pretende regular. 

El oficialista Gustavo Penadés respondió a la oposición sobre las críticas en seguridad y afirmó que quieren instalar el relato de que el Partido Nacional va a ejercer "un gobierno represivo". "Vamos a respaldar a la policía no para que reprima a la sociedad, para que la defienda. ¡No vuelve el pachecato!”, exclamó.

Adolescentes y cárceles

Los artículos del proyecto sobre las normas penales para adolescentes, que finalmente se aprobaron, también fueron resistidos por la oposición. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Carrera, reconoció la "valentía" de la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna De Olivera, representante de Cabildo Abierto, cuando compareció ante la comisión especial y planteó sus objeciones a la propuesta del Ejecutivo, que fue modificada en el Parlamento. 

La frenteamplista Amanda Della Ventura dijo que este es uno de los temas que más preocupa a los legisladores de la coalición de izquierda. Andrade acotó que se están perdiendo la posibilidad de hacer un "abordaje integral" de la problemática. 

"Cuando hablamos de la minoridad infractora tenemos que tener cuidado en separar", afirmó Tabaré Viera. El senador suplente de Julio María Sanguinetti dijo que el incremento punitivo y la eliminación del régimen de semilibertad regirá solo para los adolescentes que cometen algunos delitos gravísimos, no para "el joven infractor que cometió una falta". 

Camy destacó la participación de la vicepresidenta Beatriz Argimón, Gandini y el diputado nacionalista Álvaro Viviano en la redacción final. La primera versión no contaba con suficiente respaldo dentro de la coalición. Era resistida por algunos dirigentes blancos, colorados y los de Cabildo Abierto. 

Por otra parte, Bonomi advirtió que con el conjunto de cambios propuestos en la ley urgente, si no se construyen nuevas plazas en las cárceles, en un año va a empeorar la situación de hacinamiento en estos establecimientos porque va a aumentar la cantidad de reclusos.

Guido Manini Ríos afirmó que "no se puede aceptar" que la cantidad de plazas sea una limitante para legislar, si bien reconoció las malas condiciones en las cárceles. "No puede condicionarnos y entiendo, por lo que se ha hablado, que esa sea una condicionante para aumentar penas", dijo. 

El exministro del Interior aclaró que esa no es la razón por la que el Frente Amplio no votará estas propuestas, sino que al hacer estas valoraciones había querido plantear cómo podrían repercutir las medidas en el sistema. 

Bianchi puso sobre la mesa las "dos corrientes" que a su juicio hay sobre este tema: la de la "conveniencia", que supone liberar presos porque no hay plazas o no hay presupuesto, o la de "conciencia", a la que ella dijo adherir. 

De seguridad pasaron a educación y la discusión en la cámara alta se extendió casi hasta la medianoche. Este viernes se seguirá con la votación artículo por artículo y la primera sección a considerar será la cuarta, que trata sobre economía y empresas públicas. Algunos artículos resistidos prometen llevarse el debate como son los cambios a la Ley de Inclusión Financiera, propuestas sobre derecho laboral, entre otras. La intención de los senadores es terminar la votación en esta jornada.

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