Ley de urgencia hace cambios al proceso de adopción: ¿se achican los plazos?

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunció durante su campaña electoral que fomentaría las políticas de adopción. El futuro gobierno se comprometió entonces a "acelerar el trámite y reducir la institucionalización de niños", y así lo expresó el designado ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, luego de una reunión en diciembre pasado. 

Sin embargo, el borrador de la ley de urgente consideración incluye modificaciones al proceso de adopción que, según especialistas en derecho de familia e integrantes de la sociedad civil, no acortan los plazos.

La ley de adopción actual establece que toda situación en que un menor se encuentre privado de su medio familiar deberá ser comunicada al juez, quien tiene 24 horas para pedir una investigación al INAU, que deberá ser entregada en menos de 20 días, y decidir quién cuidará del niño de manera transitoria.

La prioridad la tiene un integrante de su familia biológica o aquellos con quienes haya desarrollado vínculos significativos; en segundo lugar, a una familia del Registro Único de Aspirantes; en tercer lugar, una familia de acogida; y, en cuarto lugar, el cuidado del niño quedará a cargo de un hogar institucional del INAU. Luego el juez tiene 45 días, en caso de que el niño sea menor de dos años, para decidir si está en condiciones de ser adoptado, y 90 si tiene tres o más.

Carlos Álvarez Cozzi, profesor de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, entiende que uno de los debes de la ley es que no se fijan plazos más breves. "Si se aprueba así como está, no se logrará agilizar las adopciones", zanjó.

El especialista sostiene que el nuevo texto mantiene una "subordinación" del Poder Judicial al INAU, aunque se matiza. "El Tribunal podrá prescindir de la selección realizada por el equipo técnico del Departamento de Adopciones del INAU, por decisión excepcional y fundada, en aquellas situaciones de hecho en las que, un niño, niña o adolescente, se encuentre plenamente integrado a un núcleo familiar", dice el nuevo literal b del artículo 132.6 del Código de la Niñez, que agrega la ley. "Es un avance positivo dentro de la dependencia del INAU", indicó Álvarez Cozzi.

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El texto sostiene que en estos casos el juez podrá requerir informes sociales y psicológicos de equipos técnicos del INAU o el Poder Judicial y habilitar la tenencia y posterior separación definitiva y adopción plena a través de un juicio.

Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, discrepa con este cambio. "La normativa actual trató de evitar acuerdos privados que corren el riesgo de tener un significado económico, que perdían sentido porque la ley obligaba a otorgar la tenencia de acuerdo a la familia que seleccionó el INAU". En cambio, ahora "se abre una puerta de escape" que aliente a "una tenencia para sortear el registro de adopciones", remarcó.

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Otra de las modificaciones de la ley incluye que la evaluación de los aspirantes para el ingreso al Registro Único de Aspirantes no se podrá prolongar más allá de un plazo de 18 meses. El Departamento de Adopción cuenta con cuatro trabajadores sociales y seis psicólogos, y se superan las 100 valoraciones anuales de padres en proceso de adopción. La directora del Departamento de Adopciones, Ana Dutour, dijo a Sudestada que lo ideal sería aumentar los recursos humanos para "gestionar las valoraciones de forma más ágil".

Una modificación acorta la etapa judicial, que también es engorrosa para las familias. En el artículo 376 del proyecto que refiere al proceso de adopción, se agrega que "podrán acumularse las pretensiones de separación definitiva y adopción plena en un mismo proceso". Al respecto, Cavalli dijo que en la actualidad el proceso de adopción consta de tres juicios. El primero, de separación provisional, otro de separación definitiva y el último de adopción. Con la modificación del gobierno electo, la ley autoriza, después de realizado el primer juicio, que el segundo y el tercero se hagan en uno solo.

"Se acorta el proceso. Ya había jueces que entendían que podía ser así y si se aprueba esta ley no hay ninguna duda de eso", puntualizó.

No es urgente

La Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (APAU) no se pronunció sobre la ley porque todavía no fue analizada de forma conjunta, pero una de sus integrantes, Aurora Reolón, habló sobre los asuntos urgentes que no fueron mencionados, como la poca cantidad de técnicos para hacer valoraciones.

Sobre el literal que se agrega respecto a la autonomía del Poder Judicial para omitir la selección del INAU, Reolón explicó que hubo un tiempo en el que había cuidadoras que querían adoptar niños que estaban bajo su custodia. "Nunca se va a poder prescindir de la selección porque si es criado por otra persona, nunca va a estar en situación de vulnerabilidad, por lo que no va a llegar al juez", resumió. Sin embargo, aclaró que no es una modalidad en boga por lo que "se está legislando para atrás".

Al igual que Cavalli, dijo que esto podría favorecer las adopciones "sin hacer la fila". "Es complicado dar en adopción sin saber si sos un buen padre adoptante, sin tener informes. Es muy delicado, no se pueden hacer cosas de hecho", remarcó.

Reolón dice que hay aspectos de la legislación actual que deberían haber sido corregidos. Por ejemplo, en el juicio de adopción se cita a la familia de origen, a pesar de haber perdido la patria potestad. En la redacción que presentó el gobierno electo se mantiene que serán partes "quienes fueron actores y demandados en el proceso del artículo 133 de este Código y el niño, niña o adolescente". Para Reolón, la ley "valora al adulto y no al niño".

Cerca de 300 menores de edad esperan ser adoptados, según datos del INAU de 2019.