Lo que la sequía nos dejó: la polémica por Arazatí y "humo"

Un caso judicial con humo

La bomba de humo que colocó el presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, junto a otros dirigentes adentro del edificio el 13 de junio, cuando se abrían los sobres para conocer los interesados en llevar adelante justamente el proyecto Arazati, es para la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati un delito de atentado.

Inés Guimaraens Federico Kreimerman a la salida de la audiencia en Fiscalía

Sin duda no se trató de una movilización pacífica. Según contaron funcionaros de OSE el ruido había empezado una hora y media antes de la apertura de sobres y los manifestaciones tiraron bidones contra las ventanas del edificio, hubo empujones con la policía y terminaron tirando una bomba de humo dentro del edificio. Lo hicieron en la entrada por la calle Soriano en un pasillo que da al ascensor por el que se sube al directorio de OSE.

Al lado funciona un laboratorio y debieron ser atendidas por aspirar el humo una mujer embarazada y una persona con problemas de visión. De todos modos, el humo no causó daños a esas ni a otras personas, ni hubo roturas, ni se dejó de realizar el acto de la apertura de los sobres.

Kreimerman que primero había negado haber haber prendido la bomba de humo ante una pregunta concreta del periodista Leonardo Haberkorn en el programa Desayunos Informales, lo terminó admitiendo en Fiscalía.

Pero de ahí a que haya configurado ese delito, como sostiene Fossati hay un trecho y será la Justicia la que determine si fue así. El delito comprendido en el artículo 171 del Código Penal castiga a quién “usa la violencia o la amenaza contra un funcionario público, con alguno de los siguientes fines: el de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo, el de estorbarle su libre ejercicio, el de obtener su renuncia o la prepotencia, el odio o el menosprecio”.

Para el grado 4 de Derecho Penal José Luis González, es clarísimo que no hay delito porque no se no se cumplen las finalidades que tiene el delito. “No hay ánimo de ofender, lo que hay es una conducta que puso en marcha un medio estridente como manifestación”, señaló. Además a su juicio al derecho penal se recurre como última medida, y acá existe la sanción administrativa como paso previo.

Escuché esta semana que se comparó la conducta de Kreimerman con la de los manifestantes que en la Suprema Corte en 2013 impidieron que la exjueza Mariana Mota fuera trasladada de la sede penal pero el caso es muy diferente. Aquella vez si se impidió realizar el acto con cánticos y empujones en medio del salón de acuerdos con los ministros de la Corte presentes. Ahora el directorio de OSE siguió con su tarea sin inconvenientes.

Algunas veces los fiscales buscan ser ejemplarizantes con sus fallos pero esa no es la tarea de la fiscalía que está para demostrar si hay pruebas de que se cometió un delito o no, no para tomar parte por el denunciante o el denunciado. Tampoco los sindicalistas deberían tener vía libre para hacer cualquier cosa bajo el paraguas de su libertad sindical.  

Pero lo cierto es que en este caso, existe la vía administrativa, que está en proceso pendiente del fallo judicial, y más allá de lo que esta resuelva, es ahí donde se debería juzgar la conducta de Kreimerman. Y si se entiende que se excedió -como parece- suspenderlo de la función pública por el tiempo que haga falta. Lo de más es humo.