Crédito foto: AFP

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Los "dragones": minería ilegal en El Dorado colombiano

Se trata de las dragas que remueven los lechos de los ríos y producen hasta dos kilos de oro por mes, alimentando un circuito internacional que tiene como destino las refinerías de los Estados Unidos y Europa.
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16 de mayo de 2023 a las 05:03

Desde lejos, parecen portaaviones varados en el lodo. Sus restos ennegrecidos por las llamas yacen aquí y allá a lo largo de los ríos amazónicos que recorren el corazón de Bajo Cauca, el territorio selvático de unos 9.000 kilómetros cuadrados que forma parte de la provincia colombiana de Antioquia.

Allí, en las estribaciones de la Cordillera Central, en el noroeste del país, el gobierno libra una batalla sin cuartel contra las dragas usadas para la extracción ilegal de oro. Los mineros usan los monstruos de hierro, conocidos como “dragones” o “brasileñas”, para desviar ríos y excavar en su lecho, destruyendo el medio ambiente, financiando el crimen organizado y alimentando la mafia del oro.

La campaña militar desplegada por el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro para destruir las máquinas con explosivos suscita una fuerte hostilidad por parte de las comunidades, como en el municipio El Bagre, un área históricamente rica en oro. En la zona convive la extracción mecanizada con numerosos mineros que subsisten mediante la explotación a pequeña escala.

Se trata de los barequeros. Al igual que los garimpeiros brasileños, los pequeños mineros viven de extraer el oro en las orillas de los ríos sin la ayuda de maquinara para luego vender las pocas fracciones obtenidas. Son considerados como el eslabón más frágil de la larga cadena de la minería ilegal. También el más frágil y manipulable para al andamiaje criminal de las organizaciones ilegales.

Desde principios de marzo, los barequeros protestan con cortes de rutas y algunos actos de vandalismo. Según el gobierno, detrás del llamado "Paro Minero" está la mayor banda narco del país, el Clan del Golfo. "No tenemos nada que ver con esos grupos", dice el líder gremial Luis Campo, vestido con camisa floreada entreabierta que deja ver un crucifijo dorado. “Somos los mineros de la zona", agrega Campo.

El hombre, de 32 años, representa a 20 mineros que, según afirma, "están sufriendo muchas necesidades" por la destrucción de su draga en uno de los operativos del Ejército.  "No queremos seguir siendo perseguidos por el gobierno. Queremos llegar a un proceso de legalización donde podamos trabajar libremente, sin miedo", reclama Campos.

En Antioquia, voz indígena que se traduce como “montaña de oro”, los nombres de las ciudades recuerdan que los conquistadores españoles ya explotaban ese mineral durante el siglo XVI en los ríos de Bajo Cauca, entre ellos el Nechí, que baja de los Andes hacia la costa caribeña recogiendo las aguas de casi toda la región antes de desembocar en el río Cauca.

Antiguo bastión de los paramilitares de extrema derecha en los años ‘90, la región es hoy el feudo de sus herederos, el Clan del Golfo, el cartel narco más poderoso del país, con el que el presidente Petro rompió la tregua luego de intentar sumarlo a su plan de Paz Total que tiene como principales interlocutores a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Hoy, a caballo de la inflación y la suba del dólar, la región vive una nueva fiebre del oro. Hombres pobres con su tradicional batea, potentes excavadoras y dragas se reparten –no sin conflictos– los ríos.

Ni siembra ni ganado, sólo oro

El informal gremio que agrupa a los barequeros se dice víctima de la extorsión por parte del Clan del Golfo, y no cómplice de la organización como argumenta el gobierno. "Aquí no hay nada más que hacer si no es minería", explica Campo. “En El Bagre no hay siembras. Tampoco ganado", añade con amargura.

Según los datos oficiales, la minería ilegal deforestó en los últimos veinte años unas 70.000 hectáreas sólo en la provincia de Antioquia. “El daño ya fue causado por las explotaciones autorizadas por el propio gobierno desde hace décadas”, dice Campo cuando se le pregunta por el impacto ambiental.

La autoridad local señala que la depredación del bosque pasó de 10.000 hectáreas perdidas en 2021 a 15.000 en 2022. Alex Cossio, capitán de otra de las dragas que operan en la zona, dice tener un plan ambiental para mitigar el daño. Se trata de plantar árboles. "No empezamos aún porque tenemos dificultades por el paro", se justifica.

Diversas fuentes calculan que sólo en Bajo Cauca hay unas 350 máquinas horadando los lechos de los ríos y removiendo la tierra que los circundan. Algunas son simples flotadores motorizados con una cinta transportadora improvisada. Las otras, las más grandes, son las llamadas “brasileñas” o “dragones”. Se trata de unas treinta. Las protagonistas de la crisis actual.

También están las grandes dragas legales de la empresa Mineros Aluvial, una multinacional de capital colombiano y la única autorizada por el Estado en un área de casi 50.000 hectáreas.

Tecnología importada

Las “brasileñas” o “dragones” son embarcaciones de tres pisos, 20 metros de eslora y con grandes motores que succionan el fondo de los cauces, explica el jefe del Ejército en la zona, el general Eduardo Arias, quien describe el proceso como un "ecocidio".

Bautizadas “brasileñas” por sus homólogas utilizadas en la Amazonia brasileña, la tecnología fue importada en 2005 por dos extranjeros hoy encarcelados. Las autoridades también acusan a los mineros de contaminar los ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. Cossio lo niega: "No es así. Todo los sacamos por medio de bateas. Demoramos entre dos y tres horas". También niega que "se manejan dineros oscuros" o intervengan "manos turbias" en la operación.

Una de las “brasileñas” que trabajan en la zona es la flamante Nativa, construida a finales de 2022 y capitaneada por Cossio. "No tengo nada que esconder. Es un patrimonio familiar", explica Cossio, hijo de un jubilado de la compañía Mineros Aluvial.  Ahora su dragón reposa en un brazo del río Nechí. "Desafortunadamente, la tenemos parada. El Estado todos los días nos sobrevuela", se lamenta el hombre de 41 años.

El primer piso alberga la sala de máquinas, donde un monstruoso motor acciona la motobomba. Al piso superior llegan toneladas de sedimentos que se acumulan en un colador gigante. En la proa, un largo tubo desciende desde para aspirar el lecho del río, dándole al navío un aire de escarabajo sacado de la película Mad Max.

Las dragas son prodigios de bricolaje, mecánica y reciclaje construidas con el ingenio por los locales. La mayoría cuentan con dormitorios y comedores en su cubierta superior, donde una veintena de personas conviven con el estruendo de los motores las 24 horas del día. La tripulación cobra un porcentaje sobre las ganancias.

Ensamblar una “brasileña” cuesta unos US$ 500.000. Una cifra astronómica que revela la dimensión del negocio de la minería ilegal. "Con los precios actuales, es rentable", dice Cossio. El aparato puede excavar hasta 2 kilos de oro al mes. Unos US$ 50.000, según una fuente policial.

Una recorrida por la zona permite contabilizar al menos seis dragones quemados en el río Nechí. En Nueva Esperanza, un caserío ribereño y pobre donde tres dragas fueron blanco de redadas del ejército desde marzo, y un grupo de mecánicos trabajaba para repararlas. "Ya van tres veces que estos hijos de puta queman esta draga", maldice un miembro del equipo.

La mafia del oro

Mientras las dragas y las retroexcavadoras se llevan la atención de las autoridades, la Fiscalía General de Colombia tiene en marcha una estrategia más discreta: detectar y desmontar la minería ilegal que se ampara en el marco normativo. Para legalizar el oro extraído, las empresas y los barequeros deben demostrar que su origen es legal y estar inscriptos en un registro oficial.

Una investigación del Ministerio de Minas y Energía descubrió en un registro de la Agencia Nacional Minera que 8.000 barequeros, de los 100.000 registrados con permisos de explotación, se encontraban fallecidos o eran personas inexistentes. Una práctica que salió a la luz en 2015, cuando las autoridades detuvieron a John Úber Hernández, dueño de la firma Goldex.

La investigación demostró que Hernández y sus socios habían creó una extensa red de compra de oro a través de comerciantes y pequeñas empresas a las que les adelantaba miles de millones de pesos para que compraran el metal a mejor precio. Según los fiscales, en apenas cinco años, Goldex exportó unas 40 toneladas de oro a partir de una intrincada red que incluía la falsificación de firmas y la suplantación de las huellas digitales de los barequeros.

Más recientemente, y a pesar de que las medidas legales se fortalecieron, la Fiscalía determinó que la comercializadora C.I.J Gutiérrez era una de las principales promotoras de la extracción ilegal de oro en Antioquia. Las primeras pistas surgieron de dos asesinatos y el registro de una serie de compras por un valor de US$ 492.000.

La investigación determinó que los homicidios, que a primera vista no tenían relación alguna, estaban vinculados: ambas personas aparecían en los registros como barequeros y proveedores de oro de la empresa. La pesquisa reveló que ambos carecían de la capacidad económica para respaldar las transacciones en las que figuraban como vendiendo oro a C.I.J. Gutiérrez.

Según las autoridades colombianas, las suplantaciones de identidad tienen dos propósitos esenciales. El primero es simular envíos de “oro fantasma” que permitan legalizar grandes movimientos de dinero en el extranjero. El segundo, camuflar el oro ilegal que se exporta y poder así distribuirlo en forma legal en los Estados Unidos y Europa, principalmente en Suiza.

En el caso de C.I.J. Gutiérrez, la investigación dio cuenta de transacciones por unos US$ 218 millones. Una idea de la magnitud del negocio también lo aporta otra investigación, en este caso del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil. El organismo detectó que mediante “noteiras”, firmas creadas para operar fraudes fiscales, las empresas Pena & Mello y Amazônia Comércio Importação e Exportação LTDA exportaron en un año unos US$ 800 millones, equivalentes a unas 134 toneladas de oro ilícito.

(Con información de la agencia de noticias AFP)

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