Los negocios de Vicentin en Uruguay y su deuda local

Vicentin SAIC es un grupo económico industrial enfocado básicamente en productos primarios de exportación, especialmente soja, derivados, harinas y aceites, posicionándose como una de las empresas aceiteras y de oleaginosas más influyentes de la región.

A la millonaria deuda de US$ 1.350 millones -que llevó a la agroexportadora a declararse en concurso preventivo de acreedores en febrero-, se sumó en las últimas semanas la intención del gobierno argentino de expropiar la firma fundada en 1929, que tiene como su principal acreedor al estatal Banco Nación, pero también a otras instituciones financieras, productores, empresas vinculadas e incluso a los propios accionistas.

Según ha trascendido en medios argentinos y pudo confirmar El Observador, Vicentin también tiene vínculos con Uruguay. Cuenta con una oficina en la zona franca del World Trade Center (WTC), con algo más de una decena de trabajadores dedicados a la compra-venta de agro-commodities. 

La firma -que posee sedes también en San Pablo (Brasil) y Asunción (Paraguay)- registró entre junio de 2018 y febrero de 2019 tres empresas en Uruguay: Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, Industria Agro Alimentaria Latam SA y Vicentin Family Group SA.

El semanario Brecha informó, sin embargo, que si bien Vicentin SAIC (75,04% de las acciones son propiedad de Vicentin Argentina) estaba presente en el país desde 2004, recién en 2019 se registró en el Banco Central del Uruguay (BCU). Al menos dos de estas empresas, según consta en Dirección General de Comercio-Área Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tienen su razón social operativa en la zona franca World Trade Center.

A su vez, en base a datos de la Central de Riesgo del BCU, surge que Vicentin SAIC adeuda $ 175.278.827 (US$ 4,1 millones) al banco de origen brasileño Itaú. En la web de la Superintendencia de Servicios Financieros de la institución se detalla que esta empresa está asociada a dos grupos económicos: Nacadie Comercial SA y Tastil SA. 

El pasivo de US$ 4,1 millones de Vicentin SAIC con el Itaú está calificado como de grado 4, que abarca a deudores con capacidad de pago muy comprometida.

“Comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos tres años”, consigna el BCU en lo que se define como el nivel previo a incobrable.

Tanto Tastil como Nacadie Comercial (ubicada en Zonamerica en el registro del MEF) están calificadas -según el BCU- como empresas vendedoras al por mayor de productos agrícolas, mientras que Vicentin SAIC se dedica a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Sin embargo, Tastil SA fue vendida hace más de un año, por lo que no mantiene en el presente ningún vínculo con Vicentin, confirmaron desde la empresa.

La firma importó entre enero de 2010 y diciembre de 2018 por US$ 74 millones productos vinculados a semillas de algodón, tortas y harinas, salvados moyuelos, subproductos de cervecería, abonos y vinos finos de mesa. Más de US$ 71 millones de estos productos -que fueron principalmente comercializados en el mercado interno- provinieron desde Argentina.

Durante el mismo período, Tastil SA exportó miel natural de abejas y frijoles en base a soja por US$ 585 mil  principalmente a España, Polonia, Alemania y Estados Unidos. Durante los últimos dos años -con otros propietarios- la actividad de la empresa se mantiene con características similares.

Una operativa que realizaba Vicentin algunos años atrás, confirmaron operadores del mercado agrícola uruguayo, consistía en traer desde Argentina productos industrializados como expeller de soja o sustrato de maíz. Con el objetivo de que los camiones no volvieran vacíos, luego compraba soja en Uruguay para ser industrializados en el país vecino.

Si bien dentro del rubro productivo nacional Vicentin no representa una marca reconocida, mantiene un vínculo societario con la multinacional suiza Glencore –una de las empresas de materias primas y alimentos más importantes del mundo-, que sí tiene una operativa importante en el mercado uruguayo.

En un mapa interactivo realizado por el periodista argentino Juan Chiummiento se detalló las empresas acreedoras de Vicentin, entre las que además del Itaú, se encuentran varias proveedoras de bienes y servicios ubicadas en Uruguay: Scoular Uruguay SA (logística y cadena de suministros); Bunge Agritrade de Uruguay, subsidiaria de Bunge Limited (alimentos); Agrograin Ltd Sucursal Uruguay (servicios financieros); Storage Uruguay SA (almacenamiento); Ponte Rio SA (concesionaria y transporte marítimo); Mapfre Uruguay Seguros y Cikelsol Uruguay, subsidiaria de Hidrovias do Brasil SA.

La sumatoria de las deudas con dichos acreedores de plaza nacional suma en total alrededor de US$ 4 millones (al tipo de cambio oficial argentino). 

Acusaciones de triangulación

Entre las varias acusaciones que recibe Vicentin en Argentina, se ha destacado en la mención a Uruguay y Paraguay la triangulación de exportaciones mediante subsidiarias en ambos países.

El actual presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, dijo en defensa de la intervención que plantea el gobierno argentino que el Grupo Vicentin “es una manifestación más de todos los procesos de triangulación que se hacen para eludir el pago de retenciones y dejar dólares en el exterior a través de sus subsidiarias de Paraguay y Uruguay y a través de empresas offshore que tienen sedes en Panamá”.

Según explicó a El Observador el exsecretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, aunque no hay antecedentes de Vicentin en este tipo de maniobra, sí ha ocurrido con otras empresas de cereales argentinas. Un antecedente de denuncia durante el gobierno de Cristina Fernández fue el de la cerealera Bunge, empresa que tiene vínculos comerciales con Vicentin en el país.

La hipotética triangulación consiste en exportar a un precio de subfacturación desde Argentina hacia zona franca (libre de gravámenes) en Uruguay, desde donde posteriormente se vende soja al destino final a precios internacionales. De esa forma, el grueso de las utilidades quedan en manos de las empresas conformadas en Uruguay, mientras se pagan menos retenciones para la soja (30%) o los cereales (12%) en el país vecino.

En diciembre de 2017 la ley 19.574 tipificó en Uruguay como precedente de lavado la defraudación tributaria cuando se superan las 1 millón de Unidades Indexadas (US$ 108 mil a la cotización actual).  

La diferencia entre evasión fiscal y defraudación es cuando existe una estructura o maniobra armada para no pagar y está definida la posibilidad de prisión por el artículo 110 del Código Tributario: “Directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos”. La normativa establece de seis meses de prisión a seis años.

A cuenta de esto, Espina apuntó que son temas “muy finos y discutidos”, por lo que deben analizarse caso a caso. En este sentido, las actuales autoridades de la Secretaría contra el Lavado de Activos respondieron a El Observador que no hay ningún expediente abierto sobre la empresa en particular, pero que “siendo una oficina que realiza análisis de riesgo se tiene información de actividades de los sujetos obligados”.

Un decreto de 2018 definió que para los distintos sectores de sujetos obligados (no financieros), las medidas de debida diligencia y de evaluación de riesgos se deben implementar para  dar cumplimiento a la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos respecto de sus clientes.  

Entre los sectores alcanzados en materia de prevención de lavado de activos se encuentran casinos, inmobiliarias, rematadores, usuarios directos e indirectos de zonas francas, entre otros

Contadores, abogados y escribanos son sujetos obligados cuando actúan a nombre y por cuenta de sus clientes en determinadas operaciones que involucran la administración de activos, venta de inmuebles y establecimientos comerciales entre otros.