El presidente argentino Alberto Fernández afirrmó este martes que "no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas" y dijo que la intervención de la empresa Vicentin, anunciada ayer, implica "un enorme esfuerzo del tesoro nacional". El mandatario negó que la medida haya sido impulsada por la vicepresidenta, Cristina Fernández
"La excepcionalidad de esa decisión es absoluta",r emarcó el jefe de Estado en diálogo con la FM Radio Con Vos. "Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso", aseguró Fernández
"No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas", agregó. "No nos estamos quedando con una empresa próspera sino con una empresa quebrada", aclaró.
Por otro lado, sostuvo que "hay una voluntad de demonizar a Cristina (Fernández) Kirchner y perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como un demonio que no es".
El presidente negó que la vicepresidenta estuviera involucrada en la decisión: "No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica". Y añadió: "Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa", según consignó La Nación.
El mandatario indicó: "Si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina". Además, sostuvo que "sería muy injusto" con la vicepresidenta "si dijera que ella me impone posiciones".
"Lo que nos motivó a tomar esta decisión es que se trata de una empresa cerealera que exporta granos y que tiene el 13% del mercado según se calcula, con más de 2.000 empleados, y unos 2.600 productores varados, con lo que eso implica".
En esa línea contó que "empezaron a llegar la semana pasada emisarios de esos que siempre aparecen proponiéndome hablar con los dueños de Vicentin para encontrar una solución y me pareció que eso sólo enturbiaba la decisión que nosotros queríamos tomar", dijo Fernández.
En este contexto agregó: "El Estado tomó las riendas con una lógica que no es la del Estado que expropia y pone a un político al frente, sino que sea una empresa gerenciada con las mismas características y financiamiento que tiene YPF, que es una empresa de capitales mixtos donde concluyen el Estado con el sector privado. Que tiene además el rigor de una empresa del mercado. Y lo decidimos ayer porque consideramos que era el momento oportuno, la situación ya era muy complicada para los trabajadores y productores".
"El remedio que nosotros encontramos tiene que ver con los remedios que usan los países mas capitalistas del mundo", detalló Fernández al tiempo que aclaró que no le gusta llamarla ley de expropiación, "me gusta llamarla ley de rescate de Vicentin, porque se trata de un operador muy importante del Estado y lo que queremos es rescatarlo para que sus trabajadores sigan trabajando y los productores sigan produciendo, esta vez con alguien que les genere confianza como es YPF Agro".
"Nosotros debemos garantizar que esto funcione con la lógica de una empresa privada siempre teniendo en cuenta lo estratégico de la empresa", amplió.
"Nos hemos enterado por los medios"
Horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara la intervención y expropiación, a través de un proyecto de ley, de la agroalimentaria Vicentin, la empresa respondió el lunes por la noche con un comunicado en el que manifestó la "incertidumbre y preocupación" que genera la decisión del Gobierno.
"Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas (...) Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas", apuntó la compañía.
Vicentin cayó en diciembre en concurso preventivo de acreedores por un monto de casi $100.000 millones (US$1.350 millones) que les debe a unos 2600 acreedores, entre los que se destaca el Banco Nación.
Los impagos provocaron problemas en numerosas empresas, incluyendo productores agropecuarios sobre todo de la zona central del país.
El lunes, el presidente Fernández anunció la intervención, que quedará a cargo de Roberto Gabriel Delgado, y la posterior expropiación de la empresa, que pasará a ser administrada por un fideicomiso que manejará YPF Agro, la división de la petrolera estatal dedica al sector agropecuario.
El Cronista-ripe
