En medio de la pandemia, Alberto Fernández abre otro campo de batalla con Vicentin

En una entrevista con la periodista Cynthia García, cuyos fragmentos publicados en Twitter reproduce Infobae, el mandatario habló luego de reunirse el jueves con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli. Horas antes del encuentro, el gobierno comenzó con la intervención anunciada el lunes.

"Ellos proponen que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente", explicó Fernández.

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EXCLUSIVO de La García @alferdez : “yo les pedí una alternativa. Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un ‘acuerdo’ con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente”.

— Cynthia García (@cyngarciaradio) June 12, 2020

"Por muy salpicados" se refiere a la causa judicial que investiga los manejos que comenzaron luego de las elecciones primarias de 2019, según apunta Infobae, que están relacionados con la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el expresidente Mauricio Macri, extitulares del Banco Central y de la Nación y directivos de Vicentin por defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales, por lo cual solicitó una inhibición general de bienes sobe el patrimonio de los acusados.

"Ellos saben que no tienen aire y solo el Estado puede socorrerlos. Pero quieren acordar con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos", abundó Fernández en la entrevista citada.

La Nación de Buenos Aires apunta, sin embargo, este viernes que el Ejecutivo argentino se comprometió a analizar opciones que garanticen el rescate de la empresa y la continuidad de su operación en manos de capitales nacionales. Vicentin sigue opuesta a la expropiación. 

Vicentin, cuyos inicios se remontan a fines de la década de los años 20 del siglo pasado con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe, como consta en su sitio web, entró en cesación de pagos en diciembre y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a los U$S 1.350 millones.

El grupo de empresas que engloba la denominación Vicentin, comenzó a crecer de manera acelerada hace medio siglo mediante inversiones en maquinaria y en estructura para ingresar en el sector agroindustriual con la soja, la exportación de granos y carne vacuna. Antes había puesto en marcha su primera desmontadora de algodón y la fábrica de aceite. Ámbito Finaciero destaca que este gigante exportador es central para el eje económico de Argentina, con un volumen anual de negocios de aproximadamente US$3.000 millones.

Desde el lunes, cuando el presidente flanqueado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, fundadora de la organización política peronista La Cámpora en la provincia de Mendoza y vinculada al "cristinismo" (por Cristina Fernández Kirchner), anunció "el rescate" de Vicentin para proteger a sus 2.600 trabajadores se han acumulado las críticas, abiertas o silenciosas, internas y con repercusiones fuera de las fronteras argentinas.

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El presidente indicó en su anuncio que se enviaría al Congreso una ley de expropiación que declarará la utilidad pública de la empresa para convertirla en una empresa mixta, de capitales públicos y privados, cuyo administrador será YPF-Agro, la sección agrícola de la petrolera estatal. Posteriormente, explicó que la lógica de la decisión no es la del Estado que expropia y coloca a un político al frente, sino que será gerenciada por YPF que también está integrada por capitales mixtos y "además tiene el rigor de una empresa de mercado".

El periodista Joaquín Morales Solá, recién nombrado presidente de la Academia Nacional de Periodismo, en un extenso artículo en La Nación de Buenos Aires, saca dos conclusiones iniciales de la intervención: la primera, es que intuye una participación de la vicepresidenta Cristina Fernández en la decisión e instrumentación de la medida —que el presidente negó como se puede leer aquí— y una segunda conclusión es que "si vale la pena seguir diferenciando a Alberto Fernández de Cristina (Fernández) Kirchner", lo que solo el tiempo permitirá discernir.

Morales Solá traza además un paralelismo entre la situación del Estado argentino y la de Vicentin: "El mismo Estado que ahora se erige en el salvador de quien padece su misma enfermedad".

Pero, el fuerte de los cuestionamientos, proviene del estamento económico. El Foro de Convergencia Empresarial que reúne a las cámaras empresariales más importantes del país expresó que "la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, como recoge Ámbito Financiero.

El Foro apunta que la intervención estatal ocurre en el área de los agronegocios, de las más "dinámicas y competitivas" de la economía, y pide al Congreso y al Poder Judicial que dentro del marco de la Constitución "actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina".

La posición del Foro de Convergencia Empresarial se suma a las de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) —calificó de "grave" la medida—, de la Unión Industria Argentina (UIA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), según cita La Nación.

En el terreno jurídico, el profesor de derecho constitucional y profesor honorario de la UBA, Antonio María Hernández, en una nota para Infobae advierte que la decisión del gobierno argentino es inconstitucional y refuerza el "hiperpresidencialismo".

Hernández señala que el poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta, no puede emitir disposiciones de carácter legislativo "cuando es evidente que las Cámaras están funcionando desde el 13 de mayo".

En el portal chequeado.com, el experto en derecho administrativo y constitucional, también de la UBA, Juan Ignacio Sáenz recuerda que el procedimiento de intervenir la empresa por decreto —cuando debería ser un juez quien lo hiciera— es el mismo que se utilizó para expropiar YPF. El paso a paso de la operación tendría que contar con una declaración del Congreso sobre la "utilidad pública" del bien, en este caso de Vicentin.

“Este caso es pionero en relación a considerar utilidad pública la producción de alimentos”, destaca Sáenz, quien aclaró igualmente que se trata de un caso especial de una empresa donde se puede argumentar el riesgo de que deje de existir.

Morales Solá, en el artículo citado, precisa que Alberto Fernández fue uno de los más consistentes críticos cuando la entonces presidenta Cristina Fernández intervino y expropió YPF a la española Repsol. "Es notable, añade, que menos de una década después sea el propio Alberto Fernández quien haya recurrido a una decisión parecida con Vicentin".