El juez comercial Fabián Lorenzini, que está a cargo del concurso de acreedores del gigante agroexportador argentino Vicentin, decidió que el directorio original de la firma ocupe nuevamente sus puestos por un lapso de 60 días prorrogables y otorgó el rol de veedor al interventor designado por el gobierno de Alberto Fernández, según recoge una nota de Clarín.
Lorenzini atendió un reclamo de la compañía que consideró que la forma "abrupta e intempestiva" en la que se produjo la intervención de Vicentin impidió una transición ordenada.
Vicentin en su petición argumentó que el volumen agroexportador de la empresa representa cerca del 9% del total de la oferta exportable de Argentina y podría verse afectado por el desplazamiento de sus directores, y advierte de un perjuicio tanto para la firma cerealera como para sus acreedores.
El anuncio de la intervención de Vicentin se produjo el 8 de junio cuando el presidente Fernández, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, explicó que el objeto de la medida era "el rescate" de la empresa para proteger a sus 2.600 trabajadores.
La decisión implicaba el envío al Congreso de una ley de expropiación que declarará la utilidad pública Vicentin para convertirla en una empresa mixta, de capitales públicos y privados, cuyo administrador será YPF-Agro, la sección agrícola de la petrolera estatal.
Vicentin entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a los U$S 1.350 millones.
El debate sobre intervención y expropiación ha estado en la agenda de medios, sectores políticos y expertos jurídicos por estas dos semanas.
El juez Lorenzini, en la decisión conocida este viernes, estableció que los interventores designados en una función de veedor controlador den "seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración".
Este magistrado se declaró, sin embargo, "incompetente" para dictaminar sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Fernández en relación a Vicentin, dice La Nación.
