Los políticos uruguayos alimentan su propia hoguera

En este sistema político donde los debates se van volviendo tóxicos a cada hora, la oposición salió con todo. La acusación, repetida, apuntó al vaciamiento de Antel, y esa postura recibió la invalorable ayuda de otra decisión del ente, de pagarle US$ 1 millón anual a los tres canales privados para emitir su señal en la plataforma Vera+, algo que no hace con otras señales que tiene allí.

La expresidenta de Antel, actual intendenta y probable candidata presidencial, Carolina Cosse, calificó primero de antipatriota y de dudosa legalidad la medida. Pero dio un paso más este viernes, cuando dijo que se trataba de una “masacre nacional”. A todas luces parece un exceso, que seguramente no le permita ganar nuevos votos, aunque sí ganar posiciones a la interna de la izquierda.

Es indudable que la medida del gobierno, más allá de la justificación, es una gran noticia para los dueños de las grandes empresas de cable, que son los mismos que explotan los canales de aire. Y es lógico que se abran las conjeturas sobre si se pagará de alguna forma esa medida, similares a las que existieron cuando el gobierno de Mujica otorgó las señales de TV Digital y no dudó un instante en dársela a los canales privados, o cuando el de Lacalle padre otorgó los de tv cable.

Pero también vale preguntarse: ¿hacia dónde se puede ir, en el discurso público, una vez que ya se habló de “masacre nacional”? ¿Hasta dónde se puede seguir subiendo el tono del discurso sin que empiece a afectarse de manera irreversible la convivencia democrática? 

No es muy difícil, en términos objetivos, plantear el debate de las empresas públicas: la izquierda propone un sistema en el que jueguen un rol preponderante, en gran medida lo que ha cumplido durante sus gobiernos. Del otro lado la visión liberal del gobierno de Lacalle Pou: abrir a la competencia para que provoque, según dicen, una baja de precios que beneficiará al consumidor. Por ahí pasa también otro de los debates actuales, el de la portabilidad numérica: ¿hay que abrir el mercado y que el usuario pueda moverse libremente? ¿Eso redundará en baja de costos? ¿O las multinacionales del mercado le pasarán por encima a Antel?

En Uruguay no habrá una avanzada privatizadora, y cualquiera que quiera ir por ese camino caminará con pies de plomo porque sabe que la mentalidad batllista uruguaya lo cuestiona, como mostró la aplastante derrota del gobierno de Lacalle padre en el plebiscito de las empresas públicas de 1992. El debate se reduce a una cuestión de énfasis: ¿un poco más  o un poco menos de Estado?

Y por supuesto que ese debate no se define en el discurso en blanco o negro sino en los detalles: ¿el ingreso de privados al mercado efectivamente redundará en beneficios para los usuarios? ¿El rol del mercado sustituirá el gasto social en el que incurren hoy las empresas públicas en cientos de rubros, desde subvenciones hasta mantener líneas de negocio que dan pérdida? ¿Qué pasa cuando la mala administración de esas empresas estatales deriva en agujeros gigantescos y las cuentas nacionales tienen que salir al rescate, con dinero de los contribuyentes? ¿Qué pasa si esta estrategia del gobierno deriva en empresas públicas más chicas y débiles y privadas más fuertes, suba de costos para el usuario y menos anclas para financiar las políticas públicas? ¿Por qué ese escenario apocalíptico no se dio en más de dos décadas de apertura del mercado de celulares?

Son todos debates válidos. Son todos debates de política. Y pueden ser más o menos encendidos, pueden valerse de diversas imágenes para simplificar el mensaje, porque de eso se trata la política. Porque no hay verdades reveladas en la política pública: ni la mano invisible del mercado es perfecta, ni el Estado es una figura paternal y buena.

Pero el debate político largamente ha pasado ese mojón, en este y otros temas. Una senadora, tercera en la línea de sucesión presidencial, publica una foto que resulta ser falsa, se niega a retractarse y dice que igual podría haber sido válida y que el concepto de fondo se mantiene. O acusa al exfiscal de Corte de acomodar a su esposa en el organismo, cuando en realidad se refería a la esposa de otro fiscal. Otra, del otro bando, dice que la han llamado personas con “acentos extranjeros” a ofrecerle cambiarse de celular, pero que ella se mantendrá con Antel para defender al país.

En el medio, la política uruguaya parece dirigirse hacia un punto de combustión en el que será difícil apagar el fuego. Habrá que esperar que los fogoneros no se quejen cuando lleguemos a esa hoguera.