Los tribunales y la selva: los frentes de batalla contra la minería del oro en la provincia ecuatoriana de Napo

“Hicimos nuestras propias lanzas con palos y vinimos corriendo a ver qué pasaba”, relata una de las integrantes de Yuturi Warmi, la primera guardia indígena femenina en el país, durante el ritual llamado “wayusa upina”, que se celebra en la comunidad de Serena, en la provincia de Napo, al norte de Ecuador.

Acompañada de un puñado de mujeres, reunidas para interpretar los sueños como parte de la ceremonia, cuenta que hace 18 meses los mineros ilegales llegaron ofreciendo dinero al entonces presidente de la comunidad a cambio de permisos para explotar sus tierras. “Sólo muertos vamos a dejar entrar a las empresas mineras o a los ilegales”, sostiene la mujer, que pide reserva de identidad para proteger su seguridad.

Aunque en Serena resistieron al ingreso de la minería, río abajo la historia es otra. La Defensoría del Pueblo de Napo identificó más de 30 frentes de explotación en las orillas del río Jatunyacu, donde también se hace turismo de aventura por sus corrientes rápidas y sus paisajes selváticos.

En un recorrido de 21 kilómetros por el río, numerosos claros interrumpen la espesa vegetación, mientras las excavadoras continúan devorando la selva.

A la espera de que la Corte Constitucional resuelva una acción extraordinaria de protección con la que los indígenas pretenden frenar la minería en la provincia, revertir las concesiones y disminuir la deforestación, la explotación de oro sigue espantando a los turistas y degradando las tierras de las comunidades originarias.

El ruido de la maquinaria y la destrucción del paisaje son una pesadilla para los habitantes de Shandia, una pequeña comunidad que vive del turismo. “Ya nadie quiere pagar dos o tres dólares para ir a ver un cementerio de minería ilegal”, explica Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo.

La batalla legal

La devastación viene de lejos, pero se agravó en 2020. “La minería en Napo viene desde hace 25 o 30 años, pero saber que una sola empresa tenía 9.800 hectáreas alarmó a la ciudadanía”, explica Rojas.

Las tierras alrededor del río Jatunyacu están concedidas en su mayoría a la empresa china Terraearth, blanco de una batalla legal que escaló hasta la Corte Constitucional. La Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales responsabilizan a la compañía de contaminar tres ríos y eludir la consulta previa a las comunidades indígenas.

Después de provocar daños ambientales en el cantón de Arosemena Tola y de ser suspendida por parte de la autoridad ambiental, la compañía recibió una nueva licencia, en este caso para operar los que se conoce como Proyecto Tena.

Del río Jatunyacu nacía la vida. Hoy, los pobladores que viven a la vera del curso fluvial, esperan con ansias la lluvia. Es el único líquido que pueden beber. Los pobladores denuncian que la devastación provocada por la minería legal e ilegal tiene redes de apoyo que incluyen autoridades locales y funcionarios nacionales.

Un foco de las demandas es Terraearth. La firma tiene seis concesiones en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, en la provincia de Napo. Las concesiones son Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Originalmente, estas concesiones fueron otorgadas a una empresa canadiense. Entre 2013 y 2015, pasaron a manos de la firma china. Hoy, en total, los títulos mineros abarcan una superficie de 9.800 hectáreas. La concesión en Talag, expedida en 2001, ya no está vigente. Las demás lo están hasta 2031.

Hecha la ley, hecha la trampa

Entre 2009 y 2017, las autoridades autorizaron que varias empresas modificaran sus títulos mineros de “gran escala” a “mediana” y “pequeña”. Esto, en la práctica, benefició a las empresas. Al obtener el título de pequeña minería, pueden realizar en simultáneo actividades de exploración y explotación.

Recién en 2020, el gobierno expidió el reglamento que establece los requisitos para el cambio de régimen. Según la normativa, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de la gran o mediana minería.

Ese mismo año, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica suspendió las actividades de Terraearth por incumplir la normativa ambiental luego de “identificar afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas sin tratamiento previo” y por la “modificación del cauce hídrico”, además de “no contar con los documentos habilitantes para operar”.

La empresa argumenta que es blanco de una campaña de desprestigio que pretende vincularla con la minería ilegal. Según la firma, los daños ambientales fueron causados por los mineros ilegales.

Por lo pronto, las ONG’s que trabajan en el territorio advierten que los daños en los poblados cercanos a los ríos de Napo son más visibles entre los niños. Problemas en la piel y en el sistema respiratorio son recurrentes, situación de la que brindó pruebas ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional la ONG Napo Resiste.

Finalmente, en febrero del año pasado, el gobierno intervino con cientos de militares y policías en los ríos Yutzupino y Napo. Encontraron más de 600 operarios trabajando con dos centenares de retroexcavadoras. Luego del operativo, varias personas quedaron detenidas. Entre ellos, funcionarios públicos de la época.

Los estudios posteriores confirmaron altos índices de contaminación en los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Jatunyacu. Tres de ellos fueron declarados “ríos muertos”.

La firma debía presentar un plan de remediación, pero no lo hizo. Por entonces, estaba concentrada en tramitar la licencia ambiental para su nuevo proyecto, el Tena, que finalmente aprobaron las autoridades en octubre del año pasado.

Eso causó que organizaciones sociales, entre ellas Napo por la Vida, Napo Resiste, Puerto Napo y comités de defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, así como la Defensoría del Pueblo, emitieran voces de alertas.

“No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros”, denuncia Francisco Rodríguez, un emprendedor turístico propietario de una isla ubicada entre los ríos Napo y Arajuno. “Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de las autoridades locales, que apoyan la depredación”.

Según Napo Resiste, la extracción de oro no es nueva, pero anteriormente se realizaba con procesos artesanales, como la extracción y el lavado en bateas. Según estimaciones locales, sólo para el proyecto Tena se abrieron seis puntos de extracción y se destrozaron unas 600 hectáreas de selva.

“La afectación de los ríos es preocupante porque la minería se asentó y se sigue expandiendo a orillas de varios afluentes de los ríos principales, como el Anzu y el Napo, este último incluso va más allá de la frontera provincial y su contaminación llega a muchos más espacios de los visibles dentro de la provincia”, seña la presentación judicial de las ONG’s.

La minera, advierte el documento, causa deforestación, apertura de nuevos caminos, contaminación del suelo, ruido, baja capacidad de regeneración de la vegetación después de terminada la explotación y desvío de ríos.

Los efectos son obvios: pérdida de acceso a fuentes de agua para el consumo humano, y contaminación de los ríos que no permite su uso para la pesca o la agricultura. La gente, explica el documento, “pierde autonomía sobre el territorio y se acentúa la división de las poblaciones, lo cual beneficia a los actores de la minería”.

Un informe clasificado al que accedieron las ONG’s revela que la extracción promedio de 32.400 gramos de oro en forma antitécnica implica un perjuicio ambiental de US$ 54 dólares por gramo, lo que equivales a US$ 1,7 millones por día o bien US$ 638 millones al año.

Minería ilegal

Los habitantes de Napo también lidian con mafias de minería ilegal, a los que señalan como aliados de Terraearth y acusan de sobornar a las poblaciones para explotar sus tierras. La firma, en tanto, se presenta como una empresa “responsable con el medio ambiente” y que “contribuye con la reforestación de las áreas minadas por los ilegales”.

El río Yutzupino es el centro de explotación ilegal de oro en la provincia de Napo. Hasta diciembre de 2022, había 125 hectáreas ocupadas, según la Fundación Ecociencia, que realiza un monitoreo satelital de la Amazonia. El área siguió creciendo hasta que en febrero de 2023 un operativo decomisó 148 excavadoras en un área de 180 hectáreas.

Sebastián Araujo, catedrático de Geociencias de la universidad pública Ikiam, explica que los niveles de cobre, plomo y cromo, “altamente contaminantes, están en un umbral muy superior a los permitidos” en Yutzupino debido a la minería ilegal.

Cementerio minero

En una región donde escasea la presencia estatal y abunda la pobreza, los lugareños pagan un dólar para ingresar a zonas de explotación y arañar un poco de oro que lavan en sus bateas. Una actividad sin impacto ambiental que los comuneros realizan desde hace décadas.

“Se metían en esos cráteres que levantan las excavadoras para conseguir las migajas que dejaba la perforación”, explica Rojas. Alba Aguinaga, socióloga de Ikiam, agrega que, tras la incursión de los mineros ilegales, los artesanales quedaron marcados con el estigma por supuestamente apoyar a esas mafias.

“Si no tenés trabajo, si tenés condiciones económicas difíciles, no quedan muchas más opciones que sucumbir a una pequeña remuneración a cambio de mano de obra ilegal”, explica Aguinaga. “No hay una política pública que responda a la sobrevivencia de las comunidades y de los mineros artesanales”, advierte.

(Con información de AFP)