Los viajes de Toma: lo político, lo jurídico y el paseo al estadio con la contadora

Los viajes del exsecretario de Presidencia se transformaron en el “caso Toma” cuando llegó una denuncia anónima a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según informó en setiembre el programa Así nos va de radio Carve, luego de pedirle explicaciones a Toma, la Jutep decidió cerrar el caso mientras el presidente del organismo Ricardo Gil Iribarne estaba de licencia, por lo que al regresar pidió más información a Toma. Luego, al asumir las nuevas autoridades con el gobierno entrante, se decidió reabrir el caso, además de que se le dio cuenta a la fiscalía por la presunta existencia de delitos. Paralelamente, y debido a que Toma es funcionario público –tenía en reserva su cargo de fiscal de gobierno– se inició una investigación administrativa.

Esa investigación que se encomendó al número dos de la Oficina de Servicio Civil, Ariel Sánchez, concluyó que en las misiones oficiales que realizó entre 2015 y 2020 cometió “graves irregularidades” como informó El Observador tras acceder a las más de mil fojas del expediente, por lo que se le inició un sumario con separación del cargo, que está en trámite.

Pero veamos cuáles son esas irregularidades.

El principal cuestionamiento que se le hace es al criterio con que eligió a sus asesoras, principalmente a la contadora Giuliana Pérez, quien ingresó en abril de 2019 como adscripta a la Secretaría de la Presidencia, y al mismo tiempo trabajaba como fiscalizadora en la Secretaría Antilavado (Senaclaft).

La contradicción o “incongruencia” estuvo entre lo que Toma informó a la Jutep sobre la tarea para la que fue designada la contadora en la misión a Roma por el juicio del Plan Cóndor, en diciembre de 2019, y lo que dijo luego en la investigación. Ante la Jutep expresó que el equipo lo integraban un escribano encargado de controlar la documentación que se aporta a las autoridades italianas, y "un contador público, proveniente de la Senaclaft, que oficia como asesor en daños civiles, derivados de delitos penales; y además investigará la ruta de los dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor”.

Esa rimbombante descripción no se condijo con lo que tanto Toma como Pérez le relataron a Sánchez. Ambos afirmaron que la joven profesional cumplía más bien tareas de secretaria. Ella reseñó que lo asistía en todo: “su agenda diaria, su mail, su teléfono, todas las comunicaciones con Uruguay, en las audiencias y en las reuniones con los Fiscales tomaba nota de todo lo que se hablaba”. De hecho admitió: “Mi trabajo no se basaba en una formación específica”.

Pero Pérez no era la única. Toma contó con seis profesionales que lo asistieron en los juicios internacionales, y según relataron a Sánchez, todas cumplían tareas similares. De los 23 viajes que Sánchez investigó, Pérez asistió a cinco, la escribana Antonella Introini a cinco, (en algunos viajes lo acompañaron ambas), la abogada Sara Ilha viajó en seis oportunidades, mientras que la escribana Silvana Sena, y las abogadas Verónica Duarte y María Inés Da Rosa, viajaron una vez cada una.

Entonces ¿por qué se puso el foco en Pérez?

Si se compara a Pérez con las demás fue la última en ingresar y por eso se objeta que Toma haya fundamentado la elección en la confianza y en la necesidad de preservar la confidencialidad de los juicios porque la conocía desde hacía poco, algo bastante subjetivo de juzgar.

Además el vínculo con la contadora quedó bajo un manto de sospecha porque fue mencionada directamente en la denuncia a la Jutep y porque se hizo público el video en el partido de la Roma al que asistieron juntos.

En el interrogatorio se le preguntó a Pérez si cuando Toma la contrató en 2019 le indicó que la idea era que realizara viajes a lo que dijo que sí, pero la contadora también contó que cinco años antes él la había entrevistado cuando estaba buscando secretaria para su estudio, y un amigo en común los presentó. No quedó seleccionada pero siguieron en contacto. “Luego volví a tener comunicaciones (...) a principios del 2018”. En 2019, ya recibida, ingresó a Presidencia.

Hasta acá el reproche puede ser moral o ético pero no está clara la ilegitimidad, salvo que se pudiera probar un abuso de poder.

Sánchez escribió que si bien Toma tenía “discrecionalidad” para elegir a las delegaciones que lo acompañaban “no estaba eximido de los requerimientos normativos” porque tal discrecionalidad “debe ser razonable y motivada”. ¿Cuáles son esos requerimientos normativos?

De ahí viene la segunda irregularidad que se señala. Se afirma que no cumplió estrictamente las normas sobre esos viajes y se apunta a que tres de las 23 misiones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por no cumplir con los plazos previstos en la normativa para incluir un informe de OPP y autorización previa del presidente de la República, o por no adjuntar justificación de la concurrencia de más de un funcionario a una misma misión, como estipula el decreto. Si bien son apartamientos a las normas, se trata de faltas menores, por las que puede recaer una sanción leve.

Sobre los gastos realizados por Toma se concluyó que no había nada que objetar.

Desprolijidades de la investigación que para Toma tienen intencionalidad política

Desde que se inició la investigación administrativa en setiembre, Toma ha presentado varios escritos cuestionando la actuación del gobierno y denunciando la falta de garantías. El abogado de Toma, Daniel Ochs, es experto en derecho administrativo y ha objetado aspectos legales del proceso.

Para empezar planteó que al estar individualizado el investigado (Toma) desde el día uno, se debió realizar directamente un sumario, que da más garantías al funcionario, y no la investigación administrativa previa (se hace cuando no se conoce a los responsables).

Luego, la principal acusación que le hizo al presidente Lacalle Pou es que prejuzgó abiertamente al declarar el 23 de setiembre que si Toma “fuera un funcionario de confianza, no estaba más en el cargo”. “Es un funcionario público, por lo que para destituirlo hay una investigación administrativa, ya no solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo", agregó Lacalle. Sin embargo, Lacalle fue recusado por parte de Toma por sus dichos (ya que es el jerarca que lo investiga) y el presidente hizo caso omiso al planteo. Pero el decreto 500, que rige el procedimiento en la administración, establece un plazo de cinco días para analizar el planteo. O sea que aunque eventualmente se rechazara la recusación, se le debió dar trámite.

Finalmente, cuando se dieron a conocer detalles de la investigación en algunos medios, Toma pidió que se indagara si había habido una filtración atribuible a la administración pero el Ejecutivo, sin darle cabida, lo acusó de deshonrar al gobierno y sugirió sancionarlo. Meses después, cuando accedió a un pedido de acceso al expediente que tramitó, el exjerarca supo que existía un informe de los abogados de Presidencia que aconsejaban instruir la investigación y que no había sido siquiera mencionado.

Todo eso llevó a Toma a plantear que es perseguido políticamente y víctima de un linchamiento por haber sido funcionario de confianza de un gobierno de otro signo político.

Quién es Toma, el poco apoyo del FA y a qué se expone el gobierno

Sin embargo, Toma quedó sólo en su planteo y surge la siguiente interrogante: ¿por qué nadie del Frente Amplio, ni siquiera algún vazquista, salió a defenderlo y a cuestionar al gobierno?

La respuesta que dan, incluso algunos que trabajaron con Toma, es que se trata de una persona resistida que no supo ni le interesó ganar amigos, más allá de la confianza ciega que le tenía el presidente Vázquez.

Además, no es orgánico del Frente Amplio e incluso pasó por el Partido Colorado, cuando llegó al cargo de N°3 del MSP en el gobierno de Jorge Batlle. Como secretario del gobierno de Vázquez, según se contó en este perfil publicado en 2018 en El Observador, no había asunto jurídico que no pasara por sus manos y cumplía una función casi de jefe de gabinete. En ese marco fue que el presidente le encomendó la coordinación de la defensa del Estado en todos los juicios que enfrentó y el resultado, innegable, es que Uruguay no perdió ni una sóla de esas demandas. Aún así, nadie ha querido jugársela por una persona con más sombras que luces.

Con todos estos elementos a la vista sería raro esperar que Toma volviera al cargo de fiscal del gobierno de Lacalle.

Pero para llegar a la destitución el sumario deberá probar ineptitud, omisión o delito, las tres causales por las que se puede destituir a un funcionario público.

Con el veredicto del sumario en sus manos Toma podrá recurrir esa resolución y pedir a la justicia administrativa (TCA), que anule la resolución. Para tener una sentencia pasarán no menos de tres años. Antes -la ley lo habilita a hacerlo desde ahora- podrá iniciar un juicio civil por daños y perjuicios que entiende le causó todo este episodio. Ha dicho que destrozó su reputación y a su familia.

Mucho ha cuestionado este gobierno el "poco apego al buen manejo" de los recursos de la anterior administración cuando presentó las auditorías. Debería entonces apegarse a lo que establecen las normas para juzgar a los funcionarios, y evitar que un tema que ahora es jurídico sea sobrepasado por lo político, por ser quien es Toma.