La investigación administrativa que el Poder Ejecutivo realizó sobre las misiones oficiales del exsecretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez, concluyó que Miguel Ángel Toma cometió “graves irregularidades” basado en la forma en que eligió a sus asesoras, principalmente a la contadora Giuliana Pérez, quien ingresó en abril de 2019, como adscripta a la Secretaría de la Presidencia, y cumplía funciones en la Secretaría Antilavado (Senaclaft) como fiscalizadora. Además apuntó a que Toma no cumplió estrictamente las normas sobre esos viajes. Sobre los gastos señaló que no hay nada que objetar.
Según surge del expediente al que accedió El Observador y que tiene más de mil fojas, la principal objeción que señaló el instructor Ariel Sánchez (subdirector de Servicio Civil) es que Toma incurrió en una contradicción al informar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la tarea para la que fue designada la contadora en la misión a Roma por el juicio del Plan Cóndor, en diciembre de 2019, mientras que ante él ambos admitieron que ella realizó tareas de asistencia a Toma.
En el informe que Sánchez elevó al presidente Lacalle el 12 de noviembre de 2020 también mencionó otros aspectos legales a los que Toma no dio estricto cumplimiento.
Sánchez escribió que si bien Toma tenía “discrecionalidad” para elegir a las delegaciones que lo acompañaban “no estaba eximido de los requerimientos normativos” porque tal discrecionalidad “debe ser razonable y motivada”.
De todos modos, terminó responsabilizando a Presidencia por haber autorizado cada una de las misiones oficiales “pese a lo señalado”. El instructor no sugirió ninguna sanción.
Fue el abogado de Presidencia Gonzalo Chiribao, quien recomendó el 23 de noviembre iniciar el sumario, tras asegurar que “surgen elementos de prueba para decir que hubo irregularidades que podrían aparejar sanciones graves o muy graves”.
Entre ellas mencionó que “se constataron incongruencias” entre lo informado por Toma a la Jutep y lo declarado en esta investigación administrativa, apuntó a la “presunta violación o desconocimiento de la normativa que regula las misiones oficiales, en lo relativo a justificar el viaje, el cargo del funcionario propuesto, tareas que desempeña y estimación de los resultados”. Cuestionó que la confianza que tenía en las profesionales que eligió “no resulta acreditada” dado el poco tiempo de conocimiento.
También señaló que tres de las misiones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por no contar con la autorización previa del presidente de la República, y que en una de las misiones la contadora viajó con pasaporte común (aunque Sánchez afirmó que esto era irrelevante).
Finalmente, el 9 de diciembre el Ministerio de Educación, de dónde depende Toma como fiscal de Gobierno, decretó el sumario con separación del cargo por seis meses “por los hechos de pública notoriedad” y designó a la abogada Andrea Muñoz como sumariante.
En sus conclusiones, Sánchez afirmó que Pérez “no parecería ser, siguiendo un criterio de razonabilidad, la persona con el perfil requerido para llevar adelante el trabajo teniendo en cuenta que en la Senaclaft había personas de mucha más experiencia”.
Además señaló una contradicción porque ante la Jutep, Toma informó que en el viaje a Roma por el Plan Cóndor, lo acompañaron un escribano “que oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas, incluyendo la identificación en juicio, de los instrumentos relevantes”, y un contador público, “proveniente de la Senaclaft que oficia como asesor en daños civiles, derivados de delitos penales; y además investigará la ruta de los dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor (…) según las instrucciones de la Secretaría de la Presidencia”. Toma respondió a la Jutep, luego de que esta recibiera una denuncia, como informó en setiembre de 2020 el programa Así nos va de radio Carve.
La contadora también viajó a Washington para asistirlo en el juicio de Aratirí. Toma declaró que allí ella “tomaba nota de todo cuanto surgía de las entrevistas y las audiencias” y le “reportaba diariamente, como lo hacía el resto del equipo”.
“Adicionalmente la Cra. Pérez apoyaba la gestión de la Senaclaft, aunque debe quedar claro que la Senaclaft nunca intervino ni debía intervenir en ningún trámite con la decisión atinente a los juicios, esa era mi responsabilidad. Debe quedar claro que el único jefe que tenía la contadora era el secretario de Presidencia”.
Al respecto, el exdirector de la Senaclaft, Daniel Espinosa, confirmó que no fue consultado ni participó de ninguna misión oficial, y que eran asuntos que manejaba la Secretaría de la Presidencia con carácter reservado. “Si hubiera sido consultado hubiera participado yo o algunos de los funcionarios con experiencia en investigación”, dijo.
Sobre la contadora, Espinosa declaró que en la Senaclaft “desempeñó su tarea correctamente y cumpliendo con sus obligaciones”. Añadió que si bien recibió “algo de capacitación en la materia”, no consideró “que en esos cuatro meses haya adquirido los conocimientos necesarios para asesorar en una investigación, salvo que tuviera conocimientos previos”.
Por su parte, Pérez declaró que asistía a Toma en todo lo que le solicitara: “su agenda diaria, su mail, su teléfono, todas las comunicaciones con Uruguay, en las audiencias y en las reuniones con los Fiscales tomaba nota de todo lo que se hablaba”.
Sánchez quiso saber si “en la primera entrevista por la cual se le propuso trabajar en Presidencia, ya se le informó que podía viajar al exterior”, a lo que Pérez respondió que sí. Luego le preguntó si recibió “algún tipo de capacitación específica”.
“En realidad el Dr. era el que me capacitaba y me informaba, me delegaba las tareas”, dijo.
Según surge de la investigación Toma eligió a seis profesionales para que lo asistieran en las misiones que realizó entre 2015 y 2020 para defender los intereses del Estado en juicios internacionales. Además de la contadora, estaban las escribanas Antonella Introini y Silvana Sena, y las abogadas Verónica Duarte, Sara Ilha y María Inés Da Rosa. Todas ellas declararon ante Sánchez.
Introini se vinculó a Presidencia por un contrato de adscripción en 2018. Tanto en su caso como en el de Pérez, Toma había pedido referencias al estudio Posadas, Posadas & Vecino, donde trabajaron.
Ilha y Duarte estaban en pase en comisión desde la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 2015 (Toma era asesor legal de la CND en el gobierno de José Mujica). Mientras que Da Rosa y Sena venían del MSP, dónde conocieron a Toma –fue director de Secretaría en el gobierno de Jorge Batlle– y ambas pasaron en comisión a Servicio Civil. Da Rosa renunció al cargo en 2016 al ser designada fiscal adjunta de gobierno por Tabaré Vázquez.
Entre todas ellas, Sánchez consideró que algunas estaban más preparadas que otras, por ejemplo en el caso de Aratirí señaló que “el mayor conocimiento” lo tenía Ilha, sin embargo, apuntó que no fue convocada al viaje de noviembre de 2019 y sí lo fue Pérez. El instructor le preguntó a Ilha sobre esa misión a Washington pero declaró que no tenía conocimiento ni había sido convocada.
Las restantes profesionales coincidieron en que hacían el mismo trabajo de asistencia a Toma. Duarte que empezó en 2015 con el caso Philip Morris declaró que luego de eso se formó en arbitraje y le manifestó su “descontento” con que no se la incluyera en otros viajes. “Me manifestó que tenía sus motivos pero nunca me los explicó (...) cuando yo insistí dijo que quería repartir trabajo entre todas”.
Toma recalcó en todo momento que no exigía de las profesionales sus conocimientos sino que buscaba básicamente dos cosas: “confianza absoluta, en cuánto a guardar discreción” y “eficiencia”. “Si no se conjugaban los dos extremos no podían formar parte del equipo de trabajo”, declaró.
También dijo: “No buscaba experiencia, la experiencia la tenía el secretario (él), buscaba apoyo para la asistencia a una (situación) extremadamente sensible como es el manejo de prueba litigiosa o prueba que debía presentarse en un litigio”.
En ese sentido Sánchez objetó la elección de sus asesores en base a la confianza y al secreto de confidencialidad que debían guardar. Tras hacer un desarrollado análisis del significado de la palabra confianza concluyó que la confianza se construye en el tiempo y que a las que profesionales que eligió como asistentes las conocía desde hacía poco tiempo.
Ante la pregunta de Sánchez sobre si no contaba en la Presidencia con funcionarios que pudieran cumplir ese rol, respondió: “Definitivamente no existía”.
Y agregó que en el piso 11 el personal con el cual trabajaba “era administrativo y estaba destinado a tareas específicas”. También dijo que trabajan en su despacho una escribana y dos abogadas aplicadas a tareas de asesoramiento “que tenían trabajo judicial pendiente”.
Ante la duda sobre la idoneidad de los colaboradores Toma pidió que se recabara la declaración a todos integrantes de las comitivas pero se le respondió que “se entiende que son suficientes a los efectos de esta investigación, las declaraciones diligenciadas en esta instrucción”.
Toma contó que en 2015 al asumir como secretario de Presidencia se le encomendó hacerse cargo de los juicios internacionales y le fue “confiado” el juicio de Roma. Además de cambiar al abogado por la disconformidad de la actuación del anterior y designar a Andrea Speranzoni, se reunió con los fiscales en Roma y conformaron “la estrategia secreta” que llevarían adelante “para que Tróccoli no escapara”.
Según declaró, esa estrategia consistía en recopilar información con el apoyo del Ministerio de Defensa para conseguir prueba relativa a las actividades de Tróccoli y Gavazzo en el marco del Plan Cóndor. Esa documentación fue ubicada en el Fusna y revisada por Introini, quien luego viajó a Italia a entregarla.
La contadora Pérez, por su parte, lo “asistió personalmente las veces que concurrió a Roma con especial énfasis en dos aspectos, en el control de daños que se mostrarían en la sentencia en caso de ser favorable, y en apoyarme en los mecanismos que me ayudaran a confirmar por qué vía Tróccoli estaba recibiendo desde Uruguay asistencia financiera. Respecto al control de daños dictada la sentencia a la hora 17 la contadora me comunica que, de la lectura del fallo, no se advertía resarcimiento al Estado uruguayo”.
“¿Cómo explica usted que con su vasta experiencia jurídica necesitara que la Sra Pérez advirtiera tal aspecto cuando es habitual que los abogados presten especial atención al contenido del fallo y en particular si de él se determina una sanción pecuniaria?”, preguntó Sánchez.
Toma respondió que la tarea de daños era residual y que ella lo asistió en “una compleja tarea”. (...) “Si bien tengo vasta experiencia en Uruguay para mí el derecho de Roma o el derecho italiano me era ajeno con lo que el único propósito lógica y emotivamente era aguardar la cadena perpetua de Tróccoli, es por ello que nos emocionamos con la sentencia de condena de Tróccoli, honestamente la cuestión pecuniaria o el resarcimiento en ese momento no era la cuestión principal”.
El instructor también hizo un detallado análisis sobre los aspectos legales de las misiones oficiales realizadas por Toma y reparó en que hubo exigencias que no se cumplieron en su totalidad.
De las declaraciones del gerente del área de Planificación y Gestión Financiero Contable, Juan Serra, surge que “eran comunes las observaciones” por no cumplir con los plazos previstos en la normativa o por no adjuntar la justificación de la concurrencia de más de un funcionario a una misma misión, estipulado por decreto.
Cuando el instructor le preguntó a Toma por qué no propuso una modificación de las exigencias formales si no se cumplía, respondió: “Personalmente no se me ocurrió hacerlo porque tenía asuntos infinitamente más importantes que la corrección o adecuación de una formalidad”.
Dijo que el trabajo habitual de la Secretaría involucraba el procesamiento de más de cuatro mil documentos mensuales, a lo que se sumaba “la defensa de los intereses superiores del Estado en litigios internacionales”. “Obviamente prioricé ese bendito principio”, afirmó.
Durante el transcurso de la investigación, el exsecretario de la Presidencia Miguel Toma, defendido por el administrativista Daniel Ochs, pidió que se investigaran las filtraciones a la prensa, cuando se conoció que había incurrido en contradicciones.
Cuando accedió al expediente, tras hacer un pedido de acceso a la información pública, comprobó que los abogados de Presidencia elevaron las actuaciones con un proyecto de resolución que ordenaba investigar la denuncia pero el Ejecutivo se apartó del criterio sugerido, rechazó la investigación y derivó el caso a la Jutep.
Por eso Toma recurrió hace semanas que el Ejecutivo rechazara investigar esa denuncia. También recurrió el sumario y recusó al presidente Luis Lacalle por haber según él prejuzgado al hacer declaraciones públicas sobre Toma.
Las misiones oficiales investigadas y cuyas autorizaciones del presidente Tabaré Vázquez fueron agregadas al expediente:
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá