LUC en el andén. ¿Choque de trenes?

El gobierno tiene sólidas razones. Empecemos por lo más obvio. El procedimiento es constitucional. Fue incorporado en 1967 para fortalecer los poderes legislativos del presidente. Pasemos del mundo de las normas al de las prácticas. Desde su incorporación ha sido usado con frecuencia y en gobiernos de todos los colores. Vayamos ahora a los contenidos. Se puede sostener que la gran mayoría de los temas a considerar por los legisladores en plazos perentorios son urgentes. No cabe duda que lo son, como mínimo, los relativos a seguridad ciudadana, reactivación económica y políticas sociales.

Pero seguramente el gobierno tiene, además, razones de otro tipo, de orden táctico. A ningún dirigente político de este país se le escapa que mover el statu quo es muy difícil. Todos los expresidentes lo saben muy bien, colorados, nacionalistas y frenteamplistas. Le sobran razones personales para tenerlo presente al presidente Luis Lacalle Pou, que vio a su propio padre padecer todo tipo de restricciones hace exactamente tres décadas. En términos instrumentales, desde el punto de vista táctico, la decisión de empaquetar las principales reformas en el formato de una ley de urgencia es racional. Las reformas previstas y anunciadas se podrán hacer en apenas tres meses, en el momento de máxima fortaleza del gobierno y de máxima debilidad de la oposición.

El Frente Amplio, por su lado, también tiene razones sólidas. Argumenta que la única verdadera urgencia es la emergencia sanitaria. Sostiene que, en plena pandemia, el gobierno divide en lugar de unir. Ambos son buenos puntos. Varios de sus dirigentes han dicho, además, que no todos los asuntos contenidos en la ley son realmente urgentes. Esta otra observación está lejos de ser puramente semántica y también merece ser considerada. Alguien podría sostener que, cuando la democracia funciona bien, los gobiernos siempre toman decisiones sobre temas urgentes, es decir, sobre asuntos que preocupan fuertemente a la ciudadanía. Así es: los partidos ganan elecciones cuando captan las urgencias ciudadanas. Es muy bueno, habla muy bien de los partidos que sientan todas y cada una de esas urgencias. Pero no por eso deberían inclinarse a tramitar las políticas públicas mediante mecanismos de excepción como las leyes de urgente consideración.

El Frente Amplio argumenta que el procedimiento afecta la calidad de la democracia. Esta dimensión es realmente crucial. En las mejores democracias las reformas más trascendentes se elaboran y refinan en un alambique largo, intrincado, recibiendo insumos y presiones de todo tipo. Uruguay ha sido, a lo largo de su historia, justamente así. Nuestra democracia es la fiesta del poder dividido, para desesperación de los gobernantes que, lógicamente, siempre quieren apurar el tranco. Es el reino del pluralismo, para tranquilidad de ciudadanos y grupos de presión, que siempre han tenido canales para hacer pesar sus preferencias en los procesos decisorios, sobre todo en los relativos a los temas más importantes.

Entiendo las razones del gobierno. Valoro mucho la intención de “hacerse cargo” de la urgencia. Pero, ¿cómo no entender las razones de la oposición? El punto de vista del Ejecutivo es racional. Pero alguna vez le leí a Arturo Ardao que lo racional no siempre es lo más razonable. ¿Cómo no preguntarse si esta forma de tramitar las reformas no afecta la calidad de la democracia? ¿Realmente queremos ir hacia un modelo de gobierno en el que el Parlamento tenga plazos fijos para pronunciarse sobre los temas más importantes? ¿Vamos a instalar la práctica de volcar las plataformas electorales en las leyes de urgente consideración? ¿No estaremos agravando la asimetría de poderes que ya existe entre Ejecutivo y Legislativo? Debo decir que este tema no me preocupa desde que algunos frenteamplistas se entretienen en elaborar carne picada conmigo. Vengo haciendo referencia a este asunto desde mediados del año pasado.

A menos que esta historia tenga una vuelta de tuerca inesperada, los trenes van a chocar. El Frente Amplio bramará. El presidente perderá popularidad. Creo que había una alternativa: desglosar la LUC en dos o tres anteproyectos, para darle más tiempo al Parlamento, más oportunidades a la oposición y más aire a la ciudadanía. El gobierno nos viene cuidando muy bien del coronavirus. Ojalá encuentre la forma de evitar este choque inminente, y de preservarnos del riesgo evidente del agravamiento de la grieta.

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com