“Disparate” y “pésima señal”: la reacción del Frente Amplio ante anuncio de Lacalle de que remitirá ley urgente

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, advirtió este jueves que habrá “dificultades para la discusión” y consideró su envío al Parlamento como “una pésima idea”. “Creemos que en este momento es una mala idea porque deteriora la calidad de la democracia y la posibilidad de intercambio. No solo el tratamiento de urgente consideración que ya lo era sino un tratamiento de urgente consideración en este momento que vive Uruguay y el mundo”, dijo en una conferencia de prensa.

El tema fue analizado este jueves durante una reunión del presidente del Frente Amplio con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

El senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) calificó la resolución del Poder Ejecutivo como “un disparate” y lo cuestionó sobre todo por “una cuestión de formas”, por considerar inconveniente el debate en medio de la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo ante la propagación del coronavirus covid-19 en Uruguay.

La reacción de los legisladores del Frente Amplio llegó minutos después de que el presidente Lacalle Pou anunciara que enviará el proyecto de ley a los representantes de todos los partidos para que lo estudien y “en unos días” lo remitirá “formalmente”, según afirmó en su cuenta de Twitter.

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Más allá de los reclamos, en la bancada del Frente Amplio asumen que por las mayorías con las que cuenta la coalición de gobierno, el partido de oposición tiene escaso margen para forzar una prórroga del trámite parlamentario.

El Parlamento dispone de un plazo máximo de 90 días para aprobar el proyecto. El Senado, por ser la cámara que lo recibirá, tendrá 45 días para tratarlo y votarlo. En Diputados, el tratamiento será de 30 días. Los 15 días restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara alta. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente.

En diálogo con El Observador, Mahía consideró “un error que se presente en medio de una crisis sanitaria, económica y social un proyecto que tiene un formato que le genera una imposición al Parlamento” y anticipó que el contenido de la norma “implicará una confrontación y un abordaje parlamentario complicado”.

El diputado electo por Canelones, que asumió en el Senado para suplir a Danilo Astori que cumple con las medidas de aislamiento social por ser mayor de 65 años, ejemplificó que buena parte de los abogados catedráticos y expertos en distintos temas son también considerados población de riesgo y que eso puede dificultar su comparecencia en comisión en esta situación.

 “Partíamos de la base de que esto no iba a suceder en este tiempo, el tema no es de trabajar o no desde el parlamento. El tema es que este tipo de formato impide un debate profundo y un abordaje serio en los tiempos que estamos viviendo. Es un tema de procedimiento que hace a los resultados políticos”, agregó.

En la misma línea, la senadora Carolina Cosse afirmó en su cuenta de Twitter que el anuncio es una “pésima señal”. “Lo urgente es transitar esta crisis en democracia, colaborando y preparándonos para el día después”, escribió en su cuenta de Twitter y recordó que unos 100 mil trabajadores fueron enviados al seguro de paro desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

El senador Charles Carrera (MPP), en tanto, consideró que “no es atinado el  envío formal” en “plena emergencia sanitaria”.