El narcotráfico no es lo que solemos imaginar. Cuando hablamos de narcotráfico tendemos a pensar en un gran mercado único, una especie de “sector de la droga” que funciona con las mismas reglas y cadenas logísticas en todas partes. Esa una simplificación cómoda, pero equivocada. Un mercado ilegal no es un rótulo moral sino un sector económico concreto: una cadena de producción, transporte, almacenamiento, financiamiento, protección y venta, con sus propios actores, reglas, riesgos e incentivos. Cada eslabón, implica riesgos distintos y, por lo tanto, incentivos distintos para usar violencia o evitarla. Como el “sector agropecuario” uruguayo abarca desde la ganadería extensiva hasta la forestación para celulosa o la producción arrocera, el narcotráfico también está compuesto por múltiples mercados distintos, con tecnologías, territorios y niveles de riesgo diferentes.
Entender esa diversidad no es un ejercicio académico, es una condición para diseñar políticas mínimamente inteligentes. No es lo mismo regular un mercado que se basa en grandes extensiones rurales y mano de obra abundante, que otro asentado en laboratorios urbanos compactos o en puertos donde la mercancía pasa sin dejar rastro. Tampoco es lo mismo un mercado que necesita controlar territorio mediante la fuerza que otro que puede comprar la protección que requiere a fuerza de sobornos.
Tomemos dos países latinoamericanos que hoy ocupan extremos del mapa de violencia, pero comparten significativa actividad criminal. En 2025, Ecuador cerró con la tasa de homicidios más alta de América Latina, con la mayoría de los asesinatos concentrados en Guayas y Esmeraldas. Allí el país funciona como plataforma logística: la cocaína llega desde las zonas productoras de Colombia (que concentra más de dos tercios del cultivo global en un contexto de producción récord de 3.708 toneladas en 2023), se acopia en la costa y se oculta en contenedores de banano, pescado u otros productos que salen del puerto de Guayaquil rumbo a Europa y Estados Unidos. El negocio depende de controlar accesos, depósitos, barrios cercanos y, sobre todo, los puntos de contacto con la logística formal. Cuando varias organizaciones compiten por esos mismos nodos, la violencia se vuelve un instrumento clave para expulsar rivales, disciplinar intermediarios y enviar mensajes públicos. En contextos donde los contratos no se pueden hacer cumplir ante tribunales ni las disputas se resuelven por vías formales, la violencia cumple además la función de regular el mercado y garantizar acuerdos.
Paraguay, en cambio, es el principal productor de cannabis de Sudamérica. Sus plantaciones se distribuyen en zonas rurales, donde también operan grupos criminales y existen graves problemas de corrupción. Pero, a pesar de esa intensidad del mercado, el país mantiene niveles de homicidio mucho más bajos que Ecuador (y que Uruguay), lo que muestra que significativa actividad de crimen organizado no siempre se traduce en homicidios. La diferencia no es que haya “menos crimen organizado”, sino que la organización del mercado es distinta. La producción de cannabis se apoya en redes estables de protección política y policial, corredores de contrabando ya consolidados y estructuras de corrupción que permiten mover grandes volúmenes con relativamente poca confrontación abierta. La violencia está, pero es más contenida: matar demasiado llama la atención de la prensa, rompe los pactos y encarece el negocio.
Un tercer ejemplo es el mercado de drogas sintéticas que abastecen la noche de ciudades como Buenos Aires. Investigaciones periodísticas y causas judiciales muestran laboratorios pequeños y móviles de éxtasis, “tusi” y otras sustancias, adentro de departamentos, casas o galpones. A diferencia de los cultivos extensivos, estas drogas se producen con insumos importados en cantidades reducidas y procesos químicos que se pueden replicar con conocimiento especializado; la mercancía ocupa muy poco volumen en relación con su valor. Eso permite “atomizar” la producción: muchos operadores pueden coexistir en la misma ciudad sin necesidad de controlar barrios enteros a punta de la fuerza. El negocio depende más de químicos de confianza y redes de venta en boliches, fiestas o delivery que de presencia armada visible. La violencia existe, claro, en forma de amenazas y extorsiones, pero es selectiva, porque la lógica del mercado premia pasar desapercibido.
Estos casos muestran por qué “el narcotráfico” no es un mercado único, sino un conjunto de mercados con estructuras, tecnologías y necesidades de protección diferentes. En algunos, como el tránsito de cocaína por puertos estratégicos, la violencia se vuelve rentable porque ayuda a controlar nodos logísticos escasos y disputados. En otros, como los mercados urbanos de sintéticas, la combinación de escala pequeña y alta densidad urbana permite que muchos actores coexistan en relativo silencio mientras no llamen la atención del Estado. El problema no es “el narcotráfico”, sino qué parte del negocio estamos mirando.
Seguir hablando del “problema del narcotráfico” como si fuera un solo mercado produce políticas equivocadas. Se invierte en más patrulleros, más cárceles y más operativos espectaculares sin preguntarse qué tipo de mercado se quiere afectar y qué incentivos genera cada intervención. Las mismas herramientas, como represión, prevención, sanción, entre muchas otras, pueden producir resultados muy distintos según el mercado: en un puerto disputado pueden desatar matanzas, en un mercado dominado por la corrupción sólo mover los precios, y en el caso de las sintéticas empujar los laboratorios a lugares más escondidos sin reducir realmente la oferta. La cuestión no es elegir entre ‘mano dura’ o prevención, o una simplificación similar, sino decidir cuándo, dónde y por cuánto tiempo aplicar cada instrumento.
Si queremos políticas públicas que funcionen, necesitamos cambiar la pregunta. No “cómo combatimos al narcotráfico” en abstracto, sino qué mercados específicos existen en cada territorio, cual parte de la cadena de cada mercado queremos reducir (producción, tránsito, consumo, servicios) y qué combinación de corrupción, logística y violencia sostiene ese negocio. Solo a partir de ese mapa podemos diseñar respuestas diferenciadas: regulación y reducción de daños donde el consumo domina, inteligencia financiera donde el cuello de botella es el lavado, control territorial donde la violencia se dispara y reforma institucional donde la corrupción se infiltra. Mientras sigamos tratando todos estos fenómenos como un único “mercado de la droga”, seguiremos confundiendo síntomas con causas y aceptando como inevitable una violencia que, en realidad, depende de cómo está organizado cada mercado y de las reglas que lo sostienen.
