LUC y referéndum, un escenario probable

La LUC (ley de urgente consideración N°19.889) es un pilar fundamental de la coalición. En esa pieza legislativa se condensó el acuerdo programático que los principales líderes de la coalición multicolor llamaron “Compromiso por el país”.

Esta vía, la de sancionar un paquete de reformas mediante un proyecto de urgente consideración, fue la estrategia más viable que encontraron en la coalición para sancionar de forma rápida las principales propuestas que venían macerando desde la campaña electoral. Son 478 artículos, de los cuales se pretende derogar 133.

Entre las lecturas que se pueden hacer sobre la reacción a la LUC, cabe destacar particularmente dos tipos de motivaciones que ponen al Frente Amplio en una encrucijada por este tema. A ello hay que sumarle una lectura rápida de los antecedentes en el uso de los mecanismos de democracia directa.

Uno. La necesidad de impedir que se plasmen ciertos cambios en materia legislativa. Va de suyo que la principal motivación proviene de las diferencias ideológicas y programáticas entre la coalición multicolor, por un lado, y la oposición y grupos afines en la arena social, por otro. Así lo han manifestado desde la campaña electoral, y así lo han hecho saber durante el trámite parlamentario del articulado de la LUC.

Pero el escenario se complejiza cuando la negociación trasciende al Frente Amplio e involucra a un nuevo actor colectivo como la denominada “Intersocial”. Es decir, un bloque en el cual tienen participación más de 80 organizaciones sociales de diversa índole.

Las diferencias más visibles pasan por utilizar el referéndum contra toda la LUC o solo contra una parte de los artículos. En tal sentido, han sido notorios los contrapuntos entre el Frente Amplio, PIT-CNT y Fucvam. Por lo visto en las últimas crónicas de la prensa, todo parece indicar que se buscará la derogación de una buena parte de la LUC. Inclusive, artículos que la bancada del Frente Amplio había apoyado en el Parlamento.

Dos. La oposición a la LUC también es una oportunidad para que este bloque político y social encuentre una causa común por la cual movilizarse. La confluencia de diversas corrientes ideológicas, si bien complejiza el juego, representa una oportunidad para amalgamar un movimiento que puede ser el germen de algo nuevo que beneficie al Frente Amplio de cara a los próximos años.

Si bien es cierto que actualmente el presidente goza de una alta popularidad en la opinión pública, no menos cierto es que la tendencia histórica indicaría que en adelante se viene un proceso natural de desgaste producto del ejercicio de gobierno.

De hecho, quién si no el Frente Amplio ha sido un partido que desde la oposición ha capitalizado los vaivenes del ciclo político del gobierno. Y no solo eso, sino que ha utilizado la iniciativa popular como un instrumento estratégico.

Antecedentes. Yendo precisamente a la iniciativa popular, debería considerar que embarcarse en este tipo de campañas no es nada fácil. De hecho, los antecedentes más recientes les han deparado a sus promotores más tragos amargos que dulces. Veamos.

Plebiscitos y referéndum 1989-2019

Durante los últimos 30 años se han empleado en 21 ocasiones los mecanismos de plebiscitos y referéndum, siendo un poco más extendida la utilización del plebiscito. Pero tan solo un tercio de las iniciativas populares ha tenido un resultado exitoso, si consideramos entre estos el prereferéndum en 2002 para derogar normas relativas a Ancel-Antel, ya que ante la confirmación del referéndum el gobierno decidió derogar la norma. El otro 66% han sido fracasos en la convocatoria de las iniciativas de uno y otro tipo. En el caso de los referéndums, incluso con varios fracasos en la etapa previa donde se requiere el 25% del cuerpo electoral. Ello denota la fuerte exigencia que demandan estas campañas tanto a nivel de maquinaria electoral como de estrategia de comunicación.

Los ejemplos exitosos que más se asemejan al actual marco político quizás sean el referéndum que derogó parcialmente la ley de Empresas Públicas en 1992 y el relativo a la desmonopolización de Ancap en 2003. Fueron dos escenarios donde se amalgamó un fuerte bloque político en alianza con las fuerzas sociales organizadas.

Por otra parte, el fracasado prereferéndum de 2001 guarda una similitud peculiar, en tanto se empleó contra la primera ley de urgente consideración del gobierno de Batlle. En particular, buscando la derogación de artículos relativos a servicios portuarios e infraestructura ferroviaria. Aunque en ese caso no se llegó al 25% de los votos necesarios.

Este breve repaso no hace más que dar cuenta de la exigencia que implica asumir el desafío de promover una iniciativa popular.

Volviendo al foco del análisis, es claro que quien se juega la ropa en este escenario es la oposición. El gobierno está bien parado. Cumplió su tarea de representación, ha transformado en ley buena parte de sus compromisos de campaña y se anotó recientemente la aprobación del Presupuesto Quinquenal. Por ello, es esperable que si desde el FA se decide avanzar con la propuesta, lo hagan desde el liderazgo de la iniciativa, algo que hasta ahora no hemos visto. En un país donde los partidos son los principales protagonistas de la vida política no cabría esperar otra cosa.