Manual de cómo se empobrece la toma de decisiones: argumentos rengos y menos información

Primero adoptar postura, luego buscar argumentos

Una de las funciones primordiales que le pedimos a los gobernantes —tanto del oficialismo como de la oposición— cuando los elegimos para que cumplan sus funciones de servidores públicos es que sean capaces de resolver los problemas que individualmente los ciudadanos no podemos solucionar.

Podría pensarse que eso es un arte. Pero no, tiene mucho más de ciencia. La academia ha estudiado en profundidad cómo se debe razonar y actuar para llegar a las mejores soluciones. En las escuelas de negocios, por ejemplo, se estudia este asunto. Lamentablemente muchos políticos parecen no conocerlo.
Algunos elementos claves del problem solving que se recomiendan son tener humildad y honestidad intelectual para reconocer que uno puede estar equivocado y para tratar de entender las diferentes perspectivas.

En estos meses de debate sobre las medidas del gobierno para la pandemia hemos escuchado decenas de argumentos para un lado y para el otro. Algunos de los que defienden que se debería cerrar más actividades dejan puntos flacos. Lo mismo sucede al contrario, para defender la postura del presidente. Ninguno se preocupa por escuchar o comprender los argumentos del otro, solo en encontrar cómo responder, sin importar si en parte el otro tiene razón ni si la postura adoptada tiene grietas.

Porque para defender sus posturas, quienes sostienen una u otra cosa deciden no ver la evidencia que les indica lo contrario o que al menos les marca algunos matices en sus posiciones.

La norma parecería ser: primero marco postura sobre lo que pienso y luego busco los argumentos que mejor la justifiquen, aunque sean incompletos. Esa estrategia puede ser válida para el juego político, pero no para tomar las mejores decisiones.

Algunos ejemplos del debate político en torno al coronavirus: 

    ●       El argumento central de quienes quieren cerrar más actividades es que el gobierno se puso machete y no quiere que el Estado gaste para compensar. Es probable que en ese argumento pueda haber algo de razón y que aun sea posible gastar más para atender las consecuencias sociales de la pandemia. Pero agarrarse solo de esa idea para decir que el gobierno prefiere la economía por sobre la vida es, por lo menos, un poco necio. ¿Los que piden más y más gasto piensan quién va a pagar todo eso? Seguro que no van a ser los mayores de 50 o 60 años que lo proponen, sino las siguientes generaciones.
●       Del otro lado el gobierno se mantiene rígido en que no va a tomar más medidas y asegura que ya hizo todo lo que estaba a su alcance. ¿Eso es realmente así? Para sostener su postura los oficialistas se basan en argumentos que también resultan pobres, como sostener que más medidas equivale a un Estado policíaco. Está lleno de propuestas, muchas de ellas del GACH, que no van en ese sentido y ayudarían a reducir la movilidad.
●       Otro argumento para defender el lockdown es que Israel lo hizo antes de vacunar y que está ahora disfrutando los beneficios de volver a la normalidad. Quien dice eso se olvida que Uruguay tiene a sus costados a un agente contaminante gigante como es Brasil y a otro también peligroso como Argentina.
●       Uno de los argumentos que funcionarios del gobierno han manejado públicamente es que un deterioro de la economía también trae problemas serios de salud. Es cierto. Pero no se pueden comparar los más de 1.500 muertos por covid que tendrá abril con esas consecuencias que por más trágicas no podrían ser tan devastadoras.

Este es un simple punteo. Seguramente en estos meses habrás escuchado decenas de posturas muy tajantes que para fundamentarlas olvidan otros elementos que las matizan.
Argumentos rengos de un lado y del otro llevan a peores discusiones y por tanto, a peores decisiones. Si todos pensaran con cabeza de ayudar a tomar mejores decisiones, el debate sería más rico y más constructivo.

Los datos cada vez más incompletos

¿Es posible decidir acciones sanitarias a ciegas? En una pandemia, como en cualquier crisis donde reina la incertidumbre, la información fiable, precisa y certera es clave para que cada una de las decisiones que se toman sean lo más efectivas posibles.

En los últimos dos meses la calidad de la información que maneja Uruguay, que al principio de la epidemia era buena, cayó considerablemente. Ya no sabemos con tanta precisión dónde y cómo se contagia la gente. Para ejemplificar: si las autoridades saben que en los jardines de infantes se generó un porcentaje determinado de los contagios en marzo es más fácil decidir luego, en función de esa y otra evidencia, qué decisión tomar respecto a la apertura. Lo mismo ocurre con otras áreas.

Con la actual ola de contagios los datos fueron los que más lo sufrieron. Para empezar los más básicos —contagios diarios y muertos—, que durante buena parte de marzo y abril se fueron cargando con mucho atraso e impidieron durante varios días tomar dimensión de aspectos como el índice de Harvard. Más grave aun es la pérdida del hilo epidemiológico que, según informó El País, llevó a que el MSP abandone la estrategia de rastreo.

El presidente debió intervenir esta semana, por ejemplo, para pedirle al MSP que realice un mapeo de las personas que no se agendaron para vacunarse de forma de identificar los brazos que faltan. Con esa información será posible diseñar soluciones que permitan levantar la cifra de registros para que una vez que lleguen más dosis Uruguay se acerque a la inmunidad de rebaño. ¿Es necesario que el presidente pida que se construya esa base de datos?

Por otra parte, como sucede siempre con la información que debería ser pública, también hay un poco de reserva o celo exacerbado. Dada la situación de pandemia, el Estado debería estar agradecido por la ayuda de todo aquel que quiera o pueda procesar datos y aportar enfoques, ideas y hasta falencias. Sin embargo, muchas veces, se cierra esa puerta. Un ejemplo de esto son las cifras de mortalidad.

El Observador solicitó semanas atrás la cantidad de personas fallecidas en 2020 y lo que va de 2021 desagregado por mes. En el pedido se agregaba que si la información no estaba organizada, se entregara tal y como consta en los registros públicos.

La respuesta del MSP fue en rechazo del pedido, bajo el argumento de que “la información no se encuentra disponible a la fecha”.

El ministerio explica que “todos los años la recepción de certificados para la confección de bases estadísticas se cierra el 31 de marzo del año siguiente” y agrega que “a partir de abril, se inicia el proceso de depuración, corrección y cruce con otras fuentes de información para la validación y mejoramiento de la calidad de los datos”. El documento agrega que “históricamente” se dispone de esta información a partir de junio o julio.

Hasta allí todo sería solo una gestión lenta, que para una pandemia es crítico. 

Sin embargo, el manejo público que ha hecho el gobierno de esos datos no se condice con la respuesta formal del MSP. El ministro Daniel Salinas manejó datos sobre cantidad de fallecidos por infecciones respiratorias casi que en tiempo real. 

Así lo hizo por ejemplo en una entrevista con Telenoche en mayo de 2020. Es decir, el ministro maneja información públicamente que, en el entendido del MSP, no puede ser trabajada por periodistas ni por ciudadanos en general.

En el Parlamento, en enero de este año, el ministro también manejó información similar y habló de la cantidad de fallecidos por infecciones respiratorias en todo 2020.

En ese momento los datos eran buenos para defender posturas políticas. El manejo de la pandemia en 2020 no solo permitió que no se dispararan las muertes por covid-19, sino que también se redujo la cantidad de muertes por enfermedades respiratorias, incluyendo el coronavirus. 

En medio de una ola como la actual, ¿no sería un insumo de análisis relevante saber cuántas muertes de las que van en el año fueron por covid-19 y si la mortalidad en general aumentó o no?

La información de calidad y pública también ayudará a tomar mejores decisiones.