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/ Opinión / CARTA DEL DIRECTOR

Morenocard o el reino del miedo

Los últimos inventos políticos del gobierno K constituyen una violación del estado de derecho

17 de marzo de 2013 21:19 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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En capacidad de inventiva, los argentinos solo rivalizan con los italianos, de quienes descienden en muy buena proporción. Pero los últimos inventos políticos del gobierno K difícilmente tengan parangón en Italia porque constituyen una abierta violación del estado de derecho y en ese sentido no hay comparación posible con Italia.

Un invento K (o de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior y fiel soldado K que hace lo que le dicen o inventa lo que sabe le va a gustar a la presidenta de la República) es lo de la publicidad de ofertas de supermercados en los medios de comunicación. En marco de una congelación de precios por tres meses “acordada” con supermercados, medida típica de estos países para combatir la inflación generada por políticas fiscales y monetarias erróneas, el secretario Moreno dispuso que los mismos no podían hacer las habituales ofertas semanales en medios escritos o audiovisuales. Moreno argüía que si había congelación de nada serviría anunciar ofertas. En realidad, la medida tenía dos finalidades distintas: una, ahogar a la prensa porteña (los diarios Clarín, La Nación, etc.) que viernes y sábados recibían un alto porcentaje de publicidad de las cadenas de supermercados; y dos, evitar la comparación de precios para que fuera difícil detectar que hubieran subido.

El primer efecto se logró con creces y Clarín y La Nación vieron disminuida su pauta publicitaria mensual en un 30%. La segunda también se cumplió: al no existir información, muy difícilmente se podía comparar precios semana a semana o entre diversos establecimientos.
Pero lo más curioso del caso es que no hubo ningún instrumento jurídico (decreto, resolución ministerial, etc.) que dispusiera dicha prohibición publicitaria. ¿Por qué lo hicieron, pues, los supermercados, aun cuando dicha orden verbal vulneraba la libertad de comercio? Lo hicieron por temor a represalias que no están escritas en ningún lado, pero que se han materializado muchas veces en la gestión de Moreno: sanciones administrativas de todo tipo y color, encajonar órdenes de importación, etc. De ese modo, una simple orden tenía para los supermercados más peso que la propia Constitución. Y si algo pasaba, ¿en que podían afirmarse para recurrir a la protección de la Justicia? No había nada: ningún papel, ninguna resolución recurrible o impugnable.

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El segundo invento K, aún no concretado, es la emisión de una tarjeta de crédito única y oficial, para comprar en los supermercados, salvo llevar el efectivo. Las demás tarjetas privadas quedarían vedadas. ¿Y en base a qué? En base al deseo oficial de tener todo el negocio para el gobierno, y junto con el negocio, los datos de los tarjetahabientes, sus hábitos de compra, los montos que consumen, etc. Una suerte de policía alimentaria y, de paso, fiscal. Con el ingenio argentino, rápidamente se nombró a esta tarjeta con el apellido de su inventor: la Morenocard.

La Morenocard aún no está definida, pero si se llega a concretar, implicará una intromisión sin par en la libertad de comercio, un avance sobre la privacidad de los consumidores, y un daño enorme sobre los emisores de tarjetas y sobre los supermercados, y un duro golpe al clima de negocios.

Estas dos medidas, que pueden parecer pequeñas o restringidas a un sector, son un símbolo muy claro de la decadencia del estado de derecho en el vecino país. Hay un funcionario que hace lo que quiere en el área del comercio interior y exterior (no olvidemos que Moreno fue quien puso el rígido cerco a las importaciones violando el tratado del Mercosur) y cuyas órdenes, aunque no estén escritas, pesan más que las leyes y que la Constitución. Y los consumidores y empresarios, no solo carecen de la protección judicial ante estos despropósitos, sino que cumplen a rajatabla esas órdenes por temor a sanciones que no están previstas en ningún lado salvo en la cabeza de ese funcionario que desprecia la ley y solo acepta la autoridad de su jefa, de quien se vanagloria de ser fiel soldado. Así van nuestros vecinos, con cuyo gobierno queremos congraciarnos en aras de conseguir que cumplan lo que ya está establecido en la ley y en los tratados.

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