Necesarios cambios al Fondo de Capacitación e INEFOP (1)

¿Por y para qué fue creado el Fondo de Capacitación? 

El Fondo de Reconversión Laboral o de Capacitación (Fondo) fue creado en 1992 para dar cursos de capacitación y recapacitación a trabajadores que estuvieren en el seguro por desempleo. En 1996 se amplió la cobertura a trabajadores rurales desocupados, a los que se capaciten en el marco de convenios colectivos, y a grupos con dificultades de inserción laboral o que estuvieren desocupados por incorporación de nueva tecnología.

¿Cómo era la financiación del Fondo y quién lo administraba?

Este Fondo se financiaba con el aporte del 0,25%, donde empleadores y trabajadores aportaban por partes iguales, un 0,125% aplicado sobre las retribuciones. Era administrado por una Junta Nacional de Empleo (Junta) de tres miembros de cada sector (gobierno, empleadores y trabajadores). Esta Junta funcionada en la órbita del Ministerio de Trabajo. Este Fondo logró acumular un importante monto y era solvente.

¿Cuáles fueron los cambios en la administración y financiación del Fondo? 

Esta historia cambió en el 2008 donde se sustituyó a la Junta por un Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con competencias en ambas áreas, y se le encargó la administración del Fondo. Este Instituto tiene ocho miembros, de los cuales siete de ellos cobran una remuneración alta (70% del sueldo de un Ministro de Estado). Tiene competencia para contratar empleados regidos por el derecho laboral privado (hoy son más de  cien). Con cargo a los recursos del Fondo, el Instituto puede destinar hasta un 20% de la recaudación anual para gastos de funcionamiento (salarios, beneficios y otros gastos operativos).

Luego, en el curso de los años 2015 a 2019, se dispuso por vía legal, que el INEFOP podía aplicar recursos del Fondo, para financiar proyectos ajenos a la típica formación/ recapacitación profesional. Por ejemplo, el Fondo podía dar créditos a emprendimientos productivos que generen empleo, dar apoyo económico para la formación en negociación colectiva, hacerse cargo de subsidios para la creación de empleo juvenil, financiar los gastos de la certificación de competencias profesionales y dar apoyo a los clasificadores de residuos. 

¿Qué efectos tuvieron estas reformas?

El resultado de todos estos cambios fue que el Fondo arrojó déficit. Con más gastos aplicados a actividades ajenas a la formación/recapacitación profesional, y a los gastos de funcionamiento, era previsible que el Fondo se iba a desfondar. En los años 2017 y 2018, acumuló pérdidas por veinte millones de dólares . En el informe se destaca un préstamo importante a un emprendimiento productivo autogestionado por los trabajadores que fracasó, que hoy es incobrable. Otras sumas importantes fueron destinadas a la formación en negociación colectiva. 

La política de seguir desfinanciando el Fondo no culminó allí. En 2018 se aprueba la Ley de insolvencia patronal, que crea un fondo con financiación a cargo de los empleadores, que entró en vigencia en Enero 2019. La Ley disminuyó el aporte al Fondo de Reconversión/Capacitación laboral, quedando en un 0,10% por cada parte. El porcentaje que dejaron de aportar los empleadores por efecto de esta reducción (0,025% aplicado sobre toda la masa salarial), se obligó a que lo sigan haciendo para financiar el Fondo de insolvencia patronal. 

El Fondo de insolvencia patronal recaudó en 2019, una suma equivalente a dos millones de dólares, que duermen en una cuenta abierta en el Banco de Previsión Social en pesos uruguayos, sin ningún mecanismo de indexación o de inversión. 

Mientras tanto el Fondo de Reconversión Laboral acumuló las pérdidas mencionadas, las que se van a ir agrandando en mérito a que a partir de Enero 2019 se le quitó un 0,05% aplicado sobre las remuneraciones (este porcentaje es el resultado de la suma de 0,025% que cada parte dejó de aportar al Fondo). 

O sea que si a los dos millones de dólares que dejaron de aportar los empleadores en 2019, se le suma un monto igual que tampoco aportaron los trabajadores, al Fondo le quitaron durante el año 2019, un total de cuatro millones de dólares. 

A esta importante suma de dinero y la que se genere en años sucesivos si no se hacen reformas, se las detrajo de la formación/recapacitación profesional, lo que constituye un desacierto. En un contexto en el que en los últimos cinco años se perdieron más de 60.000 empleos, la lógica indicaría que debería apostarse fuertemente a atender a esas personas desempleadas, con un programa de formación/recapacitación profesional, de acuerdo a los perfiles de empleo que requiere el mercado de trabajo, y una medición de los resultados respecto del impacto que tuvieron en el aumento de puestos laborales. 
Ante este crítico panorama, urge realizar reformas, que deberían ser encaradas por el nuevo gobierno electo que entra en funciones en marzo 2020. Algunas líneas de las reformas que deberían emprenderse, las abordaré en la próxima entrega.