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Negociación política trancada en el Senado abre chance a que ingrese a la Corte un juez cuestionado
A cuatro días de que se venza el plazo constitucional para designar el cargo vacante en la Suprema Corte de Justicia desde que se retiró Felipe Hounie por cumplir los 70 años, el acuerdo entre oposición y oficialismo sigue trancado y todo parece indicar que asumirá el ministro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad que es Luis Tosi, especializado en Derecho Laboral y presidente del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de Segundo Turno.
Este martes los senadores designados por cada partido para negociar estaban intentando tener una reunión pero finalmente no se realizó. Según dijo a El Observador uno de los senadores que participa de las reuniones, no han surgido propuestas de nuevos nombres y es difícil que exista acuerdo. Otro senador dijo que “no cree que haya acuerdo” y un tercero señaló que es probable que por lo que resta del período ingresen los ministros por antiguedad y no por méritos.
Esa situación genera preocupación en el Poder Judicial y en el ambiente jurídico porque Tosi ha sido cuestionado desde el punto de vista técnico. Los legisladores consultados admitieron que recibieron esos comentarios.
De hecho, la Suprema Corte de Justicia al menos en tres oportunidades anuló sentencias redactadas por el ministro por falta de motivación, lo que significa que la sentencia carecía de argumentación jurídica. Algo que resulta inédito en ámbitos judiciales donde los órganos jurisdiccionales pueden revocar sentencias y cuestionar los argumentos pero en este caso directamente se cuestionó la falta de argumentación jurídica, lo cual se considera grave. En todas ellas se trataba de trabajadores de la Comisión de Apoyo de ASSE que le reclamaban al organismo la condena por diferentes rubros salariales.
En una de ellas, los ministros Jorge Chediak, Hounie, Ricardo Pérez Manrique y Eduardo Turell -con la discordia de María Elena Martínez- le dieron la razón a un abogado que argumentó que la sentencia del tribunal, redactada por Tosi, incurría en "falta de motivación".
La sentencia de abril 2017 señalaba que el Código General del Proceso establece que toda sentencia debe incluir, "de modo claro y sucinto, el o los puntos litigiosos, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, debiéndose consignar los fundamentos de derecho en cuya virtud se los tiene por tales. Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho".
“Sin duda, la motivación constituye la parte más importante de la sentencia, en la que el juez expone los motivos o fundamentos en los que basa su decisión, es decir, las razones que lo llevaron a adoptar una u otra solución en el conflicto que estaba llamado a resolver”, argumentó la Corte al darle la razón a los demandantes.
En otra sentencia de 2015, la Corte -con otra integración- considera que el fallo "presenta un vicio grave en su motivación, ya que la fundamentación es contradictoria con el dispositivo al que se arribó. Se trata de un supuesto de “motivación contradictoria”, lo que equivale a decir ausencia de motivación. Por otra parte, se considera que el vicio en la motivación debe ser catalogado como vicio de procedimiento, ya que el magistrado que incurre en él, procede en violación de un deber que le ha sido expresamente impuesto" en el Código General del Proceso que obliga a argumentar.
En la tercera sentencia, de octubre de 2016, los ministros señalaron que "una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos
reflexivos del magistrado". Además consideró que "los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan el pronunciamiento sin sustento legal".
A su vez, abogados que litigan en derecho laboral coincidieron en señalar a El Observador los cuestionamientos académicos y afirmaron que el juez ha estado en la materia laboral desde la década de 1990 por lo que no ha tenido contacto con otras materias.
Diferencias entre oposición y oficialismo
La dificultad para ponerse de acuerdo se ha convertido en la regla a la hora de designar a los cargos de los organismos judiciales como ocurrió recientemente con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) donde por falta de acuerdo asumió el 3 de octubre la ministra Selva Klett, quien figuraba en la lista antes de Tosi. Klett había sido descartada en otras oportunidades es considerada por colegas una referente en el Derecho Procesal y ante la falta de acuerdo terminó asumiendo la vacante que se generó con la muerte del ministro del TCA Juan Pedro Tobía, en junio.
Oposición y oficialismo se pasan factura por la falta de voluntad para acordar pero después de que la oposición le trancó al FA el nombre de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo Rosina Rossi, por considerar que es una jueza demasiado pro trabajadores en sus fallos, ya no fue posible seguir negociando. Luego de eso, el Frente Amplio le bloqueó a la oposición la propuesta de Luis Simón, integrante del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno. Simón es considerado un juez de referencia por sus colegas y entre 2009 y 2016 integró el Tribunal de Apelaciones de Naciones Unidas, luego de haber sido votado por la Asamblea General del organismo pero para el oficialismo es muy cercano a los partidos tradicionales.
